Con la admisibilidad del juicio político aceptada, a partir de la semana que viene comenzará la instancia más caliente en el debate parlamentario que tiene como protagonistas a los cuatro miembros de la Corte Suprema. Sin un plazo estipulado y con el cronograma aún en confección, todavía no se precisó la duración pero se abrió el momento para la generación de pruebas, citación de testigos y carga documental que se pueda aportar durante el proceso. La gran incógnita pasará por la actuación de Juntos por el Cambio que, en minoría, todavía no perfiló la estrategia y encontró una diferencia sustancial hacia adentro de su espacio con el impulso, por parte de la Coalición Cívica, de una causa solo contra Ricardo Lorenzetti, algo a lo que el resto se opuso.
Hasta el momento, las últimas tres semanas transcurrieron dentro de lo previsible. La primera reunión fue de presentación, la segunda de ratificación y la tercera se conformó para votar la admisibilidad con un resultado más que anticipado, ya que el Frente de Todos tiene mayoría. Ajustada, pero mayoría al fin. Ahora, sin embargo, se ingresará en una etapa más impredecible.
Impredecible porque todavía no quedó en claro cómo se tratarán los hechos, si todos unificados o separados. Impredecible porque aún no se sabe si la prueba que se generará alcanzará para elevar las cuatro denuncias al pleno de la Cámara. Impredecible porque los testigos citados serán sometidos a preguntas de uno y otro lado, momento en que empezará a subir la temperatura de la sala.
En una primera instancia, la estrategia de Juntos por el Cambio se inclinó por no participar del “circo” del oficialismo no dándole volumen. La traducción, no convocar a testigos ni aportar pruebas pero tampoco dejar el micrófono vacío. O sea, participar una vez que el Frente de Todos consiga quórum, como se hizo hasta el momento, e interpelar a los invitados del partido gobernante para “chicanear” y hacer más “entretenido” el momento.
De todos modos, ese plan original podría cambiar. Todo el proceso y las estrategias están en una nebulosa que se terminará de develar en los próximos días. Más allá de que el jueves se establecerá el cronograma de la comisión, los diputados y diputadas de Cambiemos mantendrán una reunión, probablemente la semana que viene, para afinar la postura y analizar qué camino podría ser más útil. Si no aportar o aportar.
A esa reunión estarán invitados los legisladores de la comisión pero no será a puertas cerradas, por lo que otros diputados de la alianza podrían participar en caso de querer dar alguna mirada nueva sobre la posición a adoptar. Más allá de eso, se esperaron aproximadamente otros seis plenarios por delante, uno por semana, aunque aún está por verse. Eso completaría un proceso de recolección de pruebas de un mes y medio.
En ese período, para la oposición, el oficialismo tendrá que “laburar”. De este modo, se ratificó que la intención pasará por dejarle el trabajo grueso a Todos mientras que Cambiemos buscará defender la posición sostenida hasta el momento, que no hay elementos para “tener un país sin garantías de seguridad jurídica”. Según su argumento, el gobierno sólo quiere avanzar contra la Corte porque se mostró disconforme con sus sentencias y no porque haya existido un atropello a la división de Poderes.
La gran pregunta, a partir de ahora, pasará por la actuación de la Coalición Cívica que logró cierta aceptación dentro del interbloque. Mantuvo su informe contra Ricardo Lorenzetti pero también firmó el de la alianza con un breve apartado en el que los socios le permitieron sostener su acusación contra el cortesano por las causales esgrimidas por ese espacio y no por otras que incorporó el Frente de Todos. Ese fue el acuerdo que dejó las diferencias zanjadas.
Con la votación del jueves, el partido de Elisa Carrió rechazó la admisibilidad ya que se sometió a discusión el paquete entero, sin discriminación alguna. Sin embargo, hicieron la aclaración de que su objetivo es avanzar con el proceso sólo contra Lorenzetti. De darse la situación ideal, podrían levantar la mano a la hora de definir si alguno de los cortesanos llegará acusado al recinto. En ese caso, la que podría quedar en una posición incómoda sería la Coalición Cívica, único bloque de la alianza que optaría por acompañar, en un segmento, al gobierno.
Eso podría ser posible porque, a la hora de generar prueba y votar la elevación del juicio, el procedimiento será personal. Para cada juez en particular. La gran pregunta es si se diseccionarán los expedientes o se pondrá a consideración el paquete entero, que incluiría acusaciones extra a las propuestas por los Cívicos.
De darse el primer caso, habría 56 votaciones. Catorce para cada uno de los cuatro magistrados. Si se optara por esa preferencia, el proceso se convertiría en eterno pero le facilitaría el trabajo a los lilitos. Sin embargo, en la oposición se creyó que probablemente se avance por paquete. Cuatro votaciones que incorporen, cada una, los 14 expedientes a considerar.
En esa instancia, casi como si fuera una votación del articulado en particular, la Coalición Cívica podría votar en contra de las acusaciones contra Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz pero a favor de las imputaciones contra Lorenzetti con la aclaración de que sólo acompañarán los delitos imputados por ellos. De no poder hacerlo, sólo quedará el rechazo.
Lo cierto es que la relación de los Cívicos con Lorenzetti no pasa por un buen momento. Paula Oliveto denunció estar "harta" de los "aprietes del magistrado" y de "los juicios civiles" que les hacen desde su equipo para "condicionar" su"palabra y accionar". El diputado Rodolfo Tailhade recomendó que la comisión eleve una denuncia y la legisladora lilita dijo que anticipó que ella la iba a hacer. Acto seguido, mostró algo en su celular a compañeros del interbloque.
Más allá del acuerdo de paz, que fue ratificado por dos legisladores cambiemitas ante la consulta de este medio, lo cierto es que la posición de la Coalición Cívica molestó bastante, en la previa, porque generó una división interna innecesaria que, de hecho, les quitó la posibilidad de encontrar un factor de unidad en la defensa del estado actual del Poder Judicial.
Si bien el “costo político” lo pagaría sólo la Coalición Cívica, que argumentó su avance en la coherencia y la historia del pedido de juicio político, parte de la jugada separatista se interpretó como una movida para tensionar en un año electoral. Justamente en un período en el que se definirán lugares en las listas, un papel en el que el partido de Carrió siempre pujó por buenos lugares mientras que el resto siempre intentó relegarlo.
La intención de un sector de Cambiemos, ya fuera del Congreso, será lograr, progresivamente, la erosión de la Coalición Cívica en Diputados para mermar su poder de fuego fuera del recinto. De once legisladores, pasar a ocho o a siete, en el mejor de los casos. Y, más allá de los deseos, el análisis siempre presente de que el espacio no logró generar dirigentes taquilleros que merezcan lugares “entrables”. Por lo tanto, la diferenciación, la tensión, podrían funcionar como mecanismos de negociación electoral.
Pese a esas acciones lógicas para un período de votación, desde la comisión de juicio político se aseguró que el oficialismo no logrará romper a Juntos por el Cambio. Algo que en la previa se planteó como una posibilidad. Del lado optimista, se apararon en que jamás se conseguirán los 172 diputados necesarios para aprobar la acusación en el recinto y que, al quedar todo en la nada, la relación seguirá como hasta ahora.
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