La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa peajes que investiga maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de los peajes. El organismo había solicitado la inhibición general de bienes de las compañías AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS Infraestructuras S.A. La semana pasada, como adelantó El Destape, habían solicitado la inhibición de bienes de las empresas implicadas, una de las cuales supo tener una participación importante del Grupo Macri mediante Sideco, con el 23% de las acciones las cuales vendió en 2017 por recomendación de la Oficina Anticorrupción. Las mismas quedaron en manos de una firma sin experiencia en el rubro, dedicada a lo inmobiliario y agropecuario, Natal Inversiones S.A..
Las informaciones de este viernes fueron muchas, ya que la Justicia le denegó a la UIF la posibilidad de ser querellante en la investigación por el hallazgo de USD 2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país y que no fueron declaradas ante el fisco argentino. Cada cuenta tiene cómo mínimo un millón de dólares y pertenecería un pequeño número contribuyentes con gran acumulación de riquezas, como contó este medio. Decisión que, adelantaron, van a apelar.
Como contó Ari Lijalad, la semana pasada el ministro de Obra Pública Gabriel Katopodis ordenó a la Dirección de Vialidad que se presente en Comodoro Py como querellante en la misma pesquisa para darle impulso a la investigación que se inició por una denuncia de los diputados Leopoldo Moreau, Carlos Castagnetto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade. El expediente estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral hasta que se jubiló. Pocos días antes había procesado al ministro de Transporte PRO, Guillermo Dietrich, el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernadro Saravia Frías. Días después, los camaristas Martín 'Doctrina' Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon el procesamiento para garantizar, al menos de momento, la impunidad.
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Sobre otra causa que preocupa al macrismo, la venta a precio vil de centrales termoeléctricas, Tailhade destacó el rol de los organismos del Estado para impulsar investigaciones. "Es lo que tienen que hacer todos los organismos del Estado que estén afectados o tengan interés en alguna investigación penal, como en la pesquisa de peajes, parques eólicos, que necesitan la presencia de un querellante, más del Estado", dijo a este medio. Algo que se puede aplicar a varias pesquisas en curso.
La causa
El expediente investiga las maniobras a través de las cuales las empresas en cuestión lograron prolongar la concesión de la explotación de los peajes de los accesos Norte (AUSOL) y Oeste (GCO) hasta 2030 sin licitación y con el reconocimiento por parte del Estado de deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso. Supuestamente, esos montos correspondían a inversiones realizadas desde el macrismo, "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida", según consta en la causa.
A fines de julio, cuando Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento de los funcionarios M, el magistrado remarcó que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas se utilizó una "supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)" en base a una demanda contra la Argentina "que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable". Por si fuera poco, la demanda ante el tribunal internacional fue formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que el hombre PRO asumiera como Presidente.
El ahora juez jubilado sostuvo que Dietrich e Iguacel, así como Frías, habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación" para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri. A Dujovne lo encontró responsable de omitir "intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscrito y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia".
Ante este panorama, el 26 de junio de 2018 "se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste", remarcóCanicoba Corral. Tal como remarcó Télam, el juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA. y procesó a los funcionarios hasta que la situación llegó a manos de Irurzun y Bruglia.
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