Horacio Rodríguez Larreta puso a la Legislatura porteña a trabajar en función de los intereses de Mauricio Macri en el caso Correo Argentino. Hoy tratarán un proyecto que directamente copia la estrategia jurídica de la familia Macri para evitar el pago de su deuda y pretende que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño intervenga en causas que tramitan a nivel nacional. La iniciativa se hará bajo el eufemismo de la autonomía porteña pero viola la Constitución, ya fue rechazada por distintas instancias judiciales y no tiene otro objetivo que apoyar el objetivo de los Macri de tener este expediente de su deuda con el Estado que hace poco cumplió 20 años bajo control.
El TSJ porteño responde directo a Macri. Tiene una mayoría automática que conforman Inés Weinberg, que Macri quiso colocar como Procuradora durante su presidencia; Santiago Otamendi, que fue viceministro de Justicia de Macri en la era del lawfare; y Marcela de Langhe. El fiscal general de la ciudad no es otro que Juan Bautista Mahiques, el armador de la persecución judicial durante el macrismo que encontró cobijo de Larreta ante la derrota electoral de 2019. Macri confía en ese equipo y quiere que el caso Correo esté bajo su custodia. Ahora Rodríguez Larreta y su legislatura dócil sancionarán una ley en ese camino pese a que choca con la legislación nacional.
La maniobra fue la siguiente. La legisladora María Luis Gonzalez Estevarena, de Vamos Juntos, presentó un proyecto para que se puedan hacer audiencias administrativas y judiciales de manera virtual y se implementen notificaciones electrónicas. Hasta ahí nada raro, tiempos de pandemia. Toda la fundamentación del proyecto apunta a protocolos frente al COVID y a la implementación de tecnología par acelerar los procesos judiciales. Pero en el medio, durante su tratamiento en comisiones, metieron un caballo de Troya.
El proyecto establece que cuando exista un recurso de inconstitucionalidad o una apelación de una sentencia de un tribunal de la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires se podrá pedir la intervención del TSJ porteño como instancia superior. La iniciativa es ilegal, ya que no tiene relación la ubicación geográfica de un tribunal con la jerarquía de los casos que son de su competencia y es en todo caso algo que debe resolver el Congreso Nacional, no la legislatura. Pero el cambio tiene nombre y apellido: Correo Argentino.
Los Macri insisten en que el TSJ porteño intervenga en el caso Correo Argentino, en el expediente donde tramita la deuda que tienen con el Estado Nacional desde hace 20 años y donde la jueza Marta Cirulli (jueza nacional) decretó y luego suspendió la quiebra de la empresa. El TSJ aceptó entrometerse, las juezas Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini (de la Cámara Nacional en lo Comercial) rechazaron la intromisión y el caso fue a la Corte Suprema, que ahora tiene que definir. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, que firma con un sello del PRO, ya opinó que el TSJ no tiene competencia sobre un caso que tramita a nivel nacional.
Con todo esto, ahora Rodríguez Larreta le tira un salvavidas a Macri. Con los 26 legisladores de Vamos Juntos más los 10 de la UCR-Evolución tienen los votos asegurados. El proyecto se votará y los Macri intentarán utilizar ese resquicio para presionar sobre la Corte Suprema.
Desde el bloque del Frente de Todos advirtieron sobre esta jugada, pero no cuentan con los votos para frenarla. "Quieren dirigir las causas que a Larreta y Macri le interesan a la mayoría automática del Tribunal Superior de Justicia porteño" advirtió la legisladora Lucía Cámpora en El Destape Radio, y agregó que es evidente que “esto puede impactar en la causa Correo”. "Esto es un gesto de Larreta para salvar a Macri en la causa Correo" coincidió la legisladora Claudia Neira.
La lista Celeste de la Asociación de Magistrados también advirtió que la Legislatura no tiene facultades para hacer esto y que esto “no sólo es contrario a toda lógica sino que además es una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional, cualquiera sea el punto de vista donde se lo mire”. Al rato la propia Asociación que preside Marcelo Gallo Tagle emitió un comunicado donde donde dijo que se trata de "otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional".
Y no es solo la causa Correo. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio hizo público su rechazo a esta modificación ya que “abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia Nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as”.
“La intención ya expresada por Larreta y Lousteau de que los trabajadores/as no tengan protección contra el despido arbitrario -y con el despido libre para las empresa los trabajadores/as pierden todos sus derechos- encuentra un camino alternativo en este proyecto: si mantienen derechos y la Justicia Nacional del Trabajo se los reconocer, la intervención posterior del Tribunal Superior de la CABA se los desconocerá”, sostienen desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio que preside Gustavo Ciampa.
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