Más que currículum lo del juez Ariel Lijo es más parecido a un prontuario. En sus 20 años como juez federal concentra todo lo que debería evitar un magistrado: persecución política, manipulación de causas y relación con servicios de inteligencia. Con estos antecedentes Javier Milei lo nomina para integrar la Corte Suprema.
Lijo es uno de los discípulos de María "Piru" Riva Aramayo, una de las jueza más poderosas de Comodoro Py en la década del 90. Y aprendió. En 2004 fue designado por Néstor Kirchner en el juzgado federal N 4 en reemplazo de Gabriel Cavallo. Era parte de una renovación judicial que se demostró fallida y se acomodó a las prácticas del toma y daca de Comodoro Py. En estas dos décadas Lijo se afianzó como uno de los jueces con mayor predicamento entre sus pares. Es, de hecho, el organizador de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), sello de lobby que crearon con la sigla honónima de sus pares brasileros. La AJUFE brasilera fue pilar de la persecución a Lula, la argentina a CFK.
En el 4to piso del Palacio de Tribunales Lijo cuenta con un aliado con el que supo tejer una estrecha relación, el cortesano Ricardo Lorenzetti, a quien se sindica como su promotor a esta nominación por parte de Milei. Tiene sentido: es evidente que Milei no tiene buen vínculo con Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte y autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura, que hizo pública su oposición a la dolarización. La pésima relación entre Rosatti y Lorenzetti, ambos santafecinos, también es pública. Y el "Loro" parece que aplica la máxima de que "los enemigos de mi enemigo son mis amigos". Su objetivo, siempre, es volver a la presidencia de la Corte. Si logra meter a Lijo en el grupo tendrá un voto asegurado para la disputa por ese sillón que será a en los últimos meses del año. Si Lijo llega a la Corte podrá ir a trabajar junto a su esposa, Magalí Mazzuca, que es secretaria letrada en el máximo tribunal del país.
Todo depende de los bloques peronistas del Senado, ya que la Constitución establece que para designar un juez de la Corte tienen que aprobarlo dos tercios de los presentes cuando se trata su nominación. Entre el Frente Nacional y Popular que preside José Mayans y Unidad Ciudadana que lidera Juliana Di Tullio suman 33 de los 72 senadores. Si están presentes y votan en contra no hay chance para Lijo. El desempeño de Lijo estos años es fundamento más que suficiente para esa negativa.
Hotel y pijama
Lijo fue una pieza clave de la persecución judicial en el macrismo y para la repetida táctica de armar causas judiciales y moverlas para tapar decisiones económicas. La primera señal fue a los 6 días de la asunción de Macri como presidente. El 16 de diciembre Macri anunció el fin del “cepo al dólar”, lo que generó una megadevaluación. “Liberaron la compra y venda de dólares”, puso Clarín en tapa. El mismo día del fin del cepo el juez Lijo rechazó un pedido de Amado Boudou para salir del país por estar acusado en el caso Ciccone.
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio en mayo de 2017; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta de mérito.
Lijo además dispuso la detención de Boudou el 3 de noviembre de 2017 y permitió que se filtren las fotos del ex vicepresidente en pijama durante su arresto, todo coordinado por la entonces y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
¿Por qué Lijo detuvo a Boudou si aún no se había realizado el juicio? Aplicó la denominada Doctrina Irurzun, que sostenía que "a la hora de examinar la presencia ed riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos uncionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal". En síntesis, su habías sido ex funcionario kirchnerista tenías que ir preso.
El copyright de ese párrafo del lawfare le quedó al camarista Martín Irurzun, pero lo cierto de la Doctrina Irurzun es que Lorenzetti la ideó, Irurzun la escribió y Lijo la ejecutó.
Aún con todo esto el juicio contra Boudou no tenía mucho fundamento. Fueron entonces a buscar un testimonio que dijera lo que querían: Alejandro Paul Vandenbroele. Como se habían apurado en elevar el caso a juicio no podían incluir a Vandenbroele como arrepentido porque la propia ley del Arrepentido (valga la redundancia) impedía que se sumara como tal en esa instancia.
Pero le encontraron la vuelta. Tal como reveló El Destape, Lijo pidió que Vandenbroele ingrese al Programa de Protección de Testigos; desde allí el macrismo le dio más de 4 millones de pesos para que monte un hotel boutique en Mendoza; lo hicieron declarar el 10 de abril de 2018, cuando llevaba varios meses en el Programa que manejaba el ministro de Justicia Germán Garavano, y en una audiencia de la cuál no dejaron participar a Boudou; y, según escribieron los jueces en la condena contra Boudou, fue el testimonio que les permitió amalgamar las acusaciones sin fundamento.
Todo tenía un precio. El 24 de agosto de 2018 el policía Carlos Linsalata (que estaba a cargo de manejar el caso Vandenbroele) envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape, donde pidió $1.500.000 para Vandenbroele. En la nota se lee: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Era hora del pago por objetivo cumplido. Lijo fue clave para toda la maniobra.
Teléfono amarillo
El Destape también reveló las llamadas entre el juez Lijo y Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri. Hablaron al menos 10 veces por la línea del celular (excluyendo Whtasapp) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017, según consta en el expediente donde se investigaba la Gestapo antisindical.
De Stéfano era el principal operador de los servicios de inteligencia macristas; Lijo tenía en sus manos causas contra CFK como la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, contra Boudou por el caso Ciccone así como un expediente que involucraba al jefe de los espías Gustavo Arribas con el caso Odebrecht y el caso que más preocupaba a Macri: Correo Argentino.
Las llamadas entre el capo de Jurídicos de la AFI y el juez Lijo coinciden con movimientos en estas causas que interesaban a Macri, fuera que estaba involucrado o que le sirvieran para perseguir a CFK, Boudou o algún otro exfuncionario. Seis de las diez llamadas fueron en mayo de 2017, en los días previos a que Lijo enviara a Boudou a juicio oral por el caso Ciccone.
Otro ejemplo es el 11 de mayo de 2017. De Stéfano llamó a Lijo. Hablaron 207 segundos, poco menos de 4 minutos. El mismo día Lijo pidió revisar los mails y mensajes que se enviaron CFK con Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Héctor Timerman y Angelina Abbona de 2011 a 2015 en el marco de la investigación por la denuncia del fallecido fiscal Nisman. Clarín lo puso en tapa al día siguiente. La causa finalmente terminó en la nada en el 2021. No había delito. Pero por entonces entre los espías, los jueces y Clarín coordinaban la persecución a CFK, Timerman y otros ex funcionarios.
El 15 de mayo de 2017 el directivo de la AFI volvió a llamar al juez. La conversación duró casi 5 minutos, 287 segundos. El llamado fue a las 9.55 de la mañana. Al mediodía, según el cable de la agencia Télam, Lijo rechazó apartarse de la causa por la denuncia de Nisman contra CFK.
El 27 de agosto de 2017 Lijo llamó a De Stéfano. La llamada duró 2 segundos, o atendió el contestador o cortó y siguieron por alguna aplicación. Las llamadas en agosto entre De Stéfano y Lijo coinciden con la maniobra para acomodar a Alejandro Vandenbroele como arrepentido y digitar su declaración contra Boudou en el caso Ciccone. Así lo publicó La Nación el 27 de agosto de 2017, día en que Lijo llamó a De Stéfano: “Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro de Amado Boudou, visitó en las últimas semanas oficinas de funcionarios públicos y de un fiscal federal para enterarse de las condiciones necesarias y las ventajas de presentarse bajo la figura del ‘arrepentido’ en las distintas causas que enfrenta en la Justicia”. Según La Nación “(Patricia) Bullrich le comunicó al juez federal Ariel Lijo, que instruía la causa, sobre el pedido de los abogados de Vandenbroele, pero el magistrado dijo que el encargado de realizar tales gestiones era Di Lello, el fiscal de la causa”.
Correo bostero
El juez Lijo tiene una larga relación con Macri. Fue uno de los integrantes de la Comisión Asesora en seguridad de Boca junto a otros habitantes de Comodoro Py como los fiscales Stornelli y Raúl Pleé. Será por eso que decidió proteger a Macri a toda costa en el caso que más le preocupa: Correo Argentino.
El 8 de febrero de 2017, hace más de 7 años, Macri fue denunciado penalmente por intentar condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda que tenían (y aún tienen) con el Estado por el canon de la concesión del Correo Argentino. Pasaron 7 años y Macri ni siquiera fue llamado a indagatoria. Garantía de Lijo.
Si bien llamó a indagatoria a otros involucrados en el caso, como el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su director de Jurídicos Juan Manuel Mocoroa y a los directivos del grupo Macri Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa, al entonces y luego ex presidente Macri nunca lo molestó. Ni siquiera para indagarlo, la primera instancia de defensa de un acusado donde puede incluso mentir y decir que su familia nunca tuvo la concesión del Correo. Van 7 años y el blindaje del juez Lijo a Macri es total.
El juez Lijo simuló que le interesaba investigar el tema y solicitó una pericia contable a la la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema. El objetivo declarado era saber si la propuesta de pago que hicieron los Macri, que implicaba una quita del 98,82%, era abusiva para los intereses del Estado. La Dajudeco analizó 216 escenarios posibles vinculados a la propuesta de pago que hicieron los Macri. No es menor, ya que las tasas de interés son justamente lo que los Macri discuten tanto en el fuero Comercial como en el Penal. La Dajudeco concluyó: “del estudio se desprende que independientemente de la posible fecha de homologación que se considere y del tipo de tasa de interés aplicable, el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento en los 216 escenarios analizados”. En criollo: en 216 opciones los Macri siempre terminarían pagando menos del 8% de la deuda. Solo puede ser negocio para ellos.
Como no le gustó esa respuesta el juez Lijo (en sintonía con los Macri) citó a un contador a dedo, llamado Pablo Sergio Varela. Aún así, cuando le preguntaron a este contador si las ofertas que hacían los Macri eran abusivas contestó: "En cuanto a la razonabilidad de la propuesta no puedo opinar por ser ajeno al rol que se me solicita. Este criterio lo debería definir el Juez Comercial y el análisis de los síndicos”. Dio en el clavo: el juez Lijo no tenía que hacer pericias contables sino investigar si Macri violó la ley al intentar condonar una deuda de su familia con el Estado. Obviamente no lo hizo y se mantuvo impermeable a la evidencia de los números.
En marzo de 2022 el juez Enrique Alonso Regueira, del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, anuló así la decisión del Procurador interino Casal y ordenó que se reintegre al fiscal Zoni como titular de la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py. Aún no pasó. Entre el juez Lijo y el fiscal Taiano mantienen le mantienen el tema pisado. El fiscal Taiano era otro de los que hablaba con el jefe de espías De Stéfano.
El diario La Nación publicó que mientras era presidente Macri tuvo una reunión con su entonces jefe de los espías Gustavo Arribas, su ministro de Justicia Germán Garavano y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias de enriquecimiento ilítico en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. En el mundillo judicial lo llaman "VaLijo", un juego de palabras que apunta directo contra su hermano Alfredo "Freddy" Lijo, que cargó con varias denuncias por dinero que no llegaba a justificar. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”. Jugó y juega bien.
Escuchen a Cristina
Cuando Macri asumió la presidencia el juez Lijo se alineó enseguida. A principios de 2017 se ocupó de apuntar contra Oscar Parrilli por un supuesto encubrimiento del narco Ibar Perez Corradi. Eso sirvió de excusa para que le pincharan el teléfono a Parrilli y luego filtraran sus conversaciones con CFK, algo en lo que Lijo también estuvo involucrado.
La maniobra fue completa. Apenas asumió Macri hizo una jugada doble: reimplantó el uso de fondos reservados para los espías y le quitó al Ministerio Público Fiscal la oficina de escuchas judiciales para entregársela a la Corte Suprema. Lorenzetti, por entonces presidente de la Corte, digitó el armado de esa oficina de escuchas con uno de sus lugartenientes, el juez Lijo. Por un lado, para tener el apoyo de Comodoro Py, ofrecieron cargos en la oficina de escuchas para los parietnes de jueces y fiscales. Así apareció en la nómina el hijo del fiscal Carlos Stornelli y el de juez Eduardo Farah. Pero Lijo se reservó el cargo de director de ese área: colocó a Juan Tomás Rodríguez Ponte, su histórico secretario.
Las escuchas a CFK aparecían en los bosques de Palermo donde las encontraba Luis Majul cuando salía a correr. Tiempo después Majul quedó involucrado en una causa de espionaje ilegal a partir de la declaración de un ex agente de inteligencia que dijo hacían trabajos para su programa de televisión. El juez Lijo se ocupó de cerrar el expediente contra Majul.
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