Hace unos días y en medio del escándalo por los múltiples casos de espionaje ilegal Mauricio Macri lanzó un contraataque en la causa Correo Argentino que, tal como reveló El Destape, consistió en una denuncia en Comodoro Py que busca obstaculizar la intervención de la empresa dispuesta por la Justicia. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. Fue a través de Carlos Zannini, que interviene en este expediente como Procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. Zannini pidió y logró que, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se habilite la feria judicial para que avance al intervención de la empresa de los Macri.
“La formulación de denuncias destinadas a arrojar sombras sobre lo actuado en tal sentido no puede constituir la excusa para nuevas dilaciones”, dice el escrito presentado por Zannini ante el fuero comercial, donde tramita la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado. Se refiere a la denuncia de Socma Americana por la cúal, como informó El Destape, el fiscal Carlos Rívolo coordinó con los abogados de la familia Macri para complicar el trámite judicial que lleva casi 19 años. Rívolo pidió todos los papeles vinculados a la intervención de Correo Argentino; los abogados de los Macri pidieron que la intervención se anule.
La jueza Marta Cirulli, que está al frente de la causa por la deuda de los Macri, aceptó el pedido de Zannini y ayer habilitó la feria judicial. Mala noticia para Macri, ya que eso implica que avance la intervención de la empresa. Vale recordar que, como informó El Destape, la jueza Cirulli dispuso la intervención primero parcial y luego total de Correo Argentino, lo que implica el desplazamiento de los directivos que quedaban en la empresa y aún respondían a la familia Macri. El primer interventor fue Carlos Ferrario, que luego de varios informes dejó la tarea. Fue sorteada como nueva interventora Flor Inés Farber, que hasta ahora no tocó el expediente amparándose en la feria judicial pero ahora deberá actuar. Y los Macri no quieren.
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“Resulta imprescindible y urgente concretar el apartamiento de las autoridades actuales del Directorio de Correo Argentino y efectivizar la intervención encomendada a la funcionaria designada regularmente por sorteo”, concluye el jefe de los abogados del Estado en su escrito. Con la habilitación de la feria judicial esto avanzará.
Los argumentos que presentó el Gobierno a través de Zannini son claros: que es tema que “no admite demoras”, que es “un proceso concursal cuyo trámite ha sido alterado y distorsionado” y lleva 19 años, que es una demora “sin precedentes” y que “los acreedores se encuentran expuestos a una situación de denegación de justicia” ya que “cada día que transcurre genera una licuación mayor del crédito de los acreedores, entre los que se encuentra el Estado Nacional”. Esta última frase puede relacionarse con el caso Vicentín donde de no mediar una intervención puede terminar en un nuevo Correo Argentino, que lleva casi 19 años sin pagar sus deudas con el Estado.
“Basta con que transcurra el tiempo para que los representantes de la Concursada vean satisfecho su reprochable objetivo de burlar el derecho de los acreedores”, dice el escrito presentado por Zannini. “Además -agrega- las actuaciones dan cuenta de la evidente actitud obstruccionista de la representación de la Concursada (los Macri), que no sólo no colabora con el tribunal para el esclarecimiento de su real endeudamiento, sino que, peor aún, incurre en conductas cuyo único fin es el de impedir el avance del proceso hacia su etapa final, ya sea a través del cramdown o de la declaración de quiebra, pero en cualquiera de los casos, dando una respuesta a los acreedores”.
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