Una mala noticia para Mauricio Macri. El juez Pablo Cayssials resolvió que se reabra la investigación contra las funcionarios cambiemitas que aceptaron la oferta de pago de la deuda del Correo que implicaba una quita de más de 70.000 millones de pesos. Se trata de un sumario que fue cerrado por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. Macri le había delegado la firma porque tenía un evidente conflicto de interés ya que sus familiares eran accionistas de Correo Argentino. Fue un reconocimiento a que sus intervenciones anteriores en el caso beneficiaban a su familia. Ahora la Justicia anuló el decreto que cerró la investigación.
Este fallo, revelado por el portal Palabras del Derecho, llega por la insistencia del fiscal Sergio Rodríguez, que comanda la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La PIA, una fiscalía anticorrupción, intentó investigar las responsabilidades de los funcionarios PRO que participaron de la aceptación de la propuesta de pago que hicieron los Macri. Nunca lo dejaron. Hoy ya está demostrado en todas las instancias judiciales que esa propuesta era abusiva y ruinosa para las arcas públicas.
No podrán decir que el juez Cayssials es kirchnerista. Es el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual y fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó. Y no es la primera vez que interviene en cuestiones vinculadas al Correo. Tuvo en sus manos una de las demandas de los Macri contra el Estado y le habilitó la continuidad en el cargo a la camarista Maria Lilia Gómez Alonso luego de los 75 años que marca la Constitución. Se trata de la histórica aliada de Macri en el expediente Correo y que finalmente tuvo que jubilarse.
La cronología de este caso es la siguiente. El 10 de febrero de 2017, a dos días de conocerse la maniobra de Macri para condonarle la multimillonaria deuda con el Estado a su familia, el fiscal Rodriguez le pidió a la Procuración del Tesoro (PTN), que es la cabeza de los abogados del Estado, que iniciara un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador.
El entonces procurador Carlos Balbin le dio curso a la investigación, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que depende directo del presidente. Fue su catapulta fuera del gobierno. Macri lo desplazó y nombró en su lugar a Bernardo Saravia Frías, que supo ser abogado de las empresas familiares. “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías apenas llegó a la PTN. Hizo los deberes y el 3 de mayo de 2018 cerró el sumario que había iniciado Balbín, pero el fiscal Rodriguez apeló. Ante esto, la decisión quedaba en manos del entonces presidente Macri.
El 4 de octubre de 2018 Macri se excusó de intervenir y le delegó el caso a Michetti. En el decreto 882, donde se excusó, Macri escribió que en tanto sus familiares “mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de CORREO ARGENTINO S.A., considero encontrarme alcanzado por el deber de abstención que dicha norma legal (la ley de Ética Pública) impone, motivo por el cual, razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”.
Lo cierto es que fue la única vez que Macri se excusó. Y al hacerlo reconoció que en todas las anteriores violó la ley. Esto incluye la aceptación de la propuesta que implicaba una quita del 98.82% de la deuda, sus declaraciones de que el expediente volvía a foja cero (algo que él no decidía pero dijo igual) e incluso la confesión de su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que en un escrito reconoció que actuaba "siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”.
Todo indica que Michetti también siguió las instrucciones de Macri. El 12 de octubre de 2018 firmó el decreto 907 que cerró el camino del sumario a los funcionarios que intentaron beneficiar a la familia Macri.
En los considerandos Michetti puso que “en la investigación sumarial, se tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del ESTADO NACIONAL, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable”. O sea, dice que todo fue responsabilidad de Aguad.
El portal Palabras del Derecho señaló que el fallo marca que “durante la investigación del sumario administrativo contra los funcionarios investigados -Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottard- no se le permitió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la posibilidad de ofrecer y producir prueba, lo que configura ‘un abusivo comportamiento por parte de la Administración’. Por esos motivos, Cayssials consideró que la violación al derecho de defensa que implicó dicho cercenamiento, generó una afectación al ‘debido proceso adjetivo’ que no puede remediarse en el ámbito judicial, motivo por el cual el magistrado se inclinó por declarar la nulidad del acto administrativo que cerró el sumario”.
El sumario debería reiniciarse dentron de la PTN, actualmente a cargo de Carlos Zannini. La incógnita es si abarcará a los funcionarios Mocoroa y Gottard o incluirá a Michetti e incluso a Macri, partícipes necesarios de toda la maniobra.