La Corte Suprema se encamina a salvar a Mauricio Macri en el caso Correo Argentino. Un próximo fallo que dejaron trascender desde el máximo tribunal tendrá como consecuencia que los Macri no paguen la multimillonaria deuda que mantienen con el Estado desde hace más de 23 años, la principal preocupación judicial del ex presidente ya que esto podía llevarlo a él y su familia a la quiebra.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti le harán el favor de su vida a Macri de forma indirecta, en un caso donde sentarán un precedente favorable a la última maniobra de los Macri para no pagar su deuda: el pedido de que el expediente pase de la Justicia Nacional, donde está desde el 2001 y le decretaron la quiebra recién en 2021, a la Justicia porteña, cuyo funcionamiento ex presidente maneja sin resquicios de jueces o fiscales díscolos. Con esa mudanza del expediente los Macri lograrán la garantía de no pagar nada, ya que si tienen injerencia en toda la Justicia adentro de los límites de la General Paz es prácticamente obediencia total.
La Corte ya benefició a Macri con el paso del tiempo: hace 3 años que tiene el caso Correo y no lo resuelve. Por ende, los Macri siguen sin pagar la deuda que tienen con el Estado desde el 2001, cuando anunciaron que no pagarían más el canon por la concesión del servicio postal que les había otorgado Carlos Menem. Eran 296 millones de pesos/dólares de entonces. Nunca pagaron un centavo y contaron con un Poder Judicial cómplice para evadir esa deuda hasta hoy. Ahora, si la Corte les habilita la mudanza del expediente, los Macri podrán evadir pago de su deuda todo lo que los habiliten los tribunales porteños, el terruño que controlan sin fisuras.
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Levinas y letrinas
El caso que pude usar la Corte para favorecer a Macri involucra al marchand y panelista televisivo Gabriel Levinas, denunciado por la familia del artista León Ferrari. Levinas recibió 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, les prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo una jugada que luego copiaron los Macri: como no le gustó el fallo en su contra apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para sacar el expediente de la órbita nacional y pasarlo a CABA.
Los Macri hicieron lo mismo y peor. Desde 2001 hasta 2021 el caso estuvo en la Justicia Nacional en lo Comercial, donde varias juezas, en especial la camarista Maria Lilia Gómez Alonso, fueron garantes de que no pagaran nada durante esas dos décadas. Finalmente en 2021 la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo y ahí los Macri activaron la maniobra para sacar el expediente de los tribunales donde estuvo cómodo 20 años y pasarlo a otro más cómodo por muchos años más.
El caso Levinas llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Eduardo Casal. “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal. Pero la opinión no es vinculante y desde la Corte se preparan para firmar un fallo que diga exactamente lo contrario.
El caso Correo siguió el derrotero del caso Levinas. Cuando, luego de 20 años de demoras con complicidad judicial, los Macri tuvieron finalmente un fallo en contra que decretó la quiebra de Correo y que abrió la posibilidad de que la deuda la pagaran sus accionistas, maniobraron para que el caso se mude a la Justicia porteña y no pagar un centavo.
El TSJ porteño obviamente les abrió las puertas y la disputa terminó también en la Corte. El procurador interino Casal fue coherente y en el caso Correo dijo lo mismo que en el caso Levinas: que la Justicia porteña no tiene competencia en una causa de la Justicia Nacional.
Pero la clave la tiene la Corte. Si resuelve que el caso Levinas pase a la Justicia porteña en el caso Correo va a pasar lo mismo. Y peor: para resolverlo se remitirán al caso Levinas como precedente sin más justificación. La Corte podría tomar directamente el caso Correo en lugar del caso Levinas, ya que no resuelve por orden de llegada sino por sus intereses. Pero si lo hace a través del caso Levinas se evita luego dar explicaciones por escrito en el expediente de Macri.
Si el expediente Correo pasa a la Justicia porteña los Macri no pagarán nunca su deuda con el Estado. Huele como una letrina.
Más macrista que Justicia porteña
El TSJ porteño lo preside Inés Weinberg, que fue la candidata de Mauricio Macri para ocupar la Procuración General de la Nación una vez que la alianza entre Cambiemos, Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña forzaron la renuncia de Alejandra Gils Carbó. También lo integra Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en la era Macri y alfil del lawfare. Lo completan Luis Lozano, el más alineado con la derecha local y tejedor en las sombras de los rumbos del TSJ porteño, Alicia Ruiz, acaso la más disidente del grupo, y Marcela De Langhe, designada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero con el padrinazgo del radical Daniel “Tano” Angelici, uno de los hombres que controlan hasta el último escribiente que ingresa a la Justicia porteña en equilibrio con otros operadores peronistas. No importó que tuviera una denuncia por cobrar como jueza y como funcionaria de Larreta a la vez, algo incompatible.
El fiscal general de la ciudad es Juan Bautista Mahiques, el armador del lawfare durante la presidencia de Macri. Así que Macri tiene satisfacción garantizada en el TSJ y la fiscalía general.
La sintonía entre el TSJ porteño y Macri es más que evidente. De hecho, tal como informó El Destape, los miembros del TSJ crearon un área nueva bajo su órbita a medida del caso Correo. El TSJ creó una Secretaría Judicial de Asuntos Originarios cuya tarea es resolver cuestiones vinculadas a la competencia. ¿Cuándo la crearon? Justo cuando la familia Macri planteó la cuestión de competencia para que el caso Correo pase de la Justicia Nacional a la porteña.
La cronología es clara. El 19 de febrero de 2021 los Macri llegaron al TSJ con su pedido para pasar el caso a la ciudad; el 3 de marzo el TSJ creó la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios; el 10 de marzo pasaron el caso Correo a esa Secretaría a medida.
Carambolas cortesanas
El movimiento de la Corte tiene muchas lecturas. No se explica por una cuestión legal, ya que hace años que tienen los casos Levinas y Correo para resolver.
Es evidente que, por un lado, es parte del paquete de casos de relevancia política que Rosatti y Rosenkrantz quieren tener resueltos con la actual conformación de la Corte, que tiene fecha de vencimiento el 29 de diciembre cuando Maqueda deje el tribunal. Mientras balizan el camino para que continúe la persecución contra CFK digitan el salvataje de Macri. Es un mensaje carambola a varias bandas, ya que una de las jugadas que pretenden bloquear es la llegada del juez Ariel Lijo al tribunal. Lijo prometió lealtad en las causas contra CFK: si la Corte las resuelve antes de su llegada lo deja sin un ítem clave de su negociación.
El juez Lijo tiene el caso Correo pero en materia penal, donde Macri está acusado por intentar condonar la deuda de su familia con el Estado cuando era Presidente. Ahora, si la Corte habilita que el caso por la deuda del Correo pase a la Justicia porteña la historia se terminó: el expediente nunca más se moverá y esa deuda no será problema para los Macri.
El principal opositor a la llegada de Lijo a la Corte es, curiosamente, Macri. ¿La Corte lo favorecerá a cambio de que el ex presidente mantenga firme su posición e intente con todos sus medios frenar la llegada de Lijo, que puede hacer tambalear el poder de Rosatti y Rosenkrantz en el tribunal? No se puede descartar. Tampoco que se filtrara la resolución de este caso que favorece a Macri para frenar esa negociación.
Sin embargo, si la Corte toma este camino que favorecer a Macri también tendrá que dar explicaciones hacia el interior del Poder Judicial. Según pudo reconstruir El Destape, el fallo Levinas estaba listo para la firma la semana pasada pero había un inconveniente: la agenda de eventos de fin de año del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver? Sentar un precedente que diga que la Justicia porteña puede ejercer como superior de la Justicia Nacional que simplemente tiene domicilio en CABA es algo que genera mucho ruido entre jueces y fiscales nacionales. Los cortesanos tenían que asistir a los cierres de año de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales y, según indicaron en la Corte, eligieron posponer el tema. Desde un sector de la Corte afirman que el fallo sale el jueves, desde otro que esperarán un poco más; ambos confirman que sale. Depende de que Rosatti lo ponga arriba de la mesa en la reunión de acuerdos semanal.
Tanto ruido genera que la propia Sala B de la Cámara Comercial, que durante casi 2 décadas fue cómplice del letargo del expediente Correo y favoreció en todo lo que pudo a los Macri, rechazó esta opción. Lo resolvieron las juezas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini. La que mandaba era Gómez Alonso, ya jubilada pero que igual asistió a la cena de la Asociación de Magistrados que llegó a presidir. Y aún poderosa, ya que su hija Agustina Díaz Cordero, jueza gracias a un concurso plagado de irregularidades, se sentó al lado de Rosatti en el agasajo.
Las juezas de la Sala B no eran las únicas. Los camaristas Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, de la Sala D, también escribieron que no reconocían “eficacia jurisdiccional alguna a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos”. Lejos de acusarlos de kirchneristas, se trata de jueces alineados con el grupo Clarín y que en su momento fueron los que diseñaron la condena contra Víctor Hugo Morales a pedido de Héctor Magnetto. El rechazo de jueces y fiscales nacionales a tener como superior a la Justicia porteña atraviesa ideologías y negocios, con lo que la Corte daría una señal muy dura hacia adentro de sus filas.
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