La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) salieron en bloque a defender a sus gerentes a cargo de la Corte Suprema ante el juicio político que se les inició en el Congreso.
AEA marcó la línea el 19 de enero, con un comunicado titulado “La Corte Suprema: Pilar de la República”. Dijo que “sostiene una vez más la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la División de Poderes que establece la Constitución Nacional”, la misma que habilita el proceso de juicio político. Los dueños de las mayores empresas del país afirmaron que “iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema por no compartir el contenido de sus sentencias, altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo”.
La Amcham publicó esta semana un comunicado de una carilla donde critica la situación económica, saca a pasear las frases hechas sobre “el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica” (¿qué respeto tienen las empresas de EEUU el meterse en política interna?) y acusan al Congreso de estar “paralizado por la iniciativa del juicio político a la Corte”, algo falso en un contexto donde la oposición se niega a discutir hasta una moratoria previsional que impacta sobre 800.000 personas que pueden quedar sin jubilación. Agregan que es “una situación que sin dudas afecta también a las oporrtunidades de negocios que Argentina demanda”.
IDEA lanzó un escueto comunicado donde anunció que ven “con preocupación el avance del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema”. Repitió con “se basa en el desacuerdo de parte de un sector político con el contenido de algunas sentencias recientes”, los mantras del “respeto a las instituciones y la seguridad jurídica” y que el Congreso tiene que “debatir una agenda legislativa amplia que incluya los temas que le preocupan a la sociedad”.
Que estos comunicados sean calcados a las diatribas de Juntos por el Cambio no es casualidad; sus dirigentes son, al igual que los miembros de la Corte, meros gerentes de los intereses empresariales. Nota aparte: en Argentina sigue vigente que los empresarios puedan financiar campañas políticas mientras que los sindicatos lo tienen vedado. Es evidente en que campaña van a invertir los socios de AEA, Amcham e IDEA; es más que evidente lo antidemocrático que los trabajadores no puedan a su vez promover a quienes representen sus intereses y los empresarios sí.
En los 3 comunicados hay varias coincidencias pero una en particular: el planteo de que el juicio a la Corte pone en riesgo la economía, la inversión. No dicen sus negocios, porque es evidente que no están en riesgo. Pero la queja expone la verdadera razón de su preocupación: que haya un recambio en esta Corte empresarial puede limitar sus rentabilidades a futuro. No les preocupa la República, les preocupan sus balances.
AEA, Amcham e IDEA son 3 sellos pero responden a los mismos intereses e incluso los manejan las mismas personas. AEA, entidad de lobby creada por los capos de Clarín Héctor Magnetto y de Techint Paolo Rocca, tiene a ambos en su comisión directiva junto a otros dueños de empresas. En teoría en AEA están como hombres (solo hay una mujer en la Comisión Directiva) mientras que en IDEA representan a sus empresas. Pero son lo mismo y, de hecho se repiten.
En la Comisión Directiva de AEA está Magnetto por Clarín, Rocca por Techint, Marcos Galperín por Mercado Libre, Carlos Blaquier por Ledesma, Julio Saguier por La Nación, Luis Pagani por Arcor, Enrique Cristofani por el Banco Santander entre otros. En IDEA las empresas se repiten pero con otros nombres: por Clarín va su vicepresidente Héctor Aranda, por Techint Martin Berardi, por Mercado Libre Brenda Puig, por Ledesma Javier Goñi, por La Nacion Luis Julio Saguier, por el Santander Silvia Tenazinha. En la Amcham el presidente honorario directamente es el embajador de Estados Unidos Marc Stanley y la preside Facundo Gómez Minujín del JP Morgan, la financiera especializada en fugar dólares del país. Los socios de las 3 son muchos más.
No es la primera vez que estos 3 sellos salen en tándem a defender a esta Corte. ¿Qué hay detrás de este apoyo explícito de los empresarios a esta Corte Suprema? Que los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda son garantes del statu quo económico, de los privilegios corporativos, de la lógica de la concentración, del poder del establishment, del freno al populismo, que en argentino se dice peronismo.
De Rosenkrantz no se esperaba otra cosa. Su estudio de abogados era uno de los preferidos de la city porteña para bancos, mineras y el Grupo Clarín. El año pasado dio una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile titulada “Justicia, derecho y populismo”. “Hay muchas dudas sobre si las formas del populismo son compatibles con la democracia constitucional”, comenzó Rosenkrantz. Y largó una parrafada explícita: “El cambio en una democracia constitucional requiere consensos muy extendidos en el tiempo. No hay posibilidad de saltos revolucionarios. Eso es así porque el cambio requiere cambios legales y constitucionales y es siempre dificultoso y lento. El populismo es maximalista porque pregona la necesidad de un cambio instantáneo y radical. Se caracteriza por demonizar a nuestro modo de hacer política, a la política tradicional, a la que reprocha centralmente su carácter retardatario. Concibe a la política tradicional como la promotora y la reproductora del statu quo, como la mascarada perfecta de la continuidad. Por eso todo populismo pregona el cambio ya. El populismo no ve ninguna virtud en la resistencia al cambio”. Populismo, en Argentina, es peronismo. Y la cosa siguió.
“¿Y en qué medida sí constituye una amenaza? Más precisamente cuando el populismo genera una dinámica política que socava la confiabilidad de las instituciones constitucionales y degrada el espíritu que anima a nuestras democracias constitucionales liberales”, sintetizó Rosenkrantz. Cualquier semejanza con los comunicados de AEA, Amcham e IDEA no es coincidencia.
“La peligrosidad del populismo – siguió Rosenkrantz- dependerá de si en la sociedad en cuestión el sistema político está gobernado por la regla de la mayoría, como sucede en toda la democracia. Si existen límites constitucionales infranqueables que definen derechos civiles, políticos, económicos y sociales como en toda democracia constitucional. Si existe un poder contra mayoritario con métodos consagrados de interpretación de los textos canónicos, constitucionales o legales, que asume el deber de hacer respetar dichos límites como en todo Estado de Derecho”. O sea, si está la Corte Suprema para ponerle un freno al peronismo.
“En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo”, dijo Rosenkrantz. El salario, que es un derecho, pasa a ser un costo. Mauricio Macri, en 1999, ya decía que “los salarios son un costo más”, que lo que teníamos que hacer era “bajar los costos” y lograr que cada uno “cobre lo mínimo por lo que hace”. Rosenkrantz, en el 2022, coincidió. Por algo lo defienden tanto los empresarios.
En esta parrafada de ese discurso queda claro porqué el gran empresariado cuida a Rosenkrantz: “El populismo es relativamente insensible a la cuestión del costo que involucra las reformas que propone. Esto es así porque la urgencia del cambio es solo posible cuando los costos del cambio no se hacen explícitos, cuando no se identifica con precisión quienes son los que pagarán esos costos. La insensibilidad al costo se sintetiza en modo patente por ejemplo en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cuál detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe. Si existiera no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.
Rosatti no se quedó atrás. En un evento de Clarín y dijo que "conjugar mercado y Estado es muy importante. Después, un Gobierno será más neoliberal, más neointervencionista, pero lo más importante es erradicar algunos temas que se ven como malas palabras", en alusión al progreso (eufemismo de enriquecimiento) y a la teoría del derrame.
“Todo está en la Constitución. La Constitución argentina tiene un modelo no solamente de convivencia sino un modelo económico, que es el capitalismo humanizado. Propiedad privada (artículo 14), iniciativa particular (artículo 19), competencia (artículo 42). Este es el modelo, que además no plantea la lucha de clases (artículo 14) sino una relación amigable entre capital y trabajo con las tensiones propias de esos actores”, explicó Rosatti. Omitió, claro, el artículo 14 bis, que dice que en ese“capitalismo humanizado” los trabajadores deben tener “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Un olvido muy oportuno, y que explica el cariño que despierta en el gran empresariado.
Rosatti agregó que “la Constitución utiliza la palabra progreso. El progreso no es una mala palabra. Acá hay una costumbre de castigar al que progresa. Castigar a aquel que le va bien. Es una cuestión cultural, es absurdo. No hay nada para distribuir si previamente no se acumuló”. Una loa a la teoría del derrame que sostiene sistemáticamente el establishment.
El ex presidente de la Corte Lorenzetti no se quedó atrás. “Hay todos mecanismos electorales que implican siempre dar beneficios para ganar elecciones. Nadie promete costos para ganar elecciones. Entonces todos los grandes problemas complejos requieren costos, decisiones complejas, y nadie las toma. Por esto hay que sacarlos de la agenda electoral”. Otra vez los costos, y con un agregado. En la proclama de Lorenzetti hay un mensaje de que los cargos electivos, los que se someten al voto popular, no pueden resolver los problemas. Que para eso están ellos, los jueces.
Lorenzetti lo remarcó así: “Al Presidente, a los diputados y senadores los eligen en elecciones. Las mayorías se pueden equivocar y hay que proteger a las minorías. Vivimos en un país con diversidad cultural. Si nos guiáramos por las elecciones, habría mucha gente que sufriría, porque son minorías: opiniones minoritarias, conductas sexuales, discriminación a la mujer, discriminación racial. Para eso hay un sistema que no se rige por las mayorías: el Poder Judicial”. Curiosa virtud.
Tal como publicó El Destape, después de un fallo que beneficiaba a las empresas al desligarlas de responsabilidad sobre sus trabajadores tercerizados, Lorenzetti fue a un almuerzo al Jockey Club invitado por Daniel Funes de Rioja, el poderoso lobbista que hoy preside la Unión Industrial Argentina (UIA) y la COPAL (clave en el precio de los alimentos). Del encuentro, según informó Clarín, participaron Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Jorge Brito (Banco Macro), Cristiano Ratazzi (Fiat), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Juan Chediak y Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Alejandro Mac Farlane (Camuzzi), Daniel Novegil (Ternium), Adrián Werthein, Fernán Saguier (La Nación) y, obviamente, Claudio Belocopitt (Swiss Medical), el hombre que concentra el lobby de las prepagas.
Según el relato de la reunión que hizo Silvia Naishtat en Clarín el entonces presidente del Corte les dijo a los empresarios “lo que querían escuchar” y les “dio detalles de la nueva jurisprudencia de la Corte para que las empresas no tengan que hacerse cargo de los empleados de las firmas tercerizadas cuando tienen un problema”. Muchas razones para contar con el apoyo empresarial.
“La Corte no puede hacer populismo judicial” afirmó Lorenzetti más de una vez. Música los oídos de AEA, Amcham e IDEA.
Estas y otras intervenciones de Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti explican el apoyo público que reciben del gran empresariado.
Maqueda, el cuarto cortesano, apenas habla en público. Designado hace 20 años por el senador en ejercicio de la presidencia Eduardo Duhalde tiene mucho por lo que responder.
En el libro “¿Usted también, doctor?”, que relata las complicidades de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, los académicos Juan Pablo Bohoslavsky y Roberto Gargarella (a quien ni de cerca se puede llamar kirchnerista) señalan que en el Poder Judicial “históricamente, una mayoría de sus miembros ha profesado o profesa una ideología conservadora o liberal-conservadora. Dicha ideología se caracteriza, por una parte, por la convicción de raíz elitista, basada en la desconfianza hacia las capacidades políticas de las mayorías”. No extraña nada que el gran empresariado cuide a los suyos.
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