El Gobierno buscó restarle importancia al fallo de la Corte Suprema respecto a las clases presenciales porque estuvo referido a un decreto de necesidad y urgencia que ya no tiene vigencia, que desde el viernes pasado fue reemplazado por otro que cuenta con criterios claros respecto a las medidas que le corresponden a cada región según su situación sanitaria. Además, destacaban que la sentencia planteó que era necesario un consenso para las clases y que eso justamente sucedió ayer en la reunión del Consejo Federal de Educación, que fijó condiciones acordadas por los ministros de todas las provincias. Adelantaban que casi seguro esta semana ya estará listo el proyecto que enviarán al Congreso para que esos parámetros, rangos y hasta sanciones en caso de incumplimiento queden fijados en una ley.
Desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior explicaron que vienen conversando con los gobernadores para que la iniciativa llegue al Parlamento con un amplio consenso. "Va a tener parámetros objetivos, que es algo que la oposición siempre le pidió al Poder Ejecutivo", detallaron. Por eso esperaban que Juntos por el Cambio se sumara a la iniciativa y que colaborara en las políticas de cuidado de salud que viene adoptando el Gobierno, que otro lado son las que recomiendan los expertos. Dadas las características técnicas del proyecto, la discusión tiene cierta complejidad, pero buscaban tenerlo listo para esta semana. O a mediados de la próxima a más tardar.
Derecho a la vida
Al término de otra jornada movida, en la Casa Rosada le apuntaban a la decisión del máximo tribunal. "Con ese fallo, la Corte descuidó el derecho prioritario a la vida. Es evidente que las medidas tomadas por el Presidente ya empezaron a mostrar los resultados que buscábamos", sostenían. Veían la decisión aún más desactualizada luego del acuerdo alcanzado por la tarde en el Consejo Federal de Educación para que los chicos concurran a clases con criterios comunes de presencialidad cuidada.
Los representantes de Juntos por el Cambio votaron de manera dividida. Las gobernaciones de Jujuy y Corrientes lo aprobaron mientras que Mendoza y CABA fueron los únicos dos distritos que se opusieron. "La Ciudad ya incumplió el DNU, ¿ahora también va a incumplir este acuerdo que se aprobó por muy amplia mayoría?", se preguntaban en Gobierno
Primero hubo una respuesta a la Corte en las redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la que le siguió, casi de inmediato, otra del presidente Alberto Fernández y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto de entrega de netbooks que compartieron en Ezeiza. "Yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias”, dijo el Presidente. Algunas horas después hubo un comunicado de 20 puntos firmado por el vocero Juan Pablo Biondi, una rareza, pero con la evidente impronta presidencial, donde resaltaba que era un fallo que sólo se refería a generalidades y adelantaba la idea de que aquel DNU cuestionado judicialmente ya había sido reemplazado por otro más preciso.
En la Casa Rosada explicaban que se había optado por hacer una respuesta a través del área de comunicación porque el fallo no hizo aportes jurídicos que merecieran una réplica judicial. "La autonomía no significa independencia", subrayaban. La autonomía de la Capital, por si hiciera falta que lo aclararan, nunca estuvo en discusión. Pero que la Ciudad tiene que ajustarse a derecho, situación que hoy no se verificaba. "Estamos en contra de judicializar las medidas sanitarias", remarcaban en Gobierno. Que, en cambio, desde la oposición se buscó sacar rédito político con la pandemia prácticamente desde el primer día.
Insistían en que la Corte Suprema estableció en su fallo que sus criterios debían aplicarse al futuro DNU en caso de que se hubiera prorrogado, pero que no fue así. Se reemplazó por otro que ya no habló de AMBA sino que calificó los diferentes distritos de acuerdo a determinados parámetros epidemiológicos. En la calificación más grave, la de Alerta, se incluyó a la CABA y a los municipios del Conurbano pero también dos de Santa Fe y cinco de Mendoza. Criterios similares quedarán plasmados en el proyecto de ley que, esperan, se apruebe en el Congreso por una amplia mayoría, que sirva para sepultar de una vez todos los cuestionamientos político-electorales para que prevalezcan definitivamente los criterios sanitarios.
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