Mauricio Macri y su familia están empecinados en no pagar la deuda que mantienen con el Estado por el Correo Argentino y para eso desplegaron una maniobra de pinzas que tiene un objetivo claro: desplazar a la fiscala Gabriela Boquin. En los últimos días, tal como informó El Destape, Macri logró que se reactive un sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Ahora directamente la recusaron en la causa donde se define el destino de la deuda.
Para recusar a Boquin llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada” por Macri. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.
Los Macri dicen que la fiscala Boquin no es imparcial, basados en el contenido de sus dictámenes y en lo que expresó ante la Comisión Bicameral del Congreso donde fue citada ante los aprietas que sufre por parte del procurador interino Eduardo Casal.
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El escrito presentado por los abogados de los Macri dicen: “El desasosiego personal (e incluso familiar) del que da cuenta la propia Dra. Boquin, y que lo atribuye a su intervención en la presente causa y el ‘hostigamiento y presiones’ (sic.) que siente haber sufrido desde el propio ex Presidente Macri y/o de sus allegados explican, por un lado, la parcialidad de sus opiniones y, lo que es más importante aún, la imposibilidad que siga actuando en la presente causa”.
Los Macri lanzaron este nuevo ataque desde SOCMA Americana, dueña de Correo Argentino, y con nuevos abogados, Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo.
Para criticar la falta de imparcialidad de la fiscala Boquin citan el fallo Llerena, donde la Corte Suprema estableció los parámetros de imparcialidad para un juez. La diferencia no es menor: el juez tiene la obligación de imparcialidad, el fiscal no. De hecho, en la Ley Orgánica del Ministerio Público la palabra imparcialidad no figura.
Los abogados de los Macri dan vuelta el argumento sobre la imparcialidad: reconocen que según el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial el deber de imparcialidad es de los jueces y no de los fiscales pero plantean que la propia ley del Ministerio Público derogó ese artículo. Y luego dicen que si la ley no derogó ese artículo igual ese artículo es inconstitucional. En resumen, que las leyes se tienen que adaptar a ellos y no al revés.
Según los Macri, la fiscala “ha perdido la parcialidad”. Se ve que redactaron apurados o están acostumbrados a otra cosa. Luego agregaron: “Ha asumido una cruzada personal que le provoca dictaminar de forma tendenciosa y parcial”. Piden con esto su recusación con causa o que la propia Boquin se excuse, algo que no exigen por ejemplo para la jueza Marta Cirulli, imputada penalmente por el vaciamiento de Correo Argentino pero que aún es la jueza del caso comercial.
“Lo que hay tras este planteo de recusación con causa y, reiteramos, sin que ello importe desmedro alguno sobre la propia persona de la Dra. Boquin, es el reclamo de un funcionario imparcial. La Dra. Boquin ha dejado hace tiempo de ser imparcial es la presente causa. Nadie cuestiona a la Dra. BOQUIN por su solvencia técnica. Lo que se afirma es que ha perdido toda perspectiva funcional. Ha erigido este expediente, como se dijo supra y tal como se acreditará a continuación, en una bandera propia, íntima, subjetiva y ese modo de titularizar la función del Ministerio Público, justifica su apartamiento”, dice el escrito al que accedió El Destape. En este caso, a diferencia de otros, lo subieran rápidamente al sistema de consulta del expediente judicial.
Para los Macri, que la fiscala Boquin defienda en sus dictámenes los intereses del Estado es contrario a que defienda los intereses generales de la sociedad. La Corte Suprema ya rechazó este argumento.
Los abogados de la familia Macri insisten en que no hubo ninguna intención por parte del ex presidente de condonarles la deuda. “La Sra. Fiscal elucubrando una tesis oportunista en la que quien fuera en aquel momento el Presidente de la Nación habría intentado obtener beneficios particulares para los integrantes de su familia, no hace más que demostrar -una vez más- la parcialidad que se le reprocha”, escribieron. ¿Como explicar entonces que justo al inicio del gobierno de Macri el Estado aceptara una propuesta que implicaba una quita del 98,82% de la deuda?
“Es el propio Estado Nacional el único beneficiado por todo el proceso que ha tenido que atravesar la concursada”, dicen los Macri en la recusación de Boquin. El mundo del revés. El Estado es acreedor de Correo hace 19 años sin cobra un peso. ¿Cómo podría ser eso un beneficio? Dicen también que esta demora solo perjudicó a los Macri y que es habitual que los concursos de acreedores duren tanto tiempo. No aportan, sin embargo, ningún ejemplo.
También insisten en que demostraron voluntad de pago al ofrecer compensar su deuda con el Estado con los juicios que pretenden ganarle al Estado, algo que la Corte también dijo que era impracticable.
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