La Justicia resolvió inhibir los bienes de la familia de Rodrigo Sbarra, el descuidado exfuncionario macrista que olvidó un sobre con US$ 10.000 en su despacho una vez abandonado el Gobierno. Hace unos meses, se dispuso una medida similar respecto de su persona y ahora se resolvió hacerla extensiva a Clarisa Camacci, su esposa, con quien comparte la titularidad de lotes que están en investigación por una presunta maniobra de lavado de activos. En paralelo, y pese a los esfuerzos de la defensa, se confirmó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa.
Sbarra, ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción, registró un increíble aumento patrimonial desde su ingreso a la función pública, momento en el que declaró bienes por $1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen S.A. y un departamento de 62 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $930.000. Cuatro años después, finalizada la gestión, su declaración jurada mostró bienes por $30.532.773 y solamente en 2019 ganó cinco millones de pesos.
La investigación busca determinar si Sbarra, mientras fue funcionario macrista, recibió una cantidad de dinero no precisada cuya procedencia no está justificada ni declarada, que luego puso en circulación mediante la compra de propiedades, construcción y remodelación de inmuebles. Acciones que tampoco están reflejadas en sus DDJJ. Entre ellas se encuentran la adquisición y pago de un lote en el predio Nordelta, entre 2016 y 2019, y refacciones a una mansión ubicada en Navarro, ambos en provincia de Buenos Aires.
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Entre el patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción figuran un departamento de 185 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160); dos terrenos en Navarro que ahora miden 620 m2 cada uno, y están cotizados en $238.000 y $524.000, respectivamente; un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $2 millones; bienes de hogar por $816.018; depósitos de dinero en el exterior por $6,2 millones; depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164; depósitos en dólares en el país por $6,8 millones; una deuda con el banco BBVA por $9.402 y una deuda con José Alberto Sbarra, su padre, US$5,1 millones.
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La titularidad de los lotes fue y es compartida con su esposa Clarisa. Sobre ellos, sostiene el fallo de la Sala II de la Cámara Criminal Correccional y Federal, se constituyó una propiedad familiar suntuosa. Entendiendo ésto, se sostuvo que "si las sucesivas mejoras realizadas sobre las parcelas de terreno coincidieron con el tiempo en el que Sbarra se desempeñó como funcionario público (entre 2016 y 2019) y si a esta altura se encuentra bajo estudio el origen de los fondos utilizados, es razonable extender la medida a la cotitular de los bienes -que, como ya se dijo, habría intervenido de manera activa en el incremento de su valor- en procura de su debido resguardo".
Por eso, se resolvió extender la inhibición a su pareja y pidió avanzar con una investigación sobre José Sbarra, padre de Rodrigo, Claudio Daniel Giménez, presunto valijero de un sistema de recaudación ilegal promovido por los exministros Dante Sica y Francisco Cabrera y la compañía Arquigreen S.A. Además, se recomendó orientar la investigación hacia otras propiedades no declaradas.
Desde la UIF también apuntaron a tres órdenes de pago por US$ 1.000.000 emitidas por Sbarra desde una cuenta de Bank Of America con sucursal en el estado de Nueva York, EEUU recibidos por el denunciado en su cuenta del banco BBVA Francés. Ocurrió entre 2018 y 2019 y las cuentas no habrían sido declaradas. Similar a lo ocurrido con una propiedad ubicada en la calle Northeast 102nd St, Miami, donde hay un inmueble valuado en unos 850.000 dólares, cuya titularidad podría corresponderle y que también habría omitido declarar.
Al mismo tiempo, la Justicia ratificó al organismo antilavado como querellante pese a los esfuerzos de la defensa de Sbarra por correrlo de la investigación. Se definió que su intervención no impide la defensa del imputado, ni restringe garantías o derechos ni atenta contra el debido proceso.
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