La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió atender el pedido de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a quienes Mauricio Macri trasladó por decreto a cargos estratégicos para ejecutar el Lawfare y no recibieron acuerdo del Senado. Este martes, en una reunión de acuerdo extraordinario convocada por el presidente del Alto Tribunal Carlos Rosenkrantz, los ministros supremos declararon “admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la decisión recurrida”. Es decir: abordarán el reclamo de los magistrados salteando otras instancias, algo excepcional, y tal como pretendían el Grupo Clarín y Cambiemos. Había un planteo que debía resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. También prohibieron reemplazar a esos magistrados hasta que resuelva el fondo de la cuestión.
Según comunicaron desde la Corte:
• Se declara admisible el per saltum respecto a la sentencia recurrida.
• De acuerdo con la ley, la admisibilidad suspende el trámite, y por lo tanto no es necesario dictar ninguna medida cautelar.
• Se comunica al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte, debe abstenerse de llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/2020 cuya validez se cuestiona.
• Se corre traslado al Consejo de la Magistratura por el plazo de 48 horas, y se da intervención al Procurador General de la Nación por igual plazo.
• Se solicita la remisión de los autos principales.
El acuerdo de los cortesanos fue presencial y comenzó a las 11 (la única que no concurrió al Palacio de Tribunales fue Elena Highton de Nolasco). Por el contrario, dijeron presente el titular del máximo tribunal del país y los supremos Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Desde la Corte señalaron a este medio que los cortesanos se expidieron sobre la admisión del recurso “pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el demandado Consejo de la Magistratura”. Incluso aseguraron que es de esperar que esa "última decisión" sea rápida. “Mientras tanto, los jueces están de licencia porque así lo solicitaron”, agregaron. Aunque dejaron la puerta abierta para que puedan volver -mas no sea momentáneamente- a sus cargos. Bruglia y Bertuzzi, a la Cámara Federal porteña, que revisa todo lo que pasa en Comodoro Py (desde allí, en tiempos macristas, legitimaron el Lawfare). Y Castelli al TOF 7.
En un argumento muy particular, los cortesanos afirmaron que "es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”. Es decir, consideraron que lo planteado por Bruglia y Bertuzzi atañe a toda la sociedad.
Por su parte, Rosenkrantz agregó en un voto aparte que "el caso reviste una gravedad institucional inusitada". También replicó los argumentos de Clarín al sostener que "la decisión del caso excede notoriamente el interés de las partes y se proyecta no solamente sobre el interés de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el interés general en preservar el sistema republicano de gobierno".
¿Qué abordó la Corte?
Los jueces Bruglia y Bertuzzi habían interpuesto un recurso de “per saltum” contra la sentencia de primera instancia que les rechazó el amparo deducido contra el Consejo de la Magistratura y solicitaron a la Corte Suprema que declare que “sus traslados son definitivos”.
Antes que la decisión de la jueza María Biotti, el disparador del planteo fue el estudio de los traslados que hizo el Consejo de la Magistratura a través del cual concluyó que hubo 10 muy irregulares que debían atenderse. Esos traslados fueron girados al Poder Ejecutivo, que los reenvió al Senado de la Nación para que salde el vicio que tenían. ¿Cómo? Analizando los pliegos de los jueces movidos. Si los magistrados en cuestión lograban el visto bueno de la Cámara Alta, se quedarían en sus respectivas funciones. Como Bruglia, Bertuzzi y Castelli no concurrieron a una audiencia pública en el Senado, paso obligado para resolver sobre sus pliegos, los senadores decidieron rechazar sus traslados (los pliegos de los otros siete jueces siguen analizándose).
El Senado comunicó su decisión al Poder Ejecutivo, que emitió un decreto en el que ordenó que los tres jueces debían volver a sus cargos de origen porque sus traslados habían caído.
La Cámara Federal de Casación Penal legitimó los decretos de Alberto Fernández y ordenó que cesen las subrogancias en los tribunales a donde debían volver Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es decir, allanó el camino para su regreso a sus puestos de origen. Por su parte, la Cámara Federal porteña, donde estaban de forma irregular Bruglia y Bertuzzi -puestos a dedo por Macri- , también se había reorganizado para funcionar sin los trasladados. Es que ambos pidieron licencia a la espera de que la Corte defina su situación. Fue una forma "elegante" de atrincherarse.
Con la decisión que tomó el Tribunal Superior este martes todo quedó en suspenso a la espera de que resuelva la cuestión de fondo.
Mientras tanto, ya hay dirigentes opositores que festejan lo resuelto por los supremos. Elisa Carrió, cofundadora de Cambiemos, tuiteó minutos después de que se conociera la noticia: "¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡ Gracias a Dios!".
Emblemas del Lawfare
Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Fueron puestos a dedo sin concursar para ese cargo. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos, que hoy tambalea porque la Cámara de Casación pidió los registros audiovisuales de la declaración de los arrepentidos y por ahora no aparecen.
Bruglia, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK. En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.
Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.
En el marco de esta tensión entre poderes forzada por Bruglia y Bertuzzi, el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, dijo en una conferencia que organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a fines de agosto que “atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”. No dio nombres. Pero no deja de ser una frase curiosa: cuando el macrismo persiguió a magistrados con pedidos de juicio político, el representante estadounidense en la Argentina se llamó a silencio. Nada dijo, por ejemplo, del jury que impulsó Macri contra el juez de Dolores que instruye el D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. Mucho menos de los que se pidieron contra jueces laborales, tal como publicó este medio en su momento y hoy se conocen con mayor detalle en la causa conocida como Mesa Judicial PRO.
Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados. Un fallo contradictorio para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban “embajada” porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.
En aquella ocasión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: “AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”. Esto puede explicar por qué festejan algunos dirigentes opositores.
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