El 14 de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz fue informado por escrito por camarista Martín Doctrina Irurzun de las maniobras del juez Claudio Bonadio para hacerse de escuchas telefónicas a presos políticos, todo de manera irregular. El dato, hasta ahora desconocido, revela hasta que punto llegó la cobertura hacia los ejecutores del lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. Rosenkrantz fue designado por Macri pero es hombre de Clarín.
La información surge del primer informe semestral realizado por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), nombre formal de la mini SIDE que se armó la Corte con la venia de Macri y la participación de jueces y fiscales de Comodoro Py, que de paso ligaron cargos para hijos y entenados.
El resumen del caso es el siguiente: Bonadio fue a la cacería de escuchas que pudieran comprometer a CFK La oficina de escuchas, a cargo del camarista Doctrina Irurzun, se las entregó de manera ilegal. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, fue informado de todo y lo encubrió. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas, amigo personal de Macri, escuchaba y transcribía. Hay documentos que lo confirman y ya están en poder del Congreso. La trama del lawfare al desnudo.
Rosenkrantz fue informado por Doctrina Irurzun de que le habían dado a Bonadío 40 Cds con escuchas a los ex funcionarios kirchneristas presos realizadas entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019. Fue el 14 de febrero de 2019, a través de la nota N° 3684 firmada por el propio Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la mini SIDE y hombre de confianza de otro juez clave del lawfare, Ariel Lijo.
El informe que tiene el Congreso da cuenta sobre lo irregular de todo esto: “La comunicación al presidente de la CSJN, Carlos F. Rosenkrantz, dando cuenta de lo sucedido, con explicaciones acerca del procedimiento llevado a cabo por la DAJuDeCO. No existen elementos que permitan conocer el motivo de la comunicación”.
Según los documentos, el propio Bonadío llamó a la oficina de escuchas unos días antes, el 11 de febrero de 2019, y preguntó si había intervenciones en 3 números de teléfono. Quería información sobre Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra y José María Olasagasti, todo acusados en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos. Le dijeron que los teléfonos por los que consultaba estaban intervenidos por su colega Federico Villena, a cargo del juzgado N° 2 de Lomas de Zamora. Villena, consta en los documentos, tenía esos teléfonos pinchados por una causa narco y le había dado la escucha y la transcripción de las grabaciones a la AFI.
El mismo día de la consulta de Bonadio el juez Villena le contestó que no tenía transcripciones de escuchas telefónicas de Baratta, Lazarte, Llorens, Ferreyra ni Olasagasti. También le informó que tenía intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza desde el 21 de septiembre de 2018 y que las personas sobre las que preguntaba Bonadio no tenían nada que ver con la causa penal que motivaba esas escuchas. O sea, no había vínculo entre la causa narco y la farsa de los Cuadernos.
Finalmente, la clave: Villena le dijo por escrito a Bonadio que todas las escuchas y transcripciones estaban “a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Intelingencia, quedando autorizado el Sr. Juez oficiante a requerir a dicho organismo la información y el contenido de las mismas que estime pertinente”. En criollo, Villena le dijo a Bonadio que no tenía nada de lo que buscaba y que cualquier cosa le preguntara a Arribas y a Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia por entonces.
El 13 de febrero Bonadio le pidió a la DAJuDeCo que le enviara de forma “urgente” una “copia de las escuchas y transcripciones” que había ordenado Villena. Y dijo que el juez Villena había autorizado que se las dieran. La auditoría que realizó el Congreso concluyó que esto es falso. El escrito de Villena autorizó a pedirle a la AFI, no a la oficina de escuchas de la Corte. No es un dato menor.
En este punto entró en escena el camarista Doctrina Irurzun. Según el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia tanto Irurzun como Rodriguez Ponte le entregaron 40 CDs a Bonadio, del N° 504 al N° 544 de lo escuchado. Todo, dice la auditoría, “pese a que la DAJudeCo no estaba incluida en la autorización de Villena”.
Es más, el informe que tiene el Congreso dice: “solo el Juez Villena estaba en condiciones de separar entre todas las conversaciones, aquellas que estaban alcanzadas por su orden de intervención, de las que debían estar protegidas por el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, era este Magistrado, y no la DAJuDeCO ni Bonadío, quien debía que resolver la cuestión”.
Al otro día, el 14 de febrero, Irurzun y Rodríguez Ponte le informaron a Rosenkrantz. El presidente de la Corte no podía desconocer las irregularidades. Dejó correr.
Todo fue irregular incluso bajo las resoluciones confeccionadas en la era Macri. El informe que tiene la Bicameral de Inteligencia da cuenta de tres de ellas: las resoluciones institucionales N°16/2017, la N°29/2018 y la resolución operativa N°14/2018. La primera dice que si un juez quiere acceder a escuchas que pidió otro es el que las pidió quien autoriza. La segunda que la DAJuDeCO tenía que guardar copias de respaldo de las escuchas. La tercera regula las regrabaciones de CDs, que tienen que tener autorización del juez o fiscal que pidió la escucha.
La auditoría sobre lo que hizo Bonadio revela que le dieron regrabaciones de CDs “no a solicitud del juez Villena, quien fue el magistrado que las ordenó”. El informe agrega: “Puntualmente, Villena autorizó a Bonadío a requerir la información y el contenido de las escuchas ordenadas en el marco de la causa de referencia al organismo de la Agencia Federal de Inteligencia que llevaba adelante la pesquisa (…) Por lo tanto, la autorización que acompañó adjunto el juez Bonadío al solicitar una copia de las escuchas no es estrictamente una autorización expresa para solicitar la regrabación, como así lo interpretó la máxima autoridad de la DAJuDeCO al dirigirse a la CSJN informando de lo sucedido”.
Para la auditoría, Irurzun y Rodríguez Ponte pusieron “en crisis el principio de confidencialidad”, violaron la resolución operativa 14/2018 y “devino improcedente la entrega al juez Bonadío de la copia de las escuchas, sin el debido respaldo”.
“La alteración del protocolo generó una falla en el sistema que adoptó la DAJuDeCO, con la constatación posterior del acceso de magistrados, funcionarios judiciales, organismos de inteligencia y medios de comunicación a conversaciones privadas entre particulares, entre abogados y clientes, es decir, actores ajenos a la investigación penal en la que se habían ordenado las intervenciones. Ello implica un serio déficit en el funcionamiento de la DAJuDeCO, más allá de la responsabilidad legal del Magistrado solicitante y de las personas que dieron lugar, también, a la filtración indebida de los audios”, detalla el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia.
La DAJuDeCO fue producto de la decisión de Macri de quitarle la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal, por entonces conducido por Alejandra Gils Carbó. La oficina era conducida por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI. Durante la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones de escuchas a la prensa fueron nulas. No pueden decir lo mismo Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz, Doctrina Irurzun y sus compinches.
Lorenzetti colocó al juez Doctrina Irurzun al frente de la nueva oficina de escuchas. En teoría fue por sorteo, en la realidad no hay registros del mismo. El juez Lijo puso a su histórico ladero, Rodríguez Ponte, a comandar el día a día de la DAJuDeCO. El eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo reinaba en Comodoro Py. Al resto de los jueces y fiscales federales les ofrecieron un par de cargos a cada uno para familiares, hijos y entenados. El listado de personal de la mini SIDE de Py habla por sí mismo.
Con el tiempo Rosenkrantz reemplazó a Lorenzetti en la presidencia de la Corte pero se ve que heredó al menos el vínculo con Irurzun. Ahora se sabe que le informó de las tropelías de Bonadio y que el cortesano de Clarín lo encubrió.
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