La Corte Suprema de Justicia dejó firme una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Nacional a favor de Marcelo Dorado, quien resultó herido durante la represión del 20 de diciembre de 2001 en los alrededores de Plaza de Mayo, en el marco de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
Dorado, que trabajaba en el rubro de cerramientos de aluminio, recibió dos impactos de bala de plomo al intentar huir de la represión policial. En ese sentido, fue auxiliado por manifestantes y trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde se le diagnosticaron heridas en el tórax y la pierna, además de un roce de munición en la oreja.
La demanda contra el Estado Nacional y el Ministerio del Interior prosperó en primera instancia, donde se ordenó una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, tratamiento psicológico y lucro cesante. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal elevó las cifras y aplicó la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central.
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El fallo destacó que la Cámara Federal de Casación Penal había determinado que la represión del 20 de diciembre de 2001 se ejecutó de manera "descoordinada y deficiente". El Estado Nacional apeló ante la Corte Suprema, alegando que no se había probado que la policía fuera responsable de las heridas de Dorado y que la intervención se dio en el marco del estado de sitio.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso bajo la aplicación del artículo 280, dejando firme la sentencia que ordena la reparación económica.
En septiembre pasado, la Corte también ratificó las condenas a los responsables políticos de la represión de 2001, incluyendo al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos. Este último falleció en enero pasado a los 78 años.
Qué pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina
Los días 19 y 20 de diciembre de 2001 quedaron grabados en la memoria colectiva de los argentinos como uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país. En pleno colapso económico, político y social, el gobierno de Fernando De la Rúa, representante de la Alianza (UCR-Frepaso), enfrentó un estallido social de magnitud sin precedentes.
La implementación del “corralito” bancario por parte del ministro de Economía, Domingo Cavallo, exacerbó el malestar social, limitando el acceso al dinero y provocando cacerolazos nocturnos y saqueos en barrios vulnerables.
A los problemas económicos, que incluían el fin inminente de la Convertibilidad y una recesión sostenida desde 1989, se sumaron los reclamos por una crisis institucional que el gobierno no supo manejar. La respuesta estatal fue la represión, en un contexto de Estado de sitio decretado por De la Rúa el 19 de diciembre.
La violencia desatada esos días dejó un saldo trágico de 38 muertos, cientos de heridos y más de 4.000 detenidos en todo el país. Este conflicto marcó el fin del gobierno de la Alianza y derivó en una crisis de representación política sintetizada en el grito popular: "Que se vayan todos".
Con información de Noticias Argentinas
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