Los exfuncionarios macristas Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías recibieron buenas noticias judiciales este jueves. La Cámara Federal porteña confirmó su falta de mérito en el caso “Peajes”, donde se investigan presuntos delitos cometidos en la renegociación de los contratos de concesión del acceso Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. Los montos en juego rondan los U$S 1.000 millones. De acuerdo a la denuncia que abrió esta causa, entre los beneficiarios de las maniobras figuran el Grupo Albertis y el Grupo Macri.
La decisión de dictar la “falta de mérito” fue tomada por mayoría, con los votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. En disidencia se manifestó su colega Roberto Boico. Se trata de una causa en la que se investigan las maniobras por las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste hasta 2030, supuestamente provocándole un perjuicio patrimonial al Estado.
Irurzun y Farah ratificaron lo dispuesto en primera instancia por la jueza María Eugenia Capcuhetti, para quien no había elementos suficientes para procesar a los acusados pero tampoco para sobreseerlos. “En el actual estado del caso, resulta razonable la posición que ha adoptado la magistrada. Lo es, centralmente, por dos cosas: primero, porque se mantienen en pie interrogantes sobre los aspectos medulares de los cargos formulados; y segundo, porque los cursos de acción concretos que se ordenaron, apuntan en forma directa a lograr un conocimiento mayor que permita contestarlos, sea en forma incriminatoria o desvinculante. La investigación tiene bases específicas sobre las cuales avanzar y, ante el escenario existente, sería en este momento apresurado inclinarse por alguna de aquellas alternativas”, señalaron los camaristas.
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Para estos jueces “resta todavía conocer cómo se desenvolvieron las diferentes administraciones que, desde 2002, tuvieron a su cargo la tarea de ajustar las ecuaciones económico/financieras de las concesiones para discernir –por vía de la comparación- si se recurrió a una herramienta de definición de conflictos no habitual, desventajosa o injustificada legalmente (tal es una de las premisas de la hipótesis de cargo) o lo contrario (tal el caso de las defensas)”.
Es decir, “la investigación está activa y la magistrada que la dirige se hizo cargo de esa tarea una vez anulados los procesamientos que había dictado el juez que antes intervenía. Desde entonces fue y sigue recibiéndose prueba relevante sobre el caso, que está siendo analizada por los medios pertinentes”. En esa línea, le pidieron celeridad a la magistrada de la instrucción para resolver los peritajes pendientes y terminar de resolver la situación de los exministros de Transporte y Hacienda, del exdirector de Vialidad Nacional y del exProcurador de Tesoro.
Boico hizo un voto aparte y se diferenció de sus colegas al considerar que se debía avanzar procesalmente contra los imputados. Para el juez, está claro que "tras el arribo de las nuevas autoridades elegidas en el sufragio del 2015, se advierte la existencia de un acuerdo entre funcionarios públicos y los empresarios que explotaban los Accesos Norte y Oeste con propósitos de obtener mayores beneficios que los contemplados en la ley y el contrato de concesión, en detrimento del Estado Nacional y de los usuarios de peajes".
Con ese norte, el camarista resaltó que “luego de casi tres lustros de la crisis económica sufrida por los argentinos en el 2001, pero a pocos días del cambio de autoridades nacionales, las empresas concesionarias del Acceso Norte y del Acceso Oeste presentaron un reclamo administrativo ante la autoridad de aplicación y una demanda ante el CIADI efectuando reclamos económicos por conceptos que anteriormente no habían merecido su objeción”. Estos reclamos “fueron utilizados como motivo de urgencia por el órgano de control -el OCCOVI- para retomar la renegociación de los contratos, fijando un plazo para su término”. Es decir, fueron la excusa para activar la negociación.
Pero para Boico “el derrotero del reclamo internacional no podía justificar, ni fáctica ni jurídicamente, el inicio de negociaciones que culminaron con la prórroga de la concesión”. Esto se agrava cuando se toma nota de que “los funcionarios públicos de mayor rango ubicaron personas de su confianza -quienes en determinados casos, además se encontraban vinculados con las empresas involucradas- con la finalidad de que las nuevas posiciones que fijarían no recibieran objeciones y para ello apartaron de sus cargos a quienes disintieron con esas reglas”.
Según el camarista los acuerdos que firmó el gobierno de Macri “tuvieron en miras el beneficio de las empresas privadas con la connivencia de los funcionarios públicos intervinientes, lo que resultó contrario a la normativa vigente y perjudicial para los intereses del Estado”.
Y destacó un dato clave, que se resaltó en la denuncia que abrió el caso: “No debemos pasar por alto los beneficios inmediatos alcanzados por una de las empresas que integran la concesionaria Autopista del Sol S.A., me refiero a Sideco Americana S.A. (tenía el 7% de las acciones de “Autopistas del Sol S.A.), puesto que al ser investido como Presidente de la Nación el Ing. Mauricio Macri, el valor de sus acciones se incrementaron significativamente”. Sideco Americana es una de las históricas firmas del Grupo Macri.
Boico enumeró varias de las falencias que se dieron en el acuerdo con las concesionarias:
- Se llegó a la firma de los Acuerdos sin un informe técnico realizado por un órgano especializado que determinara precisamente las cifras que se entendían adeudadas;
- Sin la verificación del cumplimiento previo de las concesiones;
- Sin la opinión técnica del Ministerio de Hacienda, al que le correspondía intervenir en razón de las disposiciones del decreto 367/16 cuya aplicación en el caso no se encontraba discutida por ninguno de los organismos de contralor intervinientes;
- Sin la remisión de las propuestas a la Comisión Bicameral de seguimiento del Congreso de la Nación prevista por las Leyes 25.561 y 25.790;
- Y desoyendo las recomendaciones previas de las Notas Occovi 1129/2015 y 2503/15.
Para este magistrado, “no existe justificación alguna para avalar la redacción de un Plan Económico Financiero que estableció en la suma fija de cuatrocientos noventa y nueve millones de dólares (U$D 499.000.000) la compensación originalmente prevista para la recuperación de la inversión neta en reemplazo del mecanismo anteriormente aplicado, que era el monto que reclamaban las firmas y sobre el cual no se practicó control alguno”. “La no justificación desplaza el complejo entramado conductual hacia la verosimilitud de la acusación y la formulación de sus cargos”, concluyó el magistrado.
En ese marco, sentenció que “la decisión regida por el artículo 309 del procesal no puede homologarse, debiendo la Sra. Magistrada dictar un nuevo pronunciamiento, con arreglo a las precisiones aquí apuntadas, desagregando el rol que cada uno de los imputados tuvo en el entramado investigado, definiendo la calificación legal a adoptarse y todos los extremos previstos en el digesto, sin perjuicio de continuar pesquisando aspectos que robustecerán el legajo en miras a su progreso a instancias ulteriores”.
El caso
La investigación del caso “Peajes”, que acapara la atención de Macri, se abrió por una denuncia realizada en junio de 2019 por los diputados nacionales Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade.
La denuncia fue impulsada por la fiscalía, que imputó a los exfuncionarios del macrismo y dispuso determinar si en el procedimiento de renegociación integral del contrato de concesión del acceso Norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires firmado entre 2016 y 2018 por Autopistas del Sol S.A. y el Ministerio de Transporte de la Nación, existió por parte de los funcionarios públicos intervinientes la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros. La pesquisa también se enfocó en la concesión del acceso Oeste.
El primer juez que tuvo el caso, Rodolfo Canicoba Corral, había procesado a Dujovne, Dietrich, Iguacel y Saravia Frías. Pero en una primera intervención, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. Como Canicoba Corral se jubiló, el caso pasó a manos de la jueza Capuchetti, quien subroga el juzgado federal Nº 6 hasta la semana próxima. Esta magistrada le dictó la falta de mérito de los acusados. La decisión fue apelada y este jueves, Irurzun y Farah ratificaron lo definido por Capuchetti. Si bien su voto no tuvo la contundencia del de Boico, resaltaron que la investigación debe continuar. Tras el cambio de subrogancia en el juzgado Nº 6, quien quedará a cargo de la pesquisa será el juez Daniel Rafecas.
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