El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva al ex procurador Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa que investiga la renegociación de contratos de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
Según informaron a Télam fuentes judiciales, por la misma causa también está complicado el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que tiene prohibida la salida del país, al igual que su par de Transporte, Guillermo Dietrich.
La causa investiga maniobras defraudatorias que tuvieron como víctimas a las arcas del Estado llevadas a cabo por los entonces funcionarios públicos que intervinieron en las negociaciones y el procedimiento de renegociación del contrato de concesión del acceso norte y del acceso oeste. El magistrado consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los señalados participaron en la comisión de los delitos investigados.
El Destape reveló en su momento que la renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL), en donde SOCMA fue accionista hasta después de la renegociación, y con Grupo Concesionario Oeste (GCO), ambas controladas por Abertis, y apuntaron a garantizarles el recupero de las supuestas inversiones que hicieron desde 1994, cuando Carlos Menem les dio las concesiones de los accesos Norte y Oeste, respectivamente. AUSOL reclama 499 millones de dólares, GCO otros 247 millones, y el Gobierno de Macri les reconoció esos montos. Como las concesiones vencen a finales de 2018, la solución que acordaron Macri y Abertis para que acepten ese dinero es prorrogarlas hasta el 31 de diciembre del 2030 con las tarifas dolarizadas y la garantía de parte del Estado de asegurarle una rentabilidad del 8,5% anual en dólares.
En la causa, los denunciantes indicaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri como presidente. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el Gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Iguacel ocupó en 2016 la administración de la Dirección Nacional de Vialidad y su gestión fue denunciada por los trabajadores de vialidad por llevar adelante un vaciamiento del organismo. En 2019 el fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunció penalmente por el delito de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes de funcionario público", debido a la polémica "compensación por la devaluación del peso" retroactiva a las compañías distribuidoras de gas que generó una fuerte suba en las boletas del servicio de hasta el 50%.
En 2017, estuvo en la mira por un puente ferroviario por el cual no podían pasar los trenes. El organismo admitió un "error de cálculo". En total la obra vial costó 1200 millones de pesos. En de 2018, a través de una resolución dictaminó el cierre de cinco colegios industriales que ofrecían tecnicaturas de nivel terciario orientadas al trabajo en la obra pública –que no se dictan en ningún otro establecimiento– que funcionan desde 1947. Estos cierres dejaron sin trabajo a 300 docentes y a la deriva a 1200 alumnos.
Como ministro de Energía durante escasos meses del 2018, anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que dependen de garrafas para acceder al combustible domiciliario.
Dujovne ocupó el Ministerio de Hacienda hasta el 2019, cuando presentó su renuncia por la nefasta gestión que llevó adelante por tres años: la inflación más alta en 27 años, una suba de la desocupación que llevó al 10% mientras que la pobreza llegó al record de 32%. Además de un fuerte aumento del déficit cuasi fiscal que llegó 4% del PBI, con intereses mensuales que rondaban los 83 mil millones y fue el responsable del acuerdo con el FMI.
El ex funcionario quedó involucrado en la causa porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda.
Según explicó Página12, en su momento, Hacienda no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional -bajo la dirección de Javier Iguacel- contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión.
Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
En tanto, Dietrich fue uno de los pocos ministros que acompañó los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri. Su gestión como ministro de Transporte es recordada por el tarifazo aplicado al transporte público, un aumento de más del 300%. En su segundo año de gestión varias empresas de ómnibus entraron en una crisis, lo que llevó a que se eliminaron frecuencias de colectivos, golpeando la rentabilidad de las empresas llevando a que se renueven 200 unidades frente a las 1.800 necesarias para mantener actualizada la flota.
El ex funcionario quedó implicado en la causa ya que le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia ficticia para justificar el cobro de ese dinero.
Macri, de la mano de los imputados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma SA, vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400% más.
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