La comisión de Juicio Político, en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos, comenzó a abordar este jueves la escandalosa cautelar por la coparticipación que firmó la Corte Suprema de Justicia en favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según adelantó la presidenta de la comisión Carolina Gaillard serán citados como testigos Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, y el exministro porteño Marcelo D’Alessandro, por los intercambios de chats que mantuvieron sobre el tema y que para el oficialismo dan cuenta de un acuerdo espurio. La fecha tentativa para su comparecencia en el Congreso es el 4 de julio próximo. También serán convocados gobernadores y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.
Tras dar por concluido, al menos de forma provisoria, el capítulo de los desmanejos en la Obra Social de los judiciales –que está bajo supervisión de la Corte-, la comisión votó que el 6 de julio concurra al Parlamento el supremo Juan Carlos Maqueda para que se exprese sobre los cargos que se le achacan por las irregularidades detectadas en la OSPJN. Todo indica que Maqueda era quien debía supervisar lo que pasaba en la prestadora de salud del Poder Judicial.
Cronograma
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Según adelantó la diputada del FdT Carolina Gaillard se espera que el capítulo de la coparticipación se extienda por 4 o 5 audiencias para luego pasar al de la toma por asalto que hizo la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. La próxima reunión de la comisión ya fue fijada: será el 27 de junio a las 13. Allí, se espera que concurran gobernadores.
Gaillard explicó que en el marco del caso de la coparticipación, la comisión quiere escuchar a:
- Eduardo "Wado" De Pedro, que fue quien negoció con funcionarios porteños el monto que la Nación debía girar a la Ciudad de Buenos Aires.
- Distintos mandatarios provinciales, que fueron los principales damnificados por el redireccionamiento monetario que decidió la Corte.
- El subprocurador del Tesoro Horacio Diez, por ser quien presentó la recusación de Rosatti en este pleito.
- Distintos fiscales de Estado.
- Y a Silvio Robles y a Marcelo D’Alessandro para que se explayen sobre los chats filtrados que los comprometen.
La presidenta de la comisión también aclaró que la intención es que no haya más de 4 testigos por audiencia. En lo que fue un cronograma tentativo, Gaillard adelantó que para el 27 de junio esperan poder citar a gobernadores (no precisó cuáles) y para el 4 de julio a Robles y D’Alessandro. También dijo que para el 6 de julio esperan a Maqueda para que responda por los cargos que se le achacan en el caso de las irregularidades en la Obra Social judicial.
¿Qué se aborda en el capítulo de la coparticipación? El trasfondo que llevó a la Corte a firmar una medida cautelar a fines de diciembre del año pasado por la cual ordenó que el Estado nacional le gire el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad. Eso implica que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta reciba una cifra superior a los $100.000 millones de más sobre lo que ya le ingresa a la Ciudad más rica del país por ese motivo. Y en un año electoral. Fue tan desequilibrada la decisión que el jefe de gobierno porteño y Mauricio Macri festejaron la resolución por las redes sociales. La Corte estableció que la Ciudad reciba aquel 2,95% sin ninguna justificación ni cálculo ni índice hasta que se resuelva la cuestión de fondo, esto es, si se amplían los fondos coparticipables para la Ciudad al 3,50% al cuál lo había elevado Macri por decreto cuando era presidente o si vuelve al 2,3% previo.
En la denuncia contra los ministros supremos por este tema en la comisión de Juicio Política se destaca que la decisión que tomaron fue arbitraria y “pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fundamentalmente, se acusa a Rosatti, Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de arrogarse facultades legislativas que no les corresponden.
A esto se suma la filtración de una serie de chats entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que se refieren al tema, por lo que el oficialismo asegura que hubo un pacto espurio.
“Debemos investigar el acuerdo y la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el diputado del FdT Rodolfo Tailhade durante la reunión de comisión de este jueves. Habló de un "acuerdo espurio" entre la Corte y el sector político que gobierna la Ciudad. “Esa es la hipótesis que debemos investigar y no si el fallo que establece la cautelar se ajusta a criterios jurídicos justos, que desde ya aclaro que no”, añadió. Entre otras cosas, señaló que “la Corte se tomó 2 años para resolver una cautelar que debe ser resuelta en días. Se ve que no había demasiado peligro en la demora”.
Los chats del escándalo
Un apartado central del caso de la coparticipación son los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro. Tailhade se refirió al tema este jueves: “Esos chats dan cuenta de una relación íntima, personal, entre Robles y el beneficiario directo de la sentencia de la Corte, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. A él le iban a ir los 148 mil millones de pesos que ordenó redireccionar la Corte”.
Tailhade afirmó que los chats filtrados reflejan la relación de Robles y D’Alessandro y “que la Corte le daba instrucciones a este sector político con el que tenía este acuerdo espurio”.
Rosatti había sido recusado por los vínculos de Robles con D’Alessandro, luego de la difusión en los medios de la participación de ambos en el cumpleaños de un funcionario judicial porteño. Los jueces de la Corte rechazaron la recusación al considerarla extemporánea. Robles le envió un link con esa noticia al entonces ministro porteño y le escribió: “Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles’”. Luego le daría indicaciones sobre cómo moverse con otro tema que también es causal de mal desempeño contra los ministros supremos en el Congreso: el de la toma por asalto del Consejo de la Magistratura.
Tailhade sostuvo en la comisión que los chats “vienen a ratificar la potencia de un hecho que acá fue tomado muy en sorna, el de la fiestita de cumpleaños en el Four Seasons”. “En esa fiestita de cumpleaños de uno de los ‘huemules’ cayeron juntos Robles y Marcelo D’Alessandro. Esa presencia, que fue pública, fue el motivo de la primera recusación / pedido de excusación de Rosatti”, agregó el diputado del FdT. “Su mano derecha, jefe de su vocalía, es íntimo amigo del que estaba esperando la sentencia de la Corte (sobre la Coparticipación)”, sumó, para hacer más gráfica la connivencia.
El legislador nacional continuó con su relato. Dijo que esa recusación fue rechazada el 8 de noviembre de 2022. Al día siguiente se dio el intercambio entre Robles y D’Alessandro en el que el primero comunica al segundo el rechazo de la recusación de Rosatti. “Todos sabemos que Robles se encarga de operar sentencias en los medios de comunicación”, afirmó Tailhade.
Para Tailhade los chats “deben ser una de las cuestiones principales a definir en la comisión”. A su criterio, no hay ninguna sentencia definitiva que diga que son ilegales ni falsos. “Todo indica que son verdaderos y que es verdadera la connivencia entre la Corte y este sector político de la Ciudad de Buenos Aires”. En esa línea, planteó que para la comisión “es fundamental reservar un día para analizar los chats y las sentencias judiciales” de la Corte y “traer a Robles y D’Alessandro” a declarar. Esa comparecencia fue fijada en un principio para el 4 de julio.
Este planteo provocó la reacción de la oposición.
El diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica fue uno de los que tomó la palabra para cruzar al oficialismo: “Van a usar este tema, que fue por el que se inició el juicio político. Esperaron a julio”, dijo, en referencia a la campaña electoral. “El show que pretenden hacer a partir del cierre de listas no les va a salir. No vamos a pedir testigos. Nos verán acá cuidando la legalidad cuando sea necesario”, agregó.
Por su parte, la diputada opositora Graciela Ocaña se quejó por la procedencia de esos chats filtrados: “No sabemos si los chats son reales o no”, dijo, lo que evidencia que el nuevo capítulo que se abre en la comisión de Juicio Político provocará más de un cruce entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.
La citación de Maqueda
Previo a adentrarse en el caso de la coparticipación, la comisión cerró el capítulo de la Obra Social de los judiciales. Allí se votó un dictamen en el que se describieronn todos los cargos que se le achacan al supremo Juan Carlos Maqueda y en el que se lo citó a comparecer en el Parlamento.
De acuerdo a ese dictamen, “a lo largo del desarrollo de la etapa informativa se ha producido y analizado integralmente la prueba documental, se ha recolectado una gran cantidad prueba de cargo, que abonaron lo manifestado en las respectivas denuncias, prueba informativa y testimonial correspondiente a las irregularidades de la obra social (correspondiente al período abril de 2008- agosto de 2021)”. Se apunta en principio contra Maqueda porque “era supervisor” de la Obra Social judicial “y ejerció actos de señorío durante el período investigado”. No obstante, no se descarta ampliar la acusación contra otros supremos.
Por lo pronto, los cargos contra Maqueda son los siguientes:
1) El incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social y de supervisión lo que afectó el derecho a la salud de los afiliados/as de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En este punto, entre otras cosas, se destaca la “falta de razonabilidad en los criterios denegatorios de prácticas de salud”, el “rechazo injustificado de cobertura de prótesis” y el “atraso y negación arbitraria e injustificada del pago de reintegros”, por citar solo 3 ejemplos.
2) “Haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud”.
3) “Convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, ocupada en forma parcial o precaria, con alto riesgo de concentración de las decisiones y debilidad en la cadena de responsabilidades, todo ello agravado por la situación de pandemia”.
4) “Haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”.
5) “Ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, durante la totalidad del período imputado”.
6) “Haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera”.
7) “Haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación el Decreto 5720/72 y la Ley de Contabilidad 23.354, ambos regímenes derogados por el decreto 436/2000 y ley 24.156 del 26 de septiembre de 1992 respectivamente”.
8) “Haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones de la Obra Social del Poder Judicial”.
9) La “ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional”.
10) “Omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia de la Obra social y de la elaboración de sistema que otorgue previsibilidad, transparencia y eficiencia a los procedimientos de compras y contrataciones”.
11) “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la Obra Social del poder Judicial”.
12) “Violación de deberes y pautas de comportamiento ético”.
13) “Incumplimiento de la ley de datos personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados”.
14) “Consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”.
La oposición salió en defensa de Maqueda. El diputado y alfil judicial del PRO Pablo Tonelli esgrimió el endeble argumento de que otras obras sociales también están repletas de defectos y que no por eso se inician acciones penales contra sus administradores. Su defensa fue cuestionada por los diputados del FdT, entre ellos, Leopoldo Moreau y Vanesa Siley.
Si bien se cerró el capítulo de la OSPJN, se creó una subcomisión para seguir el análisis de toda la documentación que fue reunida por la comisión de Juicio Político en lo que respecta a los desmanejos de la prestadora de salud de los judiciales. Es decir, si bien se dio vuelta la página en el plenario de la comisión para continuar con el proceso, el tema de la obra social se seguirá analizando.
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