El fiscal Ramiro González amplió la imputación contra el expresidente Mauricio Macri por la venta a precio vil de dos centrales térmicas, lo que había beneficiado a Ángelo Calcaterra y Nicolás Caputo. El funcionario pidió nuevas medidas de prueba contra los exfuncionarios de Cambiemos involucrados y los ejecutivos de las empresas.
El dictamen, al que accedió El Destape, tiene el propósito de hacerse de documentación sobre modificaciones a los pliegos originarios para la venta de las centrales de Ensenada de Barragán y Brigadier López, tal como denunció el diputado Rodolfo Tailhade. El documento plantea que el fin de la operación habría sido “beneficiar a personas cercanas al expresidente de la Nación”, en relación a los dueños de IECSA Central Puerto.
Los imputados en la causa son Mauricio Macri, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, ex ministros de Energía; y Alberto Brusco, ex subsecretario de Infraestructura y director ejecutivo de IECSA, encargado de las construcciones de las centrales termoeléctricas. Además, tienen la misma condición Adolfo Piccinini, gerente de Control de los Proyectos; Gustavo Lopetegui, ex secretario de Energía; Claudia Mundo, ex directora general de Control y Gestión del Gobierno Nacional y ex presidenta de IEASA; Ángelo Calcaterra, quien actuó en el consorcio ISOLUX e IECSA; Hugo Balboa, ex presidente de ENARSA; Mario Dell’Acqua, ex presidente de IEASA; y los responsables de las firmas Pampa Cogeneración SA, Central Puerto SA y las autoridades de ese momento en YPF SA.
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Los denunciantes alertaron dos irregularidades puntuales. Por un lado, la rescisión de los contratos de obras públicas para la construcción de las termoeléctricas mencionadas –detentado por el consorcio integrado por las empresas ISOLUX e IECSA, cuyo titular era Ángelo Calcaterra, primo del Macri –, efectuada por los directivos de ENARSA en diciembre de 2016. Y, por otra parte, las tasaciones y el actual proceso de privatización de los activos correspondientes a ambas centrales.
Tailhade explicó a El Destape que "la investigación estaba enfocada, inicialmente, en la venta a precio vil de las centrales, pero ahora tambiñen se va revisar la rescisión del contrato de Enarsa con la constructora de las plantas, Iecsa, cuyo “dueño” en ese momento era Angelo Calcaterra". El diputado señaló que "ese fue el primer fraude en la maniobra, y su modus operandi fue similar al de la causa peajes. Dibujaron un reclamo y rescindieron de común acuerdo cuando todavía faltaba para terminar la construcción total de las centrales. Iecsa se llevó mil millones de pesos".
Además, apuntó que "quienes manejaron esta operación por parte de la empresa de Macri fueron Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini que inmediatamente después fueron designados funcionarios en ENARSA, y llevar adelante la privatización. Esta imputación ampliatoria es completa porque tiene a todos los imputados, fundamentalmente a Mauricio Macri, y todas las fases del delito".
Para el diputado, este avance "de la investigación ocurrió porque EASA se presentó como querellante y está impulsando la causa, que es lo que tienen que hacer todos los organismos del Estado que estén afectados o tengan interés en alguna investigación penal, como en la pesquisa de peajes, parques eólicos, que necesitan la presencia de un querellante, más del Estado.
La denuncia se había realizado en noviembre de 2018 por los diputados Taihade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. En esta pidieron investigar las irregularidades en la rescisión de los contratos para la construcción de las centrales termoeléctricas detentado por el consorcio ISOLUX-IECSA, cuyo titular era Ángelo Calcaterra, primo del ex Presidente. Esta había sido efectuada por los directivos de ENARSA en diciembre de 2016. Además, habían pedido indagar sobre las tasaciones y el proceso de privatización.
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Rescisión del contrato
Como contó El Destape, el paso previo la “privatización” de las productoras fue la rescisión del contrato de IECSA e Isolux que decidió Macri, para lo que el Gobierno desembolsó en 2016 unos 1.600 millones de pesos, de acuerdo a la presentación de los legisladores nacionales. Se trató de una “indemnización” con el objetivo de cubrir la compra de materiales y otros gastos que habrían tenido las compañías aunque esa erogación no quedó tan clara.
Según la denuncia, la jugada privatizadora habría operado pese a la no finalización de las obras paralizadas por un reclamo millonario que el consorcio de empresas hizo en el marco de un procedimiento de redeterminación de precios. ENARSA les habría pagado a ISOLUX e IECSA los montos de $520.000.000 y $1.100.000.000, pudiendo existir la condonación de la deuda por $1.000.000.000 que mantenía con el Estado.
Durante el proceso, tal como explicó Tailhade, se habrían incorporado a Piccinini y Brusco para "direccionar o influir en los procedimientos de privatización de las centrales y favorecer a personas cercanas al expresidente de la Nación".
Las tasaciones
Según la denuncia, se habría establecido un valor inferior al real. Mediante una circular, se notificó a los interesados que el Tribunal de Tasaciones de la Nación había establecido un valor patrimonial de US$ 305.906.000 para la central Ensenada de Barragán a agosto de 2018 y de US$ 207.110.000 para la Brigadier López en el mismo mes. Sin embargo, se las vendió en US$ 229.529.500 a la primera - al grupo Pampa YPF - y en US$ 165.432.500 a la segunda - a Central Puerto -. El Estado perdió US$ 118.054.000.
Brusco, según la acusación y tal como se desprende de su CV, estuvo de los dos lados del mostrador: fue gerente de IECSA, donde fue encargado principal de la construcción de las centrales térmicas en cuestión y, a la vez, fue designado a principios de 2016 como Subsecretario de Infraestructura Energética del Ministerio de Energía.
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