El descuidado funcionario macrista que se olvidó un sobre con US$ 10.000 en su despacho, Rodrigo Sbarra, está cada vez más complicado. El diputado nacional Rodolfo Tailhade amplió la denuncia por una red de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante el gobierno de Cambiemos, sumó documentación y pidió que se investigue un viaje millonario en un jet privado que reveló El Destape. Esa organización delictiva, apuntó el legislador, desvió más de 1.000 millones de pesos sólo durante 2019 bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después.
La ampliación fue presentada en las últimas horas ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. El diputado especificó que el Ministerio realizó contrataciones directas con una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) sin ningún tipo de licitación ni consulta de precios, efectuándose pagos millonarios que tan sólo en 2019 llegaron a 445 millones de pesos.
Según la información proporcionada, el 1 de marzo de 2017 el Ministerio firmó un "convenio marco de colaboración" con UVT. En ese marco se firmó una gran cantidad de convenios específicos, entre ellos dos del 20 de febrero de 2019 para crear los programas de Modernización de Infraestructura y de Optimización y Gestión Digital Inteligente, cada uno, inicialmente, por 150 millones de pesos. Los montos se robustecieron con el tiempo. El primero alcanzó los 172 millones y el segundo 312 millones, o sea un total de 484 millones de pesos.
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Como publicó este medio en febrero, la hipótesis manejada indica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri. En la ampliación de la denuncia, Tailhade sostuvo que los pagos de los convenios eran liberados por Bideberripe a medida que se presentaban "informes de avance que en buena parte consistían en copias textuales de contenidos generales disponibles en internet". El acuerdo con la UVT fue finalizado, mediante un acta, el 29 de noviembre del año pasado, poco antes del cambio de gestión.
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Además, se presentaron facturas a proveedores privados "por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes" y "elementos de la contabilidad paralela que llevaban Sbarra y Bideberripe en relación con los proveedores que dejaban una parte de lo facturado como “retornos” para la organización delictiva, que como se observa operaba en Producción, Trabajo y el INPI" (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual).
Este documento, junto a otros similares, fue aportado en la ampliación de la denuncia. Consta de los nombres de los proveedores, las fechas en las que se emitió cada pago, bajo qué organismo (Trabajo, Producción o INPI), con qué finalidad, a cuánto fue presupuestado y cuál es la "diferencia". Esa diferencia puede responder a dos cuestiones: o era el monto que quedaba en manos de los funcionarios o era el monto que ponían, lo cual haría crecer la cantidad de dinero cooptado por la organización delictiva.
En el INPI trabajó Claudio Daniel Giménez desde 2016 hasta, al menos, mayo de 2019. Giménez fue señalado por ser el "valijero" de esa organización delictiva y sus vínculos con Sbarra son estrechos. "Fue director suplente en Arquigreen S.A, la empresa familiar de Sbarra, y hasta octubre de 2019 poseía el 16,7% de las acciones como testaferro" del funcionario macrista.
Sbarra fue el titular de esa compañía hasta febrero de 2017, cuando fue reemplazado por su esposa, Clarisa Camacci, y cuando Giménez asumió como director suplente. "Como parte del acuerdo para resolver el conflicto que había estallado en el interior de la organización criminal, el 18 de octubre de 2019 Giménez le “vendió” a Sbarra su participación en Arquigreen en ridículos $ 2.000 y renunció a su cargo de director en la sociedad. La transferencia de acciones no fue consignada por Sbarra en su declaración jurada". Tanto Sbarra como Camacci tienen inhibidos sus bienes.
Las Sociedades Anónimas por Acción Simplificada (SAS) fueron un denominador común en el entramado denunciado. Aprobadas por el macrismo, facilitaron la creación de empresas en sólo 24 horas sin demasiados controles. El funcionario descuidado creó "al menos dos" SAS: Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS. La primera tenía como administrador titular a Lucas Esequiel Giménez, hermano de Claudio Daniel Giménez, hasta su renuncia el 18 de octubre de 2019. "Esta sociedad es la propietaria del Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que Sbarra adquirió y utiliza, pero que puso a nombre de Desarrollos Digitales Globales para no tener que declararlo".
La segunda delas empresas mencionadas, dijo el diputado, tuvo "como administrador a Santiago Javier Romero, contador amigo de Giménez, quien renunció a su cargo también el 18 de octubre de 2019. A nombre de esta sociedad la organización criminal puso dos Chevrolet Cruze modelo 2018". El 11 de octubre de 2019, en medio de una disputa interna, "Romero le envió una carta documento a Maximiliano Carlos Guida pidiéndole la restitución de uno de estos dos vehículos, el registrado bajo el dominio AD646FB, que Guida tiene en comodato". Sobre estas operaciones, Tailhade también lanzó otra hipótesis: que ambas compañías "fueron utilizadas también para comprar propiedades inmuebles", como una pantalla para no tener que declararlas.
Finalmente, se pidió investigar un viaje millonario de Sbarra antes del cierre de las fronteras argentinas por la pandemia del coronavirus, "no sólo porque el costo del mismo equivale al 30% de su patrimonio, según lo que consignó en su última declaración jurada, sino también porque la dirección que consignó a las autoridades argentinas es la misma dirección de correo de Arquigreen Corp, firma subsidiaria de Arquigreen S.A.".
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Como reveló este medio, Sbarra estuvo en Miami, puntualmente en la propiedad ubicada en 128 NE 94 Street, desde donde decidió volver al país en plena pandemia y rozando la prohibición de ingresar a la Argentina. La casa donde estuvo fue establecida como dirección de correo para la empresa Arquigreen Corp, una subsidiaria offshore de Arquigreen S.A, sociedad que preside la mujer del exfuncionario.
Salió de Miami, Florida, el 24 de marzo, en un Learjet 60 con matrícula LV-JJQ de la empresa Pacific Ocean, que realizó paradas en Aruba y la ciudad brasileña de Manaos, y que arribó al aeropuerto de San Fernando dos días después a las 22:47, según consta en los registros oficiales de Migraciones. Según informaron a este medio, el servicio privado para realizar el trayecto Miami – San Fernando cuesta unos US$ 100.000. En ese momento, a valor de cambio, unos $8.350.000.
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