La Corte Suprema de Justicia determinó que el Gobierno Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad se vuelvan a reunir el 12 de mayo par intentar acordar criterios comunes para definir el traspaso de la Policía.
El máximo tribunal lo resolvió tras la audiencia conciliatoria realizada este miércoles entre los representantes del Ejecutivo Nacional y de la Ciudad, a fin de que las partes lleguen a un entendimiento. Por otro lado, el máximo tribunal dictó la suspensión de todos los plazos procesales después de que el martes le corriera vista al Estado Nacional y le diera un plazo de 60 días hábiles para contestar la demanda.
La decisión de disponer un cuarto intermedio después de casi dos horas de reunión y posponer el diálogo para mediados de mayo, fue adoptada por la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. "Abierto el acto y luego de un intercambio de ideas se establece un cuarto intermedio y se fija una nueva audiencia para el día 12 de mayo del corriente a las 11", señala el acta de la audiencia.
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En representación de la Ciudad concurrieron el Procurador General, Gabriel María Astarloa; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Por el Estado Nacional participaron los letrados apoderados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson.
Los abogados del Ministerio de Economía nacional solo manifestaron que por el artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña "debe avenirse a dialogar", según manifestaron las fuentes presentes en la reunión. Ese artículo prescribe que "el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad en el marco del convenio aprobado por el artículo 1° de la presente y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad".
En septiembre del año pasado la Ciudad concurrió a la Corte para solicitar una "declaración de certeza" en torno a la rebaja del 1,18% a la coparticipación porteña que aplicó la gestión de Alberto Fernández y remarcó que se trató de una decisión inconsulta. El actual Gobierno justificó esa reasignación en el hecho de que esa alícuota había sido concedida por decreto en 2016 por el entonces presidente, Mauricio Macri.
Quienes asistieron a la reunión de hoy por parte del Gobierno nacional lo hicieron con el mandato de volver a invitar al de la Ciudad de Buenos Aires a cambiar de postura, de modo de acceder a entablar el diálogo en los términos que impone la Ley 27.606.
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