La Corte Suprema resolvió el destino de dos causas clave del lawfare: Dólar Futuro y Memorándum con Irán. En Dólar Futuro confirmó los sobreseimientos de CFK, Axel Kicillof y los integrantes del Banco Central durante la última etapa de la gestión K, acusados falsamente de perjudicar las arcas públicas hasta que un peritaje hecho 5 años después del inicio del expediente reveló que todo era una mentira de la que se reían los funcionarios macristas que sí sacaron provecho de ponerle precio al dólar y nunca pisaron tribunales. En Memorándum con Irán, por el contrario, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda balizaron el camino para que CFK y otros ex funcionarios terminen en un juicio oral que, si lo coordinan bien, será durante el año electoral, todo en otra causa armada y cerrada por 7 instancias judiciales porque es imposible que haya delito alguno.
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La traducción mediática a velocidad X (ex Twitter) fue que la Corte hizo una de cal y una de arena, una favor de CFK y otra en contra. Lo cierto es que ese equilibrio es falso: lo que hicieron fue continuar con la construcción del Ministerio del Lawfare.
En el caso de Dólar Futuro el cierre llega 9 años después de una denuncia que se resolvía con un simple peritaje que no se hizo al inicio del caso en 2015 sino recién en 2021 y entonces mostró lo obvio: que no hubo pérdidas para el Banco Central con la operatoria de Dólar Futuro, una herramienta de política monetaria para cumplir con lo que establece la Carta Orgánica de la entidad: promover “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. La Corte dejó correr este caso casi una década para clausurarlo sin dar argumentos, simplemente con párrafo y el artículo 280 del Código Procesal.
Dólar Futuro siempre fue una farsa. De hecho, los que hicieron negocios con esa herramienta de política monetaria fueron los funcionarios macristas y sus amigos ya que cuando llegaron al gobierno fueron los que decidieron su precio y eran ellos mismos los poseedores de dólar futuro. La lista de los verdaderos beneficiarios del dólar futuro la reveló Iván Schargrodsky en El Destape. Incluía a Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Nicolás Caputo y José María Torello, entre otros popes del esquema de poder del gobierno de Macri.
Los denunciados, sin embargo, fueron CFK, Kicillof, el ex director del Banco Central Alejandro Vanoli y directores del banco como Pedro Biscay, Juan Quattromo (hoy presidente del Banco Provincia), Germán Feldman, Pablo López (hoy ministro de Economía bonaerense) y Cristian Girard (hoy director de ARBA). La denuncia la hicieron Federico Pinedo, hoy sherpa de Javier Milei en organismos internacionales, y el radical Mario Negri. El impulsor, como siempre, el fallecido Claudio Bonadío, avalado por los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah.
En el caso de Memorándum con Irán es peor. Que el máximo tribunal del país avale la farsa que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman con una denuncia sin delito, que ni siquiera se la recibieron en vida porque no había ninguna prueba, que fue descartada por inexistencia de delito por todas las instancias judiciales y solo reabierta por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos que se reunían con Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada solo muestra que la cúspide del Poder Judicial nutre a conciencia la ciénaga en la que se hunde el Estado de Derecho.
Algo notable: en ambos casos intervino la dupla Borinsky-Hornos. En el caso del Memorándum fueron determinantes, ya que son los que lo reabrieron el 29 de diciembre de 2016, 6 días después de un encuentro de Borinsky con Macri en Olivos. En el caso Dólar Futuro, Borinsky fue a Olivos el 24 de agosto de 2016 y dos días después, junto a Hornos, confirmaron al juez Claudio Bonadio al frente de la causa ante un planteo de CFK. La Corte no dijo nada.
Una vez conocido el fallo de la Corte sobre el Memorándum con Irán, una de las principales relacionistas públicas de la farsa Nisman, Romina Manguel, finalmente dio un dato cierto: esta nueva maniobra llegó el día del cumpleaños de Nisman. Le hubieran regalado otra cosa, como apartar al juez Julián Ercolini de la investigación por su muerte que hace 7 años que no avanza ni un centímetro. Allí inventaron que Nisman fue asesinado pese a que el propio Cuerpo Médico de la Corte Suprema aseveró que estaba solo cuando murió. Luego fraguaron un peritaje a medida que dijera lo contrario para mudar el caso a Comodoro Py. Luego forzaron la máquina de sorteos para que el caso recaiga en Ercolini. Y luego nada.
En el día de su natalicio la Corte avala que se haga un juicio en base a su denuncia, un texto de 290 páginas que pocos leyeron y donde no hay un ni siquiera un delito tipificado. Nisman partía de una nota Pepe Eliaschev donde relataba una reunión entre los cancilleres Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi en Alepo donde, escribió el periodista, dijo que vio un “paper” en inglés con indicaciones del funcionario iraní para su gobierno donde decía que “la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. Para Nisman eso fue el “comienzo de la trama del plan criminal”. Pero cuando Eliaschev fue citado a declarar reconoció que no sabía si ese “paper” representaba la opinión de Salehi, que no sabía si era una traducción del farsi al inglés, que no había leído el original. En definitiva, lo contrario a lo que había escrito en su nota.
La denuncia de Nisman era tan floja de papeles que cuando la llevó a Comodoro Py la jueza Maria Romilda Servini no le habilitó la feria judicial porque “no acompañó la prueba correspondiente a la presentación formulada”. Recién tras la muerte de Nisman la causa tuvo curso. Le tocó al juez Daniel Rafecas, que no solo la rechazó por inexistencia de delito ya que el Memorándum nunca entró en vigencia y las alertas rojas sobre los imputados iraníes nunca estuvieron en riesgo sino que encontró además que Nisman tenía preparada una denuncia que decía exactamente lo contrario.
Tras el rechazo de Rafecas llegó el de la Cámara Federal, con la firma de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Finalmente el fiscal Javier De Luca desistió de impulsarla ante la Cámara de Casación. Hasta ahí 4 rechazos en 3 instancias judiciales. El único que empujó el expediente fue Germán Moldes, uno de los arietes del lawfare, que luego de impulsarlo se sinceró y dijo “hice lo que pude, muchachos”.
Un paréntesis. El lawfare del gobierno de Macri requirió una razzia de jueces. Una de las voceras de esa lista de magistrados díscolos fue la propia Manguel, que marcaba en televisión a los magistrados que Macri quería afuera: Freiler y Rafecas. No es coincidencia que ambos le hubieran cerrado la persiana a la denuncia de Nisman.
Hubo luego una maniobra para reabrir la causa. Rafecas rechazó la reapertura del expediente, Ballestero y Freiler también, lo mismo el fiscal De Luca. Iban 7 rechazos. Pero ahí apareció Ariel Cohen Sabban con una falsa representación de la DAIA. Insistieron con que se había declarado inconstitucional el Memorándum y apelaron a un audio robado de una conversación entre Héctor Timerman y Guillermo Borger donde el canciller le decía lo obvio: que hablaban con Irán porque los imputados eran iraníes.
Con esos elementos los camaristas Borinsky y Hornos decidieron la reapertura de la denuncia de Nisman y apartaron a todos los jueces que habían intervenido previamente en el caso. Le entregaron así el expediente a Claudio Bonadio, que tenía una causa paralela, una de sus prácticas habituales (e ilegales).
Esa decisión de Borinsky y Hornos fue el 29 de diciembre de 2016. Lo que ahora avaló la Corte es que 6 días antes Borinsky estuvo en la quinta de Olivos con Macri, principal interesado en atacar a CFK. Era la 6ta visita de Borinsky a Macri en Olivos.
Con Bonadio todo cambió: impulsó la farsa iniciada por Nisman, acusó a CFK y a Timerman de traidores a la Patria, impidió que el ex canciller viajara a Estados Unidos para tratar el cáncer que lo terminó matando y, avalado por la cofradía de Comodoro Py, empujó el caso para llevarlo a juicio oral.
En 2021 los integrantes del Tribunal Oral Federal N°8 no quisieron papelones y cerraron el caso por “inexistencia de delito”. “Arribamos a la siguiente convicción unánime: el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito” sostuvo en su voto la jueza María Gabriela López Iñiguez; el juez Daniel Obligado afirmó que “está probado, a mi criterio sin el más mínimo margen de duda, que, a los ojos de Interpol, el Memorándum de Entendimiento carecía de entidad para hacer caer la vigencia de las notificaciones de captura sobre los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina” y que “menos aún podrá concluirse es que la sola declaración de inconstitucionalidad de una norma conlleve automáticamente la comisión de un delito para su autor”; el juez José Michilini sumó que “la celebración de referido Memorándum entre ambos países constituye, en el caso bajo tratamiento, una cuestión política no justiciable”, que terminó “carente de efectos jurídicos, por no haber entrado sus cláusulas en vigencia”. Era el 8vo rechazo por inexistencia de delito.
Pero el caso no se cerró definitivamente: restaba esta jugada de la Corte que reivindica el lawfare en su máxima expresión.
Entre los argumentos para no cerrar el caso la Corte alega que no tiene “gravedad institucional”. “En el caso no se elabora prolijamente por qué la decisión del a quo de revocar el sobreseimiento y continuar con el proceso tendría un efecto que excedería el interés de las partes y alcanzaría a la comunidad toda o afectaría las instituciones básicas de la Nación”, escribieron los cortesanos. Notable malabar para decir que la denuncia contra una presidenta en ejercicio, luego vicepresidenta, actual presidenta del principal partido opositor y en vísperas de un año electoral no afecta el funcionamiento democrático.
El fallo volvió a mostrar diferencias entre Rosatti y Lorenzetti. Éste último voto en disidencia y dejó un párrafo envenenado al afirmar que “Que es contradictorio afirmar que el recurso adolece de falta de fundamentación, y luego contestar los fundamentos, adelantando opinión sobre cuestiones que hacen al fondo de la cuestión”. En criollo, señala que Rosatti se extralimitó en su voto y que podría ser recusado.
Lo que es evidente es que la Corte decidió que va a resolver casos trasdencentes con su actual conformación de cuatro integrantes que dura hasta el 29 de diciembre, día en que Maqueda cumple 75 años. La tensión por los anuncios del gobierno respecto a que buscará designar dos jueces por decreto en el máximo tribunal hace que se apuren algunos expedientes, aunque no es monocausal. Todos los jueces hablan con todos los espacios políticos, no hay puentes rotos, solo negociaciones al mejor postor. Y, una vez más, CFK es prenda de cambio de cara al próximo año electoral.
La ex presidenta dijo hace unas horas que hace falta una nueva Reforma Constitucional, entrevistada por Rodis Recalt para su podcast Generación 94. En el mismo espacio se escucharon las voces de Rosatti y Maqueda, también convencionales constituyentes en 1994, cuando se redactó la Constitución actual. Es poco probable que haya una nueva, lo que es evidente es que la que existe no se cumple. Y la Corte, con estos nuevos fallos, apuntala esta democracia alegal.
La causa AMIA, mientras tanto, les importa poco y nada: Rosatti se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura y el juzgado N°6 de Comodoro Py, a cargo de la investigación del atentado, sigue sin juez.
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