A Mauricio Macri le preocupa y mucho el caso Correo Argentino. Hace unos días, en un encuentro de la derecha continental en Miami al que asistió violando el aislamiento que debía hacer por ser contacto estrecho de un caso de COVID, insistió con la falsa idea de que se trata de una persecución a su familia. Lo cierto es en que en las últimas horas los Macri retomaron una serie de maniobras para evitar el pago de la multimillonaria deuda que su familia tiene con el Estado y más de 700 acreedores desde finales del 2001 e incluso pidió ser tratado como a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes Macri logró meter presos durante su presidencia para apoderarse de sus empresas.
Pero no solo juega Macri. La fiscala Gabriela Boquin radicó dos denuncias contra los Macri por papeles y balances truchos que presentaron en el caso Correo. También remitió parte del expediente a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que indague sobre manejos donde todo apunta a maniobras de lavado de dinero. En la cuestión penal Macri cuenta con el juez Ariel Lijo que demora la causa donde ya tiene todos los peritajes que demuestran que intentó condonarle la deuda a su familia. Pero estas nuevas denuncias de Boquin estarán fuera de la órbita de Comodoro Py.
¿Trato igualitario?
¿Qué hicieron los Macri en las últimas horas? Según publicó Hugo Alconada Humo presentaron un escrito para recibir el mismo trato “beneficioso” que los empresarios Lopez y De Sousa en el caso Oil Combustibles. Vale recordar que López reveló que Macri le pidió primero que pusiera sus medios de comunicación en sintonía con la persecución a CFK y que luego ambos empresarios fueron detenidos en el marco de una causa penal por una supuesta deuda de impuestos a la AFIP. La indicación de detenerlos provino del propio Macri.
¿Los Macri quieren que el actual Presidente presione a los jueces para que los detengan? Raro. Pero hay otra curiosidad: ¿quién había publicado sobre esa deuda y luego no pudo sostener sus notas ante la Justicia? El mismo Alconada Humo.
En el escrito hacen referencia a una moratoria que la AFIP le otorgó a Oil Combustibles para que pague una deuda impositiva. ¿Es lo mismo que pasa con los Macri y Correo? No. Lo de Oil es una deuda por retención de impuestos, donde existe además un concurso de acreedores iniciado hace poco. Lo de Correo es la falta de pago del canon de una concesión y que lleva casi 20 años sin resolverse. Mezclan peras con manzanas.
Conformidades truchas
Una de las claves en esta etapa del caso Correo son las conformidades a la propuesta de pago que hacen los Macri. En su libro, Mauricio aseguró que el Estado nacional era el “último acreedor pendiente de los más de 600 que en 2009 habían aceptado ya la propuesta de pago”. Falso. De los más de 700 acreedores solo 375 dieron su conformidad pero 360 de ellos eran manejados por estudios de abogados ligados a Macri y a Correo. ¿Qué significa esto? Que compraron las aceptaciones de pago. Tampoco es cierto que el Estado fuera el único que no aceptó. No lo hicieron el Banco Nación y la AFIP. Pero lo importante son las conformidades truchas.
Hace unas semanas se presentó en el expediente Miguel Martín Mac Cormack. Por una publicación en Página/12 sobre el tema se enteró que figura como apoderado de 23 acreedores que aceptaron la propuesta de los Macri. Él asegura que no es apoderado de nadie y menos en este caso. Frente a esto, la fiscala Boquin presentó una denuncia que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional N 34 a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard.
Por otro lado está el caso del Meinl Bank, un banco austríaco en su momento se quedó con las deudas de Correo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Un negocio bastante extraño, ya que absorbió 374 millones de pesos de deuda y luego nunca se preocupó por cobrarla. La fiscala Boquin llamó la atención sobre esta actitud del Meinl Bank en varios dictámenes desde el 2016.
Hace unos días la periodista Emilia Delfino reveló que el Meinl Bank está en bancarrota, al borde de la quiebra, y por ende no tiene posibilidad de brindar su conformidad a la última propuesta de pagos que hicieron los Macri. Sumado a la negativa del Estado, de la AFIP y del Banco Nación a aceptar la propuesta, Correo de los Macri va directo a la quiebra según establece la ley. Es lo que debe decretar ahora la jueza Marta Cirulli, a quien Macri mandó a presionar públicamente por Elisa Carrió, Oscar Aguad, Hernan Lonardi y Cristian Ritondo, entre otros.
La fiscala Boquin presentó un nuevo dictamen sobre esta situación y la relación del Meinl Banck con los Macri y le envió la documentación a la justicia penal para que investigue también delitos de ese ámbito.
Balances truchos
“En cumplimiento de mi deber funcional y ante la posible comisión de delitos se libra oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con copia del presente y delos balances de Correo Argentino SA por los ejercicios cerrados del 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017, a los efectos que sortee juzgado para intervenir a los fines de investigar la posible comisión de los delitos previstos en el art. 300 del código penal”, dice el último dictamen de la fiscala Boquin.
Ese artículo habla de los fraudes a la industria y al comercio y establece de 6 meses a 2 años de prisión para los que presenten balances falsos o incompletos. Hace unos días, tal como informó El Destape, la Inspección General de Justicia (IGJ) multó a Socma y Sideco por estas maniobras. Ahora la fiscala Boquin pide que lo investigue la justicia ordinaria, lejos de Comodoro Py.
Des PRO Lijo
El lawfare desplegado por Macri durante su presidencia tuvo como aliados a algunos jueces y una mirada puesta en Brasil como ejemplo. El entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti fue clave. Les brindó cobertura a todos los jueces que dictaran fallos con el diario Clarín arriba del escritorio y el Código Penal en un cajón. Es más: Lorenzetti invitó a Sergio Moro, el inquisidor judicial de Lula en Brasil cuyos procesos fueron anulados por innumerables irregularidades, y tuvo el cuidado de fotografiarse flanqueado por el brasileño y su análogo argentino, Claudio Bonadio.
El juez Lijo no se quedó atrás. La línea de mando en Comodoro Py era Lorenzetti-Martín Irurzun-Lijo. Esto quedó plasmado en el armado de la oficina de escuchas que Macri le sacó a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y entregó a la Corte. Lorenzetti hizo que Irurzun quedara al mando de esta oficina y Lijo puso a su histórico secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, como director a cargo del día a día. Desde allí se maquinó el festival de escuchas a opositores políticos que aparecían en estudios de televisión.
Lijo fue además el armador de la Asociación de Jueces Federales, cuya sigla AJUFE copió a su par brasilera. Lijo puso en práctica la Doctrina Irurzun de encarcelamiento de opositores por su “poder residual”. Lo aplicó a Amado Boudou, a quien incluso hizo fotografiar en pijama mientras lo detenían.
- ¿Por qué detuvo a Boudou si no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación? -le preguntó entonces este periodista.
- No tenía otra opción, me lo ordenó la Cámara – contestó Lijo en alusión a la Doctrina Irurzun.
Este prontuario basta para entender la protección de Lijo a Macri en el caso Correo. En febrero de 2017, cuando estalló el escándalo por el intento de Macri de condonarle la deuda a su familia, Lijo unificó varias denuncias penales contra el entonces Presidente. Tenía que intervenir con el fiscal Juan Pedro Zoni, pero Macri hizo que lo desplazaran. Desde entonces Lijo maneja los tiempos.
En 4 años Lijo no citó a indagatoria a Macri, no investigó el vaciamiento de Correo Argentino y mandó a hacer 2 peritajes que dijeron exactamente lo mismo que Boquin: que la propuesta de pago que aceptó el Gobierno de Macri era abusiva para los intereses del Estado. No contento con eso, ahora sumó a un nuevo supuesto experto, Pablo Sergio Varela, para que vuelva a analizar todo.
Lavado
La fiscala Boquin envió parte del expediente de Correo a la UIF, el organismo antilavado que conduce Carlos Cruz. Es para que investigue los aportes que hicieron Socma y Sideco, los portaaviones del holding Macri, en Correo.
En el caso de Sideco son más de 58 millones de pesos, en el de Socma otros 20 millones. La fiscala Boquin también identificó maniobras irregulares en la compra de acciones de Neficor, una empresa radicada en Uruguay, y lo denunció como parte del vaciamiento de Correo Argentino.
Ahora será la UIF la encargada de indagar si hubo además lavado de dinero.
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