El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal. Una de sus vocalías se vio beneficiada por los cuatro miembros del máximo tribunal con el nombramiento de cargos. Rosatti junto a los otros tres jueces del máximo tribunal es objeto de un juicio político que impulsa el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El fallo fue firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y ̃ Ana María Figueroa el 13 de diciembre del año pasado, pero no tuvo mayor difusión salvo por la publicación de un portal de noticias en Santa Fe. El Destape constató la información y el escrito ordenó: "Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y disponer el sobreseimiento de Horacio Daniel Rosatti, conforme lo postulado por el Ministerio Público Fiscal".
La denuncia anónima apuntaba a que Rosatti se habría enriquecido ilícitamente a través de un fondo compuesto por parte de sueldos de funcionarios cercanos al exintendente de Santa Fe entre 2003 y 2007, Martín Balbarrey. “Debían desprenderse de parte importante de su sueldo para afectarlo a un fondo de dinero cuyo destinatario y beneficiario” era Rosatti, apuntaba la denuncia. En ese entonces se encontraba al frente de la Procuración General del Tesoro de la Nación y luego a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2004 y 2005.
En septiembre de 2021 el fiscal federal Gustavo Onel había desestimado la acusación porque la valoró “insuficiente vaga e imprecisa”. El juez Reinaldo Rodríguez anuló ese dictamen por “prematuro” y mantuvo abierta la investigación. Rosatti lo recusó bajo el argumento de que existía una “enemistad manifiesta” entre ellos, pero fue rechazada por la Cámara Federal de Rosario. El supremo apeló ante la Casación y los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone firmaron el apartamiento de Rodríguez.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un recurso de casación planteando la nulidad de los actos del juez Rodríguez realizados con posterioridad al pedido de apartamiento y la Sala I de la Cámara dio lugar al pedido de sobreseimiento.
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Pedido de juicio político y los chats de su vocero
En la presentación judicial, Fernández y once gobernadores denunciaron "una situación anómala" del poder judicial, que "arbitrariamente" invade "las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes", quebrantando los pilares básicos del "sistema republicano de gobierno".
En ese sentido, acusaron a los magistrados de atestar un "grave ataque" al "sistema federal de nuestro país" con la sentencia favorable a la Ciudad de Buenos Aires respecto a la Coparticipación Federal, al que definieron como "arbitraria".
Por otra parte, la denuncia apuntó contra la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte de la ley 26.080 de integración del Consejo de la Magistratura, rehabilitando una norma previa, que colocó al titular del máximo tribunal como el presidente del organismo a cargo de nombrar y sancionar jueces.
Del mismo modo, cuestionaron las contradicciones de la misma Corte entre la negativa a la incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados de Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (Unión Cívica Radical), pertenecientes al mismo interbloque, y el desconocimiento de la división del bloque del Frente de Todos, por la que le correspondía el asiento por la Cámara alta.
Asimismo, su vocero Silvio Robles se encuentra implicado en presuntos chats con el hoy licenciado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en los que intercambiaban argumentación política en torno a las razones por las que el kirchnerismo no podía nombrar al senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, como también sobre el fallo sobre la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires.
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