El Departamento de Estado de Estados Unidos nunca deja de hacer campaña en otros países. En la teoría de las relaciones internacionales eso está prohibido pero la práctica es bien distinta. Ayer publicó un documento sobre, supuestamente, los Derechos Humanos en Argentina en el 2022. Fue rápidamente levantado por la prensa empresarial local que le provee de informes en su embajada y que tuvo un título bien coordinado: que era un duro informe sobre la corrupción del gobierno y que hay una embestida contra el Poder Judicial. Pusieron un solo caso de funcionarios corruptos: el de Cristina Fernández de Kirchner.
La sincronización fue evidente:
- Clarin: “Mencionan a Cristina. EEUU denuncia grave corrupción gubernamental en Argentina y problemas de independencia judicial”
- La Nación: “Duro informe. Estados Unidos reiteró denuncias sobre la impunidad y la corrupción en la Argentina”
- Infobae: “Los EEUU alertaron sobre los graves casos de corrupción en Argentina y por la embestida del Gobierno contra la Justicia”
El informe es público, está en la web del Departamento de Estado. Tiene 27 páginas y apenas 5 párrafos sobre “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno”. Asegura que “hubo numerosos reportes de corrupción gubernamental durante el año” 2022. ¿Reportes de quién? No lo indica, pero es bastante obvio: los medios que visitan su embajada y quedaron expuestos en los cables filtrados por Wikileaks.
Esta relación entre la Embajada de EEUU y medios la analizan y detallan Martín Becerra y Sebastián Lacunza en su libro “WikiMediaLeaks”, donde dan cuenta tanto de cómo los medios que publicaron esas filtraciones filtraron a su vez lo que podía comprometer a empresas periodísticas sino también como opera el mecanismo entre ellos: “la diplomacia norteamericana se sirve del testimonio de un arco llamativamente amplio de periodistas y políticos en reuniones reservadas como fuente noticiosa, y a su vez constituye una de las más calificadas fuentes del periodismo. Al mismo tiempo, los diplomáticos citan la publicación de noticias en los medios, noticias que ellos mismos en algunos casos motivaron como fuente informativa, para evitar que los cables sean puramente subjetivos. Aunque como se ve, se trata en muchos casos de una subjetividad tercerizada”.
Volviendo al informe del Departamento de Estado, basado obviamente en información de sus diplomáticos, el único caso de corrupción que mencionan es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Subjetividad tercerizada. Dan cuenta de la causa Vialidad e informan que CFK fue condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Detallan a su vez que CFK y sus hijos “enfrentan otros cuatro casos de corrupción”, que deben ser Hotesur y Los Sauces. El apartado era sobre ex funcionarios con causas por corrupción pero solo hablan de Cristina; nada, pero nada, de Mauricio Macri. Menos aún de alguno de sus funcionarios. Obviamente se les pasó por alto que en octubre de 2022 esos jueces y fiscales que persiguen a Cristina viajaron a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Eso parece que no es corrupción.
Como en la novela de policial negro, para entender de qué va la cosa siempre hay que seguir la pista del dinero. La pista del dinero, cuando se trata de Estados Unidos, es una cuestión de Seguridad Nacional. Y en sus lineamientos de Seguridad Nacional figura cómo utilizan el supuesto combate contra la corrupción para la intervención en otros países, así como en épocas anteriores lo hicieron con la lucha contra el comunismo y la guerra contra las drogas, y las vinculación de la cuestión de la corrupción con el doble objetivo de frenar el cualquier avance de China en la región y asegurar los negocios para las empresas estadounidenses. No es conspiración, está todo en los documentos públicos.
En la web de la Casa Blanca se pueden leer los documentos con la “Estrategia de Seguridad Nacional” (National Security Strategy) de Estados Unidos desde la administración de Ronald Reagan a finales de los 80 hasta la actual de Joe Biden .
La última publicación es la Estrategia de Seguridad Nacional del actual presidente de Estados Unidos, publicada en octubre de 2022. Allí afirman que:
- tienen “la lucha contra la corrupción como el nucleo de interés de Seguridad Nacional”
- “la estrategia para combatir la corrupción reconoce la amenaza única que significa la corrupción para su Seguridad Nacional”
- “Estados Unidos va a elevar y expandir la escala de sus compromisos diplomáticos y de su asistencia exterior, incluso capacitando a gobiernos socios para combatir la corrupción en cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos”
- “Haciendo todo esto en coordinación con nuestros aliados y socios, vamos a establecer reglas de juego justas mientras a la vez sostenemos nuestras ventajas económicas y tecnológicas y damos forma a un futuro definido por la competencia justa, porque cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan”.
- “Juntos, apoyaremos una efectiva gobernabilidad democrática que responda a los intereses de los ciudadanos, que defienda los derechos humanos y combata la violencia de género, aborde la corrupción y los proteja frente a interferencias y coerciones externas, incluyendo las que sean de China, Rusia o Irán”
Biden-Harris, 2022, corrupción, negocios para sus empresas y limitar la interferencia de China. Pero no es nuevo y sus predecesores fueron aún más explícitos. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, en la administración Donald Trump, hay un apartado de “Lucha contra la corrupción extranjera” donde afirman:
- “Utilizando nuestras herramientas económicas y diplomáticas los Estados Unidos continuaran apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocios transparente”.
Directo: “apuntando contra funcionarios extranjeros”. La administración Obama también tuvo lo suyo. En su Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 escribieron:
- “Vamos a promover el reconocimiento de que la corrupción generalizada es una violación a los derechos humanos básicos y un severo impedimento para el desarrollo de la seguridad mundial. Vamos a trabajar con gobiernos y la sociedad civil para lograr más transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos gubernamentales, los gastos y los patrimonios de los funcionarios públicos. Y vamos a institucionalizar prácticas transparentes en torno a los flujos de ayuda internacional, la política fiscal y la participación del sector privado en torno a los recursos naturales para que sea más difícil que los funcionarios roben y fortalecer los esfuerzos ciudadanos para que sus gobiernos les rindan cuentas”.
Corrupción, intromisión a través de la sociedad civil (algo que se profundizó y mucho durante la gestión Obama) y, ya por entonces, el interés en los recursos naturales.
Desde la USAID, que es el lobo vestido de cordero que ofrece ayuda para el desarrollo y es en realidad otra herramienta de intromisión de Estados Unidos en otros países, publicaron un Plan Estratégico 2018-2022. Escribieron que:
- “Nos enfrentaremos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad, permite las TCO (Organizaciones Criminales Trasnacionales) y genera desventajas para las empresas estadounidenses”
- “La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir”
- “Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir”
Son solo algunos ejemplos, todos de documentos públicos, que evidencian que el combo corrupción-China-negocios de empresas estadounidenses es, para los Estados Unidos, un tema de seguridad nacional. Difundir sus informes sobre la corrupción en Argentina, y sobretodo a quien apuntan, sin darle este contexto, es simplemente ocultar su verdadero significado.
Los documentos son claros. El discurso de la corrupción no tiene un objetivo ético sino el ingreso de las compañías norteamericanas para el control de activos estratégicos. No es que no exista ningún caso de corrupción, pero su generalización y, más aún, el apuntar directo contra CFK (sobre la cuál no hay ninguna prueba en ninguna de las causas que le armaron) en sus informes sobre la corrupción en Argentina, tienen un sentido claro. Es más: en ese afán no sólo fueron por Cristina sino también por algunas de las empresas más grandes del país. La causa Cuadernos hizo desfilar por tribunales no sólo a funcionarios sino a buena parte del gran empresariado argentino.
El rol de los embajadores de Estados Unidos fue clave. En la era Macri el enviado fue Edward Prado, un ex juez de Texas que en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense dijo: “Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”. ¿Qué tenía que hacer un embajador de EEUU en la mejora del sistema judicial argentino? Pregunta para los jueces y fiscales habitués de los cócteles del 4 de julio en la Embajada.
Pero tan o más interesante es el caso del predecesor de Prado, Noah Mamet. Tras terminar su gestión como embajador Mamet no se fue sino que se instaló en el país con el objetivo de tejer negocios para empresas de Estados Unidos. Trajo con él a DLA Piper, un estudio global, que concretó una alianza con Cabanellas, Echebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, uno de los estudios más importantes de la city porteña.
Un dúo perfecto para cumplir los objetivos de Seguridad Nacional: combatir la corrupción (Prado y su mejora del Poder Judicial) y abrir negocios para las empresas norteamericanas (Mamet y su estudio de abogados).
La pista del dinero no termina allí. Esos documentos de Seguridad Nacional dicen que “China busca llevar la región (Latinoamérica) a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado”. Hay numerosas menciones al gigante asiático y con razón. En 2022 China fue el segundo socio comercial argentino en exportaciones, con el 9% del total, y el primero en importaciones, con el 21%. Estados Unidos está tercero en ambas categorías.
En 2022 Argentina realizó exportaciones a China por 8.021 millones de dólares e importaciones por 17.516 millones. La balanza comercial fue sumamente negativa, de 9.494 millones de dólares a favor de China. Pero el país asiático tiene, como bien prevéen los documentos de Seguridad Nacional de Estados Unidos, intenciones de invertir en el país en energía (Represas, Atucha III y Litio) y telecomunicaciones.
El intercambio con Estados Unidos fue menor. Se hicieron exportaciones por 6.589 millones de dólares e importaciones por 10.263 millones de dólares. La balanza comercial también es desfavorable en 3.674 millones de dólares.
Argentina es un país con recursos que interesan a ambas potencias, en especial en cuestiones vinculadas a recursos naturales y energía, principalmente litio. Ya lo expresó la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en su visita a la Argentina. Dijo que China “expande su influencia” en Sudamérica, señaló que el triángulo del litio acumula el 60% de reservas del mundo y que “Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y (nuestros adversarios) están sustrayendo recursos a estos países y a su gente, que están tratando de producir, a estas democracias que están tratando de contribuir a sus pueblos”. Es evidente que no le preocupan estas democracias sino que los recursos de sus suelos.
Este es el contexto global, la puja entre dos potencias, una en decline y la otra en ascenso. La prensa empresarial argentina elige no mencionarlo y funcionar como polea de transmisión de la agenda del Departamento de Estado, cuyas fuentes son a su vez estos mismos medios. Una rueda que se retroalimenta, que propaga información sin contexto pero con objetivos bien claros. Solo hay que leer.
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