Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para solicitar que la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea cubierta por una jueza. Así se logra "preservar la representación de las mujeres en el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que se perdió tras la renuncia de la magistrada Elena Highton de Nolasco", explicaron desde la entidad.
En el comunicado recuerdan que "las mujeres no están representadas en el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación" desde el 1º de noviembre y advierten que "es el reflejo de una estructural falta de paridad en todo el sistema judicial argentino en lo que refiere a espacios de decisión". Agrega que "la ausencia de una perspectiva de género va en contra de la legitimidad y el impacto de las decisiones en la cúpula" y cuenta: "Con tal motivo, se acercaron una serie de recomendaciones para que la selección del reemplazo asegure la igualdad de género en la Justicia".
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En esa línea, destacan que "es necesario que antes del vencimiento del plazo legal de 30 días, se postule a una mujer para ocupar dicho cargo, para superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del poder judicial de la Nación, y en especial en el más alto tribunal".
Asimismo, recuerda los compromisos internacionales de nuestro país en este reclamo: "En la misiva dirigida al primer mandatario, Amnistía Internacional y las otras organizaciones de la sociedad civil recuerdan los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos, en consonancia con los estándares recogidos a nivel nacional por el Decreto Nacional 222/2003 para la conformación del máximo tribunal de Justicia del país. Remarcan, además, que la postulación debe adecuarse a los estándares de representatividad federal y a los requisitos de integridad moral e idoneidad técnica que el cargo demanda".
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostiene: “El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto del estado de derecho y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la justicia”. Y añade: “La participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión es especialmente importante para la legitimidad e impacto de las decisiones de la Corte Suprema”.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de CEPAL, las mujeres están representadas sólo en un 30% en los máximos tribunales de justicia de la región. La situación es aún más desigual en Argentina, en donde se observa que la segregación vertical de las mujeres de los espacios de decisión persiste de forma marcada al punto que, hasta la salida de Highton de Nolasco y tras la muerte de Carmen Argibay -las únicas dos juezas en el máximo tribunal en 38 años de democracia- la representación de las mujeres se limitaba al 20%. Por todas estas razones, la designación de un varón en este rol, así como la perpetuación de la vacancia actual, supondría una situación de absoluta gravedad.
Es por ello que, desde Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual, se le pidió al Presidente promover la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género, en el plazo de ley y sin dilaciones, a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina.
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