La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Mauricio Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros funcionarios de Cambiemos por defraudar al Estado con la subasta, a precios inferiores a su valor real, de terrenos en distintos puntos del país los cuales fueron adquiridos, en su mayoría, por aportantes de la campaña presidencial 2019 del fundador de Juntos por el Cambio y personas vinculadas con funcionarios de su Gobierno. El caso más paradigmático es el de Catalinas Norte, donde se dio una suerte de pasamanos. Se vendieron terrenos a empresas amigas para financiar la megaobra del Paseo del Bajo, revalorizar la zona y garantizar a los empresarios un retorno mucho mayor al invertido. Se estima un perjuicio de más de 74 millones de dólares, o sea unos diez mil millones de pesos a cambio actual. Estas maniobras no fueron investigadas por la extitular del organismo, Laura Alonso, que prefirió no querellar contra el macrismo para no pecar de parcial. Pecado que cometió luego de confesar que podría enamorarse del hombre de Boca Juniors.
Según explicó el organismo, que partió de datos de la Sindicatura General de la Nación y una auditoría interna de la AABE, los autores de esta maniobra perjudicial para el Estado recurrieron al engaño de fijar la base de la subasta en una suma superior al valor del mercado para simular la protección del patrimonio estatal pero, en realidad, garantizaron que no hubiera puja alguna – o simulara su existencia - mediante el direccionamiento de los remates. A veces hubo sólo una oferta. Gracias a estas pantallas, los inmuebles fueron adjudicados por el valor de base, o apenas superiores a éste, pero siempre por debajo de los fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini y el fiscal interviniente es Gerardo Pollicita. Por la incipiente investigación están imputados Macri, Peña, Frigerio Ramón Maria Lanus García Llorente, expresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el exvicepresidente del organismo, Pedro Comín Villanueva, y su exdirector de Gestión Patrimonial, Ramón García Llorente. Todos acusados de la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El caso Catalinas Norte II
Se trató de una devolución de favores. Vendieron lotes baratos a empresas amigas para financiar las obras del Paseo del Bajo y, como gentileza por la ayuda, revalorizar el sector dándoles una ganancia abismal en el tiempo. O sea, saldo positivo por dónde se lo mire: poner poca plata para obtener una gran ganancia. Como siempre, el que perdió fue el Estado. Por seis parcelas subastadas, la SIGEN calculó una pérdida de U$S 52.359.919,92 para la Argentina.
Por si quedaban dudas sobre este pasamanos, el propio Gobierno informó en ese momento la subasta de la última parcela de Catalinas Norte por más de 91 metros cuadrados. “El total de lo recaudado con la venta contribuye a financiar el 50% de la megaobra del Paseo del Bajo, inaugurada el pasado mes”. La publicación es del 25 de junio de 2019.
La operación comenzó en 2017 y de las 6 parcelas subastadas, tres fueron adjudicadas a CONSULTATIO ARGENTINA S.A.U., dos a FIDEICOMISO BAP y una a TGLT S.A. Pese a que hubo muchas audiencias sobre estos terrenos, las empresas mencionadas fueron las únicas habilitadas para participar de las subastas. Veamos otros de los regalos en torno a Catalinas Norte.
La empresa TGLT pertenece a un fondo de inversión llamado Point State que se dedicó a hacer inversiones quirúrgicas durante el Gobierno de Macri. En cuestión de meses, mientras se hacían las operaciones de subastas, TGLT compró a CAPUTO S.A.I.C., que ya no tiene a Nicky al frente pero conserva a sus directivos. El hermano del alma de Macri huyó a Miami en plena pandemia, con un millonario vuelo privado para él y su familia.
Uno de los datos a tener en cuenta, según destacaron fuentes consultadas por El Destape, es la ley de Reparación Histórica, la que incluyó el blanqueo de capitales M. El mismo estipuló tres formas de ingresar dinero no declarado sin ser penalizados: fondos de inversión cerrados para el desarrollo inmobiliario, energético y Pyme producción.
TGLT, que compró a CAPUTO, ganó una de las parcelas y la cedió, meses más tarde, al Fideicomiso Financiero BAP, del que también es fiduciante junto a Edmond Safra, primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, mejor amigo de Macri y dueño de la casa de Cumelén donde el expresidente descansó muchas veces. Todo entre familia. Esa parcela puntual había sido tasada en 53 millones de dólares, la subasta puso un piso de 40 millones y se vendió por sólo 500 mil dólares más, generando una pérdida de casi 13 millones para el Estado. Algo que aprobaron Frigerio y Peña.
Otra de las parcelas quedó en manos de Consultatio, uno de los mayores aportantes de campaña de Juntos por el Cambio cuyos socios, al menos hasta abril de 2018, fueron Eduardo Constantini y Carlos Anibal Reyes Terrabusi. Éste último, además, es socio del tío de Macri en dos empresas, pero también está asociado al primo de la madre del expresidente y al primo segundo de éste. El inmueble que adquirió la compañía fue adjudicado a 10,85% por debajo de su valor real.
La misma empresa adquirió otro de los lotes por 19,12% menos del valor venal y no hubo otro oferente. Ambiciosa, Consultatio también se quedó con una parcela por 24,70% menos del valor estipulado y el otro oferente fue, casualmente, TGLT S.A. Siempre los mismos nombres.
El Fideicomiso BAP, controlado por el fondo que preside Safra, cercano a Macri, se quedó con un lote por 13,42% menos del valor real sin otro oferente y, bajo circunstancias similares, se quedó con otro inmueble por un 16,23% menos de lo que valía. Safra es un apellido repetido. A fines de 2015 Gianfranco Macri (hermano de Mauricio) transfirió U$S 4 millones del Banco UBS de Alemania al Banco Safra, en Suiza, para después entrar al blanqueo de su hermano.
Terrenos en CABA
En 2016, Fernando Caminal, primo hermano de Eduardo Caminal, secretario político del PRO en Entre Ríos y amigo de Ramón María Lanús, según la denuncia, se quedó con un inmueble ubicado en Solís 600 por un 27,9% menos de su valor de mercado, sin otro oferente en la subasta. La misma fue ganada por Big Real State S.A., de Jorge González, que cedió el espacio al Fideicomiso Solís 600, cuyo fiduciante es Fernando Caminal.
En otra de las subastas, en este caso de 2017, Oscar Alfredo Remorino adquirió un terreno en Chacabuco al 100 por un 29,07% menos del valor real sin otro oferente en puerta. Se trata de una persona que entre 2012 y 2016 facturó $51 millones al Gobierno porteño por servicios de mantenimiento en la Villa 31, fue investigado por lavado de dinero y mantiene contactos estrechos con Diego Santilli y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del macrismo, según consta en la denuncia.
MÁS INFO
También en Córdoba
En este caso se investigan las subastas de 51 lotes pertenecientes a un inmueble cuya superficie total es de 12.320 hectáreas, a unos 250 kilómetros de la capital provincial. Veinticuatro de ellos fueron adjudicados a privados por un 20% menos del valor fijado por el Tribunal Nacional de Tasaciones o cuyas hectáreas se vendieron a menos de 8.900 dólares, cuando el valor había sido fijado en más de 15 mil dólares.
En la denuncia, la OA agrupó a los diferentes adjudicatarios en base a sus relaciones familiares y societarias. De ese análisis surgió que el grupo más beneficiado está vinculado con la sociedad la Cebadilla S.A. que formaría parte del grupo Blanco Villegas, familia Macri, con la compra de nueve lotes. Cinco de ellos fueron señalados por haber sido adquiridos a un valor inferior al establecido, en los que no hubo puja o pujaron entre ellos.
Cerrar sesión