La Corte Suprema de Justicia tiene en carpeta modificar la conformación del Consejo de la Magistratura y así provocar un nuevo cimbronazo en el mundo judicial. Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, los cuatro ministros cortesanos comenzaron a tratar el jueves pasado en la reunión de Acuerdo la inconstitucionalidad de la actual integración del órgano que selecciona y sanciona jueces y aspiran a tomar una decisión antes de fin de año. Todo indica que anularán la ley que se sancionó durante el primer gobierno kirchnerista. Es decir que el consejo dejará de tener 13 miembros. Esto implica un cambio sustancial de las relaciones de poder en un organismo clave para el Poder Judicial para el que el gobierno ya se está preparando. Se trata de una clara decisión política de los supremos: cuando gobernó Macri, Cambiemos tuvo una mayoría automática en el consejo y esta misma Corte no avanzó con su reestructuración.
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“Este jueves comenzaron a tratar el caso del Consejo de la Magistratura”, informaron desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales a El Destape. “Lo más probable es que se declare inconstitucional la ley y se vuelva a la composición anterior”, añadieron. Es decir que validarían el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que a fines de 2015 consideró inconstitucional la actual conformación de 13 miembros, que se dispuso en febrero de 2006 durante el kirchnerismo. Según pudo reconstruir este medio, el tema fue puesto sobre la mesa este jueves por el presidente cortesano, Horacio Rosatti. La intención de los supremos es emitir un fallo consensuado.
Si bien en la Corte no hay certezas hasta que los fallos están firmados y publicados, en los pasillos de los tribunales de Talcahuano están quienes aseguran que los supremos tomarán la decisión antes de las fiestas y hasta se arriesga un día para la resolución: el jueves 16 de diciembre.
Lo que aún no está resuelto y es materia de discusión es con qué integración se reemplazará a la actual conformación del consejo. Una posibilidad es que vuelva a regir la ley anterior, por lo que el consejo debiera pasar a tener 20 integrantes y ser presidido por el presidente de la Corte, al menos hasta que el Congreso dicte una nueva normativa. Esta posibilidad implica el desembarco de un ministro cortesano en el consejo. ¿Cómo se implementaría este cambio? Simple: al anular la ley actual, entra en vigencia la anterior. El interrogante en este caso sería desde cuándo. También se evalúa la posibilidad de otorgar un plazo al Congreso para que elabore una nueva ley.
Los 20 integrantes
El retorno al antiguo formato cambia las relaciones de fuerza del consejo y debilita al "estamento político". Actualmente, el órgano de selección y sanción de jueces está conformado por 13 integrantes:
- 3 jueces
- 3 diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría)
- 3 senadores
- 2 abogados (uno por la matrícula de la Capital Federal y otro del Interior).
- 1 académico
- 1 representante de los académicos.
Para llegar a 20, se sumaría: un académico más, dos abogados, un juez y dos representantes del Congreso. Más el presidente de la Corte.
Esto arrojaría:
- 4 jueces
- 4 diputados (sería 2 para la mayoría de la Cámara Baja; y otros 2 distribuidos entre primera y segunda minoría).
- 4 senadores (se replica el esquema de Diputados).
- 4 abogados
- 2 académicos
- 1 representante del Ejecutivo
- Presidente de la Corte.
Es decir, Rosatti sería su presidente. En este punto, no faltan quienes postulan hacer rotativa la presidencia del Consejo entre los ministros supremos.
El debate que se abre con este escenario es desde cuándo entraría en vigencia. Una posibilidad sería desde agosto /noviembre del año próximo, cuando se realicen las elecciones y asuman nuevos consejeros.
Para distintos integrantes del consejo, de modificarse la integración actual de la Corte, la opción de los 20 integrantes es la que debiera implementarse. Pero no todos están de acuerdo en el tercer Poder del Estado.
La propuesta del Consejo Consultivo
Otro de los puntos en discusión en la Corte es si exhortan al Congreso a que trabaje una nueva ley. El plazo que se barajaba era el de 180 días. Si esto sucede, demandará un consenso entra las fuerzas políticas o la iniciativa quedará empantanada.
En el oficialismo, donde esperan un fallo adverso de la Corte en esta materia hace tiempo, siempre se especuló con la posibilidad de apelar al Congreso para anticiparse a la decisión cortesana. Pero esa anticipación nunca se materializó con el avance de un proyecto en concreto. Aunque el gobierno se nutrió de propuestas.
Por ejemplo, el consejo consultivo que asesoró al Presidente en materia judicial dedicó un apartado a la reforma del Consejo de la Magistratura. Una mayoría de 7 miembros del consejo de “expertos” (en total eran 11 sus integrantes), consideró que hay que modificar la integración del órgano que selecciona y sanciona jueces. Se inclinaron por esta idea Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanián, Carlos Beraldi, Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez y Omar Palermo.
¿Qué plantearon? Que tiene que haber igualdad en las representaciones de jueces, abogados, legisladores y académicos: un 25% para cada uno.
Según el trabajo de los especialistas, debiera haber un total de 16 consejeros, 4 por cada estamento (jueces, abogados, legisladores y académicos). “Con la particularidad de que los académicos no vengan del Derecho. Se propone una apertura que el Consejo en la actualidad no tiene”, explicaron.
La comisión también postuló que la presidencia del consejo tenga doble voto en caso de empate y sea rotativa cada año. Los comisionados sugirieron que el ejercicio del cargo sea con dedicación exclusiva, algo complejo ya que todos deberían dejar sus respectivas ocupaciones (al menos, momentáneamente). Y que estén 4 años sin posibilidad de renovación o con renovación con un intervalo en el medio.
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De apelar al Congreso, no puede descartarse esta posibilidad, que contó con el visto bueno de juristas de distintas corrientes. De darse este escenario, la incógnita será qué posición tomará Juntos por el Cambio.
Una decisión política
La decisión de la Corte de tratar este tema en este momento es definitivamente política. El caso está en Alto Tribunal desde 2015. Durante el macrismo, con esta misma conformación suprema (estaba también Elena Highton de Nolasco), los cortesanos no abordaron la cuestión. Y mientras gobernó Mauricio Macri, Cambiemos tuvo una mayoría automática en el órgano de selección y sanción de magistrados que usufructuó a niveles obscenos. Prácticamente arrasó con la Cámara Federal porteña: destituyó a Eduardo Freiler (con complicidad de la Corte), trasladó a Eduardo Farah (con complicidad de la Corte II) y logró la renuncia de Jorge Ballestero. Luego Macri, a instancias del consejo, designó de forma irregular en esa misma instancia revisora de Comodoro Py –vía traslado- a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hizo lo propio con Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. En total, el macrismo nombró a 5 de los actuales 12 camaristas que tiene el máximo tribunal penal del país (son 13 pero hay una vacante). Entre esos 5 no están contabilizados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, asiduos visitantes de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
Desde el Consejo de la Magistratura, el macrismo creó hasta un nuevo tribunal oral en Comodoro Py con el objetivo de que sea el que fuera a juzgar a CFK. Ese tribunal (el famoso TOF 9) se tuvo que disolver luego de una Acordada de la Corte, que si bien dejó hacer al macrismo, en ese punto puso un freno.
¿Por qué la Corte decidió intervenir en el consejo en la actualidad? El reciente pedido de juicio político que realizó el diputado electo por JxC Ricardo López Murphy contra los jueces que dictaron el sobreseimiento de CFK en la causa Hotesur / Los Sauces revela el rol que puede tener el consejo en el futuro. El pedido de López Murphy evidencia un mensaje disciplinador para aquellos magistrados que no fallen de acuerdo a los intereses del macrismo. Por eso, había consejeros que estaban evaluando pedir una respuesta del consejo ante este tipo de planteos, donde se cuestiona a los jueces por el contenido de sus sentencias. Algo similar planteó el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, en diálogo con El Destape Radio.
A su vez, desde el propio órgano que selecciona y sanciona jueces interpretan que la Corte busca “meterse” en el Consejo: “Les molestó un consejo adquiriendo más musculatura y pretendiendo cambiar cosas”, señalaron a este medio.
En este contexto, la Corte decide avanzar con la reestructuración de un organismo clave para el sistema judicial. Lo que defina tendrá importantes consecuencias políticas.
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