Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal. Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi. para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla. Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D’Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación. Tal vez el llamado escándalo de la “gestapro” macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a “la institución Corte Suprema”: en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros. La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino. No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso). La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla en el patético video sea el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? El proceso de deterioro judicial es de larguísima data: de otra composición de la Corte Suprema surgió, por ejemplo el 10 de septiembre de 1930 -cuatro días del primer golpe de estado en la Argentina del siglo pasado- la doctrina que validación los golpes de estado, sobre la base de que las asonadas triunfantes ejercitan “la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. Sin embargo, los años del macrismo han significado el deterioro terminal de ese poder. Ese deterioro consiste -como lo señalara recientemente el diputado Leopoldo Moreau- en la ruptura del pacto democrático alcanzado por la sociedad argentina después del derrumbe de la última dictadura militar; un pacto sustentado en la memoria, la verdad y la justicia; un pacto cuya plena vigencia es necesario recuperar con urgencia.
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También es necesario insistir en que la cuestión judicial es parte central de la disputa política en la Argentina de hoy. Desde la actual, y degradada, situación del servicio de justicia es imposible darle consistencia al poder democrático. Porque el sector descompuesto del Poder Judicial es una herramienta central de la constitución de un poder fáctico en la Argentina. Forma parte de un modus operandi: los poderes fácticos establecen una línea política (se trate de la deuda externa macrista, de las vacunas contra el Covid, del estatus de la República Bolivariana de Venezuela o de cualquier asunto que asuma importancia para ellos) y a partir de esa línea los medios de comunicación dividen el mundo entre los buenos y los malos, y estos últimos soportarán las carpetas serviciales, las denuncias de diputados conectados con esta red y desfilarán por los tribunales, sin contar con que en el período de Macri la doctrina Lorenzetti-Irurzun permitía encarcelarlos arbitrariamente por largos períodos.
La convivencia con ese régimen ilegal oculto en las sombras malogra y malogrará cualquier intento de reconstruir el país en términos de justicia social, independencia económica y justicia social. No es cierto que la movilización contra la Corte Suprema “debilite” la lucha por los enormes problemas que el país arrastra en materia de pobreza, trabajo precario, cierre de oportunidades para los y las jóvenes, entre otros. Por el contrario, el tiempo del régimen macrista nos enseñó, por ejemplo, que las paritarias libres podían ser abrogadas de facto en el poder judicial y castigados los jueces que pretendan hacerlas respetar, como ocurrió entre muchos otros casos con el juez Luis Arias, de La Plata, No hay, entonces, derechos sociales e individuales viables bajo el funcionamiento de un bloque orgánico (político-económico- mediático- “servicial”) que construye la escena de lo bueno y lo malo. Que diseña un mundo al que una de las principales implicadas en el basural de la reunión del Banco Provincia -la ex gobernadora Vidal- utiliza como único sustento de su (imposible) defensa el ataque contra dirigentes sindicales y políticos que previamente han sido sistemáticamente estigmatizados por la entente antidemocrática. “¿Vamos a creer que los corruptos sindicalistas a los que enfrentamos eran almitas buenas?”, fue su “argumento”
De modo que la marcha citada para el 1ero de febrero por la cuestión de la Corte Suprema debería ser el primer paso para el desarrollo de una amplísima movilización social por la plena vigencia de la democracia en la Argentina. Que es el camino más eficaz para resolver la existencia de un país justo.
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