El gobierno de Santa Cruz expresó su repudio ante "una posible comisión del delito de cohecho" en operaciones de venta de carbón de baja calidad de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la empresa israelí TEGI. Según trascendió, esta compañía propuso comprar 30 mil toneladas por US$ 2.1 millones, pero la operación se cayó tras un presunto pedido de dinero de intermediarios que pretendían hasta US$ 30.000 para que se realice.
"Este gobierno de Santa Cruz no acepta, ni avala, ni comparte, ni legitima, episodios de corrupción. Este gobierno, es particularmente inflexible a la hora de transmitir, proponer y ejercer claridad en los actos públicos, tanto de orden administrativo, como en los procesos o procedimientos de compra en los que está involucrado el Estado", afirmó en un comunicado el Gobierno santacruceño. La provincia exigió que la Justicia inicie "de inmediato un proceso de investigación" para esclarecer "la posible comisión de los delitos" y "la cadena de responsabilidades". Y agregaron: "Desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas".
En el texto, la provincia patagónica planteó que evaluará con su equipo de asesores legales la posibilidad de "presentarse formalmente en la Justicia para ser parte querellante y pedir que se aclare este desagradable y repudiable episodio que se ha divulgado" y pidió que el gobierno nacional accione en caso de que sea verídico. "Si llegara a ser cierta la denuncia, si son veraces los audios y se constata el pedido de cohecho, pedimos al Gobierno Nacional que actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas. No somos ni seremos parte de un hecho de corrupción", remarcaron.
En junio pasado, la empresa israelí TEGI presentó una oferta para adquirir 30 mil toneladas de carbón producidas por la compañía estatal patagónica YCRT -dirigida por el interventor Thierry Decoud-, lo cual fue considerado como una oportunidad para la minera provincial. Sin embargo, la operación se frenó. Desde la gobernación resaltaron que "los principales perjudicados" por la denuncia son "los habitantes y los vecinos" de la provincia, porque el distrito requiere la "reactivación" de la empresa. "Si esta operación de compra se demora o se detiene, los únicos perjudicados somos los santacruceños. Santa Cruz necesita que YCRT se reactive. Santa Cruz necesita volver a producir. Santa Cruz necesita una industria firme. Y vamos a dejar lo último de nuestro aliento para poder llevarlo a cabo", señalaron.
En ese sentido, el gobierno de Claudio Vidal subrayó que desde que asumió en diciembre pasado realizó "un grandísimo esfuerzo, junto a los trabajadores" para "recuperar la producción de carbón, ya que hace mucho tiempo no se extraía". "Es lamentable que ese importante esfuerzo que se viene haciendo, se eche a perder de esta manera", agregaron.
Según una publicación de Clarín, la venta se frustró por la aparición en la negociación de los intermediarios Andrés Gross y Alejandro Salemme, quienes habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concrete. Esa suma oscilaría entre US$ 20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.
En una grabación reproducida por ese medio, Gross y Salemme negocian con Agustín Yarke, representante de TEGI en el país. "Cuando yo te dije y te puse las condiciones para negociar con YCRT vos dijiste que 'teníamos un contacto pero hay un problema diplomático porque la gente que esta ahora no va a estar mas', yo te dije la gente que está ahora va a estar y es con la que podemos hacer negocios y cerrarlo", se escucha en la grabación a Gross, en conversación con Yarke, quien le responde. "Yo estoy haciendo esto porque me lo solicitan a mi por puente diplomático. Me llamó Paula de Cancillería para decirme 'Agustín tenemos este producto para comerciar con ustedes', se lo presentaron a Israel y a mi no me dejaron otra opción. Ni siquiera soy yo el que realiza la oferta, sale de la presidencia de la compañía", aclara el representante, y luego sigue sorprendido: "Que alguien que tiene estructura dentro de la compañía me llame para decirme que tengo que ir por esas vías, cuando estoy yendo por vías oficiales...".
En ese momento, es interrumpido por Gross: "Nunca dije que estaba dentro de la compañía, es una compañía estatal y no pagan comisiones. Es un tema político como bien dijiste. A mi me llama Alejandro (Salemme) y me pide la venia y el ok del que decide". Luego, según esa misma publicación, Gross reconoció haber cometido un error al exagerar su influencia en la negociación. “Me fui de boca, es cierto. Yo no tenía ningún respaldo, pensé que Salemme lo tenía”, explicó Gross según Clarín, y agregó que si hubiera tenido esa "injerencia" la operación ya estaría "cerrada".
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