La Corte Suprema tomó el Consejo de la Magistratura por asalto. Lo que viene en las próximas horas es la consolidación del hecho consumado. El contexto juega a su favor: la Corte recibió el respaldo de la oposición (cuyos legisladores festejan que les arrebaten tareas) y del sistema de medios corporativos mientras desde el Gobierno navegan en la contradicción de denunciar un golpe institucional pero aceptar que se trata de un fallo cortesano que no se puede desconocer. Desde un sector del oficialismo buscan soluciones legales; desde otro saben que esto requiere acción política.
La hoja de ruta de la Corte quedó por escrito: “A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros”. O sea, quieren que el Consejo funcione, o que parezca que funciona. Pero no pueden hacerlo sin completar los 20 miembros que establece la ley derogada que pretenden poner en vigencia.
Esto lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto cortesano, Ricardo Lorenzetti, vio venir el escándalo y pidió una licencia para asistir a unas conferencias en México. Vuelve recién el fin de semana. En diciembre, Lorenzetti firmó en disidencia y dijo: “Ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa)”. La Corte está tan degradada que el titiritero del lawfare tiene que marcar lo evidente en minoría.
Como el fallo cortesano repone una ley derogada en la cuál el Consejo tiene 20 miembros en lugar de 13, uno de los pasos siguientes es forzar los juramentos de nuevos consejeros. La cambiemita Jimena de la Torre, que será una de las nuevas consejeras por parte de los abogados, no perdió tiempo. Apenas la Corte desembarcó el Consejo le envió una nota a Rosatti reconociéndolo como presidente del organismo “para que a la brevedad arbitre los medios necesarios para tomar juramento y asumir como consejera”. Un rato más tarde tuiteó “Me voy a peinar para la foto!”.
Presta para las contradicciones, la Corte no sólo se contradijo a sí misma al afirmar en 2021 lo contrario de lo que dijo en 2014 sobre el mismo tema. Tal como explicó el juez Alberto Lugones, el presidente depuesto del Consejo, “el fallo de diciembre dice que el Presidente de la Corte puede asumir cuando se tomen los juramentos a los miembros para completar los 20. Rosatti no podría asumir sin incumplir el mismo fallo que el mismo dictó”. Pero ayer los tres cortesanos borraron eso y argumentaron que ahora no hace falta esa espera. Y punto. Derecho creativo.
En el Gobierno la cuestión es compleja, ya que un tema como este reflota las diferencias dentro de la coalición. El ministro de Justicia Martin Soria, en declaraciones a El Destape Radio, dijo que “entrar en el juego de reconocer o no a Rosatti me parece una chiquilinada” pero reconoció que aún no había definición respecto de si enviar o no al Consejo a Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo. “No se si el Gobierno va a mandar a su representante al Consejo. Aún no lo conversé con el Presidente”, informó Soria ayer por la tarde. También descartó avanzar con un pedido de juicio político ya que, según él, “los anuncios de juicio político son hermosos, pero luego hay que conseguir los votos y echarlos”.
Que los consejeros del oficialismo, tanto legisladores como el representante del Ejecutivo, convaliden el copamiento es un punto clave. También la actitud de la oposición, ya cantada, y de los representantes por los abogados y académicos. Su actitud será una definición política. “Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados. No pueden sentarse a la mesa con este ocupa”, sostuvo el senador Oscar Parrilli. El vicepresidente depuesto del Consejo, el abogado Carlos Matterson, anticipó: “Reconozco a Rosatti como presidente del Consejo porque hay un fallo de la Corte que así lo indica”.
La cuestión, más que legal, es política. ¿El Gobierno desconocerá a Rosatti en este cargo usurpado? ¿Cuantos de los consejeros, sea ya vigentes o los prestos a asumir, se sentarán a convalidar la maniobra de la Corte?
“La pelota ahora está en el Congreso”, remarcó el ministro Soria. Más puntual, en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno no tiene números propios para darle media sanción al proyecto aprobado en el Senado.
Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, dijo: “Hoy se puede configurar un escenario de gravedad institucional. Y hay alternativas para evitarlo. Tiempo para legislar o conflicto de poderes”. Un comunicado del Bloque le pidió a la Corte 90 días más para tratar el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, que amplía el Consejo a 17 miembros pero deja afuera a la Corte. Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales aún no les contestaron. Por ahora la sanción definitiva no está a la vista y con esta avanzada de la Corte es esperable que la oposición presione por cambios.
En lo que viene también hay un mensaje de la Corte a los jueces. El máximo tribunal anuló una medida cautelar dispuesta por el juez de Paraná Daniel Alonso que frenaba la designación de consejeros por parte del Congreso. No sólo lo retaron, sino que ordenaron al Consejo de la Magistratura que “evalúe la conducta del magistrado”. La orden la dio Rosatti y la va a ejecutar el propio Rosatti, autoproclamado presidente del Consejo. Es un claro mensaje disciplinaron: ¿qué juez se atreverá a decir que la Corte Suprema viola la Constitución?.
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