El caso Correo Argentino está en stand by gracias a una doble maniobra de la familia Macri. Por un lado lograron que la jueza Marta Cirulli suspendiera la quiebra de la empresa que ella misma había decretado; por el otro que su pedido de apartar a Cirulli vía la Justicia porteña llegue hasta la Corte Suprema. El expediente ya llegó al máximo tribunal del país y fue remitido al procurador interino Eduardo Casal para que dictamine.
En un caso idéntico, el interino Casal escribió hace pocas semanas en contra de los deseos de Mauricio Macri y su familia, que buscan que el expediente Correo pase a la Justicia porteña. Casal dictaminó en otro caso pero donde se discute lo mismo que la Justicia porteña no puede entrometerse en un caso que tramita en la Justicia nacional, como es el del Correo Argentino. Si por ayudar a Macri y su familia ahora escribe lo contrario se va a contradecir a sí mismo. Si mantiene su posición dejará en offside al ex presidente.
Los Macri lograron suspender la quiebra de Correo Argentino pese a que la ley no habilita esa instancia. La jueza Cirulli alegó que no puede rectificar su decisión de suspenderla, que deben hacerlo sus superiores de la Cámara Comercial. Al mismo tiempo esas superiores, las camaristas María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, elevaron a la Corte el pedido de los Macri para revisar su decisión de negarse a apartar a Cirulli. Y ahora la Corte le remitió el expediente al interino Casal.
Un dato no menor: el interino Casal fue (es) parte esencial de la persecución contra la fiscala Gabriela Boquin, única funcionaria judicial díscola de los intereses de los Macri en el caso Correo. Los aprietes incluyeron desde el vaciamiento de su fiscalía hasta el armado de un sumario interno que, como siempre informó El Destape, se trató de una falsa denuncia contra Boquin por maltrato laboral. Ya hay dictamen que demuestra esto pero aún no se cerró definitivamente. Lo que Casal hizo rápido para desvincular al fiscal Carlos Stornelli, procesado como instigador de espionaje ilegal, lo hace lento cuando se trata de Boquin.
El expediente en cuestión es el que la familia Macri inició ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, a donde quisieron llevar el expediente del caso Correo Argentino una vez que advirtieron que la jueza Cirulli iba a hacer lo que marca la ley: decretar la quiebra de la empresa. El TSJ les dio el gusto, dijo que tenía legitimidad para meterse en el caso y le indicó a las camaristas Gómez Alonso y Ballerini que revisaran su decisión de no apartar a la jueza Cirulli. Las camaristas rechazaron la intervención del TSJ porteño, los Macri apelaron y pidieron la “urgente” intervención de la Corte. Lo lograron.
Si Casal apoya los argumentos de los Macri va en contra de su propia postura en un caso idéntico que el propio TSJ porteño citó para justificar su maniobra en favor de los Macri: el caso Levinas.
El caso Levinas es por Gabriel Levinas, que fue denunciado por la familia del artista León Ferrari. El actual panelista televisivo había recibido 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, le prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo entonces la misma jugada que ahora quieren hacer los Macri: apeló ante el TSJ porteño para sacar el expediente de la órbita nacional. El caso llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Casal. Y Casal dijo que el TSJ porteño no puede meterse en una resolución de la Cámara Civil a nivel Nacional.
“No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal. El mismo argumento sirve para la Cámara Comercial y el caso Correo. Si dijera lo contrario iría contra sí mismo.
“Por lo expuesto -cierra el dictamen firmado por Casal en el caso Levinas- opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil”. Caso calcado al de Correo, donde el TSJ dispuso la revisión de una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
La Corte aún no resolvió nada sobre el caso Levinas. No tiene tiempos. Podrá hacer lo mismo con Correo.
El Destape consultó en la Procuración si el propio Casal intervendrá en el caso o lo derivará hacia otro de los procuradores ante la Corte como Laura Monti o Víctor Abramovich. La respuesta fue que aún no lo decidió. ¿Será coherente con su postura, cambiará para beneficiar a Macri o esquivará el tema?
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