El Frente de Todos presentó finalmente el proyecto de reforma de la Corte Suprema de manera de ampliarla de los actuales cinco miembros -en verdad, ahora son cuatro hombres y un lugar vacante- a 25 integrantes, tal como se lo propuso un importante grupo de gobernadores al presidente Alberto Fernández cuando los recibió días atrás en la Casa Rosada. Sin embargo, sorprendió que la iniciativa, que firmaron los jefes del interbloque de senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, constara sólo de cinco artículos y que no especificara que los nuevos integrantes serán designados por las provincias. La idea sería permitir que la legalidad de la propuesta se discuta en el Congreso y que se agreguen al proyecto puntos que salgan de los otras cuatro iniciativas que ya se tratan en comisión.
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Fueron los 16 gobernadores del Frente de Todos y de fuerzas provinciales quienes volvieron a poner el tema en debate durante una reunión en el CFI de semanas atrás en la que emitieron un documento en el que reclamaron una Corte "moderna y eficaz" y con "un verdadero carácter federal". Fue una reacción a los rumores que hablaban de una inminente decisión del máximo tribunal a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la disputa que mantiene con la Nación por los recursos que debe remitirle para sostener su policía. Que una mínima mayoría de tres jueces que representan a la región centro del país tomara una decisión que perjudicará a millones de habitantes del interior fue algo que los gobernadores interpretaron que no podían esperar de brazos cruzados y resolvieron actuar.
Todas las reformas a la Justicia que planea el oficialismo mueren en la Cámara de Diputados. Por eso imaginaron una Corte donde estuvieran representadas todas las jurisdicciones, cuestión de entusiasmar también a los gobernadores de fuerzas provinciales y de la oposición. El Presidente recibió a 18 representantes del interior en la Casa de Gobierno y acordaron armar un equipo para pulir las diferencias entre su proyecto y el que había elaborado el Ejecutivo, también de una Corte de 25 integrantes. Finalmente, lo que se terminó resolviendo fue presentar un proyecto escueto. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 25 jueces o juezas", dice en su primera oración, y delega en otra ley especial su funcionamiento y organización interna. Por ejemplo, la división en salas temáticas, una idea que viene proponiendo el ex juez Raúl Zaffaroni.
Otro de los artículos aclara que los actuales cuatro integrantes seguirán en funciones hasta que llegue el momento de su jubilación. Mientras tanto, la Corte se irá integrando a medida que los jueces vayan siendo designados y la mayoría siempre será de acuerdo a la cantidad de miembros que la integren en ese momento. Es decir, se preocupa por la transición y especifica poco y nada respecto al nuevo sistema. La idea original era que los nuevos integrantes surgieran de un binomio presentado por cada provincia, de un candidato y una candidata, y que el Senado resolviera respetando la paridad de género. "Eso después se va a establecer por decreto del Poder Ejecutivo", comentaba un gobernador que trabajó en la iniciativa.
En los fundamentos vuelve a justificar la idea de una Corte tan numerosa, rara para la historia del país pero no para la región. Enumeran los casos de Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Venezuela, todos de más de 20 miembros. Curiosamente, en ningún párrafo hacen referencia a una composición más federal sino que principalmente se justifica el incremento de integrantes en la necesidad de una mayor ejecutividad de los miles de expedientes que llegan al tribunal por año. Sólo en el último párrafo plantean una integración "más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad".
El proyecto será tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia junto con los otros cuatro que ya comenzaron a debatirse. Algunos de ellos también plantean una integración más numerosa y el de la riojana Clara Vega exige igualdad de género. El del rionegrino Alberto Weretilneck, habitual aliado del oficialismo, propone también una representación federal pero no por provincias sino por regiones, llevando la Corte a 16 integrantes. Weretilneck consideró que la propuesta del oficialismo no era viable porque, aunque consigan los números para aprobarla en el Congreso, después nunca llegarán a los dos tercios necesarios para designar a cada nuevo integrante del tribunal supremo.
El oficialismo asegura tener los votos para el dictamen en las comisiones y, tal vez, lograr la media sanción en el recinto. En cambio, en Diputados el panorama es otro. Para empezar, el gobernador cordobés Juan Schiaretti nunca participó de las reuniones con sus pares ni firmó la propuesta, igual que el santafesino Omar Perotti. El ex ministro Roberto Lavagna ironizó sobre "la extraña idea de provincializar la Justicia". Schiaretti y Lavagna son los jefes políticos del Interbloque Federal, que puede inclinar la balanza en la Cámara baja. Y la estrategia de seducir a los gobernadores radicales hasta ahora no arrojó ningún resultado.
"A partir de la semana que viene reanudaremos el debate en las comisiones y seguramente se invitará a gobernadores a exponer. Será el momento de ver qué tantas adhesiones se consiguen. Por ahora, se ve muy difícil en Diputados, igual que las anteriores propuestas judiciales", admitían en el bloque del Frente de Todos. Así como desde la comitiva presidencial en Los Ángeles ya daban por perdida la discusión parlamentaria por el proyecto que grava la renta inesperada, el de la modificación del Corte Suprema parecía más que nada destinado a generar una discusión pública en torno a un tribunal que hoy parece muy poco representativo para decidir cuestiones tan graves como el reparto de recursos a las provincias. De ahí a avanzar en una reforma tan drástica como la que se plantea, especialmente en un Gobierno que se ve frágil como para convencer a nadie, existe un trecho muy grande. Se verá.
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