El 18 de noviembre es la fecha límite. Para ese miércoles, la comisión de expertos que trabaja a pedido del presidente Alberto Fernández en aspectos claves del sistema judicial planea entregar sus propuestas para que el Gobierno analice y envíe, en base a ellas, proyectos al Congreso.
Dentro de 10 días el Presidente tendrá en sus manos las propuestas de este grupo de notables para reformar aspectos clave de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y encarar el juicio por jurados así como el traspaso de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los temas que se discuten, por ejemplo, prima la necesidad de acotar el mandato del Procurador General, el jefe de los fiscales, y los votos necesarios para que acceda al cargo. La discusión sobre los cambios en la Corte quedó para fina, se definirán las propuestas en estos díasl. Aún no hubo una resolución sobre una ampliación de miembros. Lo que parece descartado es que se aconseje una división en salas.
Si hay un punto en común entre las fuentes consultadas para esta nota es que si se le pide celeridad y plazos claros al Poder Judicial para resolver casos es necesario –y coherente- que la Comisión cumpla con los 90 días que dispuso el decreto 635. Los expertos comenzaron a trabajar el 18 de agosto por lo que la fecha límite para confeccionar sus dictámenes es el 18 de noviembre.
La comisión está integrada por León Arslanian, Marisa Herrera, Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Rige un acuerdo de confidencialidad entre los miembros de la Comisión, pero El Destape puedo reconstruir que trabajaron en el orden inverso al que está en el decreto, por lo que dejaron los cambios para un mejor funcionamiento de la Corte Suprema para el final, porque es donde hay más diferencias.
Empezaron por el tema del juicio por jurados, donde no hubo mayores diferencias, lo mismo que con el traspaso de la justicia a la Ciudad. Lluego pasaron a discutir sobre el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, sobre el Consejo de la Magistratura y en estos días terminarán de resolver sobre la Corte.
La intención de los especialistas es alcanzar el mayor consenso posible. En cada propuesta está el dictamen de mayoría y minoría. Pero hasta ahora hubo más unanimidad. Una salida intermedia para los puntos espinosos es también el voto en disidencia.
En esa línea, van a enviarle propuestas sobre cada tema a Alberto pero no proyectos de ley. Donde crean que se debe elaborar una ley, lo van a proponer.
La Corte Suprema
Las propuestas de modificaciones en la Corte las dejaron para el final. Por ejemplo, todavía no trataron la cuestión de la cantidad de miembros. Sí abordaron otros temas sensibles como los recursos extraordinarios y el llamado “artículo 280”, conocido como “la plancha”, por el que el máximo tribunal descarta abordar un caso que le llega sin dar argumentos. También aseguraron a este medio que se descartó la división en salas. Pero por ahora “no hay letra chica”.
El Procurador General
En lo que hace al Procurador General, tema central de los cambios en el Ministerio Público, los consejeros se inclinan por imponer un límite temporal a quien ejerza el cargo. En la actualidad, es una especie de función vitalicia, como el de un juez de la Corte Suprema.
“La intención es que se parezca más a un ministro que a un ministro de la Corte”, explicaron. “Que no haya un procurador a perpetuidad”, afirman.
Los tiempos que se discuten, al igual que en los proyectos de la oposición en el Senado, son 5 o 6 años. Esto abre la puerta a la discusión sobre la cantidad de votos necesarios en el Senado para nombrar al procurador. Hoy se requiere de dos tercios de las voluntades de la Cámara Alta para poder nombrar al jefe de los fiscales. Eso puede cambiar. Lo que sí se pretende mantener es el cuidado de la salida del procurador, es decir, sostener las restricciones para correrlo del cargo.
Así las cosas, de no mediar sobresaltos, en diez días el Presidente tendrá el informe de la comisión de expertos con las propuestas de modificaciones en instituciones centrales para el sistema judicial. Acaso, uno de los pasos más importantes para empezar a avanzar con una verdadera –y necesaria- reestructuración judicial.
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