Como ya sucedió con los anteriores proyectos que buscaron generar cambios en la Justicia, la ampliación de la Corte Suprema votada por los senadores parece encaminada a quedar congelada en la Cámara de Diputados, cementario de toda propuesta que apunte a modificar el status quo, pese que el Poder Judicial es el peor conceptuado por la sociedad. Sin embargo, esta vez en el kirchnerismo hay quienes sostienen que el debate debe llegar al recinto y que los diputados opositores se vean obligados a explicar los motivos por los que quieren que todo siga igual. Mientras, la reforma judicial, la del Ministerio Público Fiscal y la del Consejo de la Magistratura duermen el sueño de los justos a la espera de que algún día se consigan los votos para aprobarlas.
"Que la oposición explique porqué justifica todo esto. No tienen que decir 'yo rechazo esto' sino que están de acuerdo con esta Corte, que están de acuerdo con el espionaje ilegal, con la Gestapo sindical que querían crear. Eso es lo que deberían decir", sostuvo el senador Oscar Parrilli en diálogo con El Destape Radio. Parrilli calificó como "cuatro mafiosos" a los actuales integrantes del Tribunal durante el debate en la Cámara de Senadores en el que aprobó la media sanción a la ampliación por 36 votos a favor contra 33 en contra. El dato político fue que la composición de una Corte Suprema de 15 integrantes fue consensuado con los partidos provinciales, que terminaron acompañando la aprobación.
El Frente de Todos cuenta con un bloque de diputados de 118 integrantes, por lo que necesita 11 más para el quórum y eventualmente asegurar la sanción de las leyes. Está el bloque Provincias Unidas de cuatro miembros (dos misioneros y dos rionegrinos) que respaldan la modificación de la Corte, por lo que al oficialismo le faltarían siete más. Siempre quien queda como árbitro es el Intebloque Federal, de ocho integrantes (tres lavagnistas, tres cordobeses que responden al gobernador Schiaretti y dos socialistas rosarinos), que hasta el momento no avalaron ninguna reforma. "No cuenten con mi voto para cambiar reglas electorales o violentar la conformación de otro poder del Estado. Tengo convicciones y libertad absoluta", se apresuró a tuitear Florencio Randazzo, quien suele opinar en sintonía con los intereses del grupo Clarín. Este bloque funcionó como dique para todas las reformas que los poryectos que plantearon modificaciones en la Justicia.
Reforma judicial
Meses después de asumir, el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial, cuyo punto central planteaba la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero federal con el Penal Económico. La iniciativa incluía la creación de 23 nuevos juzgados, con lo que quedaría licuada la importancia que desde hace años tienen los 12 jueces federales, que investigan o no las causas por corrupción de manera discrecional. "Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo", sostuvo Fernández en la presentación en el Salón Blanco, dado que se trataba de algo que venía hablando desde la campaña electoral.
Un mes más tarde, en agosto de 2020, el Senado le dio media sanción a la propuesta con algunos cambios. Por ejemplo, sumaron nuevos juzgados y cámaras federales en el interior. En total, quedaron 118 nuevos cargos de juez, 24 más que el proyecto original. La media sanción pasó a Diputados para su tratamiento en la comisión de Justicia que preside Rodolfo Tailhade. Como sucede ahora, la prioridad estaba puesta por esos días en conseguir consensos para la aprobación del Presupuesto 2021, por lo que la reforma quedó para más adelante. Presentada con toda la pompa en la Casa Rosda, la reforma judicial ya perdió estado parlamentario, por lo que debería volver a debatirse.
Reforma del Ministerio Público Fiscal
Unos meses más tarde, en noviembre de 2020, el Senado votó por 42 votos a 27 (seis votos más que la ampliación de la Corte Suprema) cambios en la ley del Ministerio Público Fiscal. La más importante era que la elección Procurador General sea por mayoría absoluta de la Cámara alta -en vez de los dos tercios de los presentes, como es actualmente- y establecía una duración del mandato por cinco años, reelegible por un segundo período. En el debate, desde el Frente de Todos plantearon que la continuidad del procurador interino Eduardo Casal resultaba uno de los principales obstáculos para el normal desempeño de los fiscales. "Es presionable y está haciendo atrocidades", sostuvo Parrilli.
En mayo de 2021, el proyecto tuvo dictamen de parte de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. El oficialismo le introdujo algunas modificaciones para conseguir el respaldo de diputados de fuerzas provinciales como el mendocino José Ramón, pero no consiguió el apoyo de Graciela Camaño, que presentó su propio dictamen. Sin el respaldo del Interbloque Federal, de nuevo no se alcanzarían los votos en el recinto. Esperaban que con el tiempo pudieran convencerlos, pero no hubo caso. El proyecto también quedó cajoneado y, como la reforma judicial, perdió estado parlamentario.
Reforma del Consejo de la Magistratura
Luego de un decisión insólita de la Corte Suprema -después de 16 años consideró que la composición de 13 integrantes era inconstitucional- le dio seis meses al Congreso para sancionar una nueva ley de Consejo de la Magistratura. En abril pasado, el Senado votó una nueva estructura con 17 miembros y dispuso la creación de cuatro regiones federales que sesionarán en el interior del país periódicamente con el objetivo de darle al organismo mayor federalismo. En eso, como en la sesión de esta semana, influyó la opinión del senador rionegrino Alberto Weretilneck. Al frente del Consejo, se decidió mantener al representante del Ejecutivo.
Por las comisiones de Justicia y de asuntos Constitucionales de Diputados pasaron varios expositores, incluyendo al ministro de Justicia, Martín Soria. "Proponemos una solución equilibrada, armónica y responsable a la situación a la que nos arrastró la Corte Suprema al resucitar una ley derogada por el Congreso hace 16 años”, afirmó. El oficialismo no sumó nuevos apoyos a la propuesta que se mantiene congelada. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura de 13 integrantes quedó derogado y reflotó el anterior a 2006, de 20 miembros y encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Es decir, la Corte sumó funciones tomando posesión del organismo.
La reforma de la Corte Suprema
El panorama que se abre para el debate de la ampliación del máximo tribunal se presenta muy similar. Incluso más apretado, teniendo en cuenta la votación en el Senado. Para empezar, habría que determinar qué sucederá con los dos diputados oficialistas de San Luis que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien ordenó en la sesión del jueves a la senadora María Eugenia Catalfamo votar en contra, enojado porque se había modificado el proyecto de 25 integrantes que apoyaban los gobernadores. Con el rechazo del Interbloque Federal asegurado, las posibilidades parecen casi imposibles. Sin embargo, son varios en el bloque que opinan igual que Parrilli y creen que hay que llevar la discusión al recinto para obligar a la oposición a defender esta Corte, que responde a los poderes económicos.
"Hay que tener voluntad política para imponerse en las discusiones en el Congreso. Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos y después llevó a Julio Nazareno a juicio político y cambió la Corte", opinaba un diputado del Frente de Todos que trabaja en los temas de justicia. Hasta el sábado, en la comisión de Justicia no había recibido ningún mensaje desde el Ejecutivo respecto a qué hacer con este tema. Tampoco en el despacho del jefe del bloque Germán Martínez, quien viene trabajando para sumar adhesiones para aprobar el Presupuesto 2023, un trámite que se ve mucho más encaminado.
Justamente, los debates económicos recientes -el Consenso Fiscal, la prórroga de impuestos, ahora el Presupuesto- mostraron divisiones en el bloque de Juntos por el Cambio, con el radicalismo que responde a los gobernadores dispuesto a votar proyectos del oficialismo. Creían que la posibilidad de designar algunos de los nuevos 11 integrantes de una futura Corte Suprema también podría resultarles atractivo. De hecho, fue algo que se remarcó en el debate en el Senado, para aprobar los nuevos jueces debe reunirse los dos tercios de la Cámara alta, saí que obligatoriamente cada nombre debe ser consensuado.
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