El juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó este lunes sin prisión preventiva al exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por supuesta "administración fraudulenta" en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes, según el fallo al que accedió Télam.
El ex funcionario fue apuntado por haber avalado una negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Por el mismo motivo, Canicoba procesó anteriormente al ex director de Vialidad Javier Iguacel, y el ex Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En la misma causa está señalado el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La causa investiga maniobras defraudatorias que tuvieron como víctimas a las arcas del Estado llevadas a cabo por los entonces funcionarios públicos que intervinieron en las negociaciones y el procedimiento de renegociación del contrato de concesión del acceso norte y del acceso oeste. El magistrado consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los señalados participaron en la comisión de los delitos investigados.
Las empresas presentaron, pocos días después de la asunción de Macri, una llamativa denuncia contra el Estado ante los tribunales del CIADI en reclamo por presuntos incumplimientos del contrato de concesión. Esto abrió la puerta a una renegociación por parte del macrismo que les garantizó la extensión de la concesión y una rentabilidad de 8,5% anual en dólares.
El viernes pasado, el ex funcionario entregó un escrito de 130 páginas que fue incorporado por sistema y se negó a contestar preguntas, según informaron fuentes judiciales.
En el escrito, rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria, a la vez que recusó al juez Canicoba Corral por "parcialidad manifiesta" y por el supuesto "manejo arbitrario" del expediente, explicaron fuentes del caso.
El rol de Dietrich
Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.
Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que las empresas --que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el ex presidente-- formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.
Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas recién después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.
En su defensa, sin embargo, Dietrich sostuvo que le ahorró al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales".
La declaración choca en el expediente con la del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien enumeró los motivos por los cuales la demanda de Abertis (empresa asociada de Ausol) ante el CIADI no lograría prosperar.
Balbín, de hecho, debió abandonar su cargo luego de manifestarse en contra de ceder ante reclamos como el de las concesionarias de peajes y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien días atrás fue procesado en este expediente, acusado de convalidar actos que afectaron los intereses del Estados.
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