El procurador interino Casal confirmó ante la Corte las irregularidades en la suspensión de la causa Correo

El procurador interino Eduardo Casal dictaminó que la maniobra por la cual la familia Macri logró suspender la quiebra de Correo Argentino fue irregular. No es un dato menor. Casal, fiscal ante la Corte Suprema y que siempre siguió directrices de Juntos por el Cambio, sostuvo todos los argumentos de la fiscala Gabriela Boquin, que le reclamó al máximo tribunal que anule el fallo que suspendió la causa Correo ya que la ley no permite interrumpir una quiebra y denunció además un agravante: que le ocultaron el trámite que culminó en ese favor a Mauricio Macri y los suyos. Eso directamente viola la Constitución, ya que bloquearon la intervención de una fiscala. Ahora, todo está en manos de la Corte, que no tiene plazos para definir cómo sigue el derrotero de esta causa que lleva más de 21 años.

¿Cuales son las ilegalidades que el procurador interino Casal encontró en la suspensió de la quiebra de Correo? Todas las que advirtió la fiscala Boquin en mayo pasado, tal como informó El Destape. Casal pone el énfasis en la denuncia de Boquin de que le ocultaron esa maniobra y le impidieron intervenir frente al pedido de los Macri de suspender todo. Boquin denunció que “el fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado”. En criollo, que se lo ocultaron. Pero no solo eso: demostró que no la dejaron intervenir en el pedido de los Macri de suspender todo pero mientras le enviaban otros planteos de la familia del ex presidente. O sea, que las juezas la dejaron intervenir de manera selectiva, algo ilegal.

El escrito de Boquin, que ahora el procurador interino Casal convalida, detalló que:

• No la dejaron intervenir en el pedido de suspensión presentado por los Macri, algo que viola la Constitución y la Ley del Ministerio Público Fiscal
• Concedieron el deseo de los Macri por fuera de lo que prevé la ley
• Luego de pedir que todo se suspendiera los Macri presentaron otros escritos para reimpulsar la causa, lo que revela una maniobra a dos bandas a todas luces irregular y que anulaba el pedido de suspensión previo
• No hay ley que habilite la suspensión de una quiebra
• Esto es un caso de gravedad institucional ya que revela privilegios para Correo Argentino, empresa de los Macri, de los que no gozan otras sociedades ni familias
• Incluso el fallo con las firmas de las camaristas Matilde Ballerini y María Elza Uzal no tuvo una mayoría real ya que no coinciden en sus votos

“Me remito a los fundamentos desarrollados por la magistrada apelante, los que doy por reproducidos en beneficio de la brevedad”, escribió el interino Casal. Y agregó: “En particular, en lo relativo a la falta de intervención adecuada del Ministerio Público Fiscal”. No fue ambiguo. Casal escribió que “al omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal, con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial, afectó sus competencias fijadas en la Constitución Nacional y en la legislación aplicable citada por la fiscal general en su recurso”.

Lo que está en cuestión es el fallo del 4 de mayo de 2022, cuando los Macri consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron: si habilita a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra). La decisión de suspender el proceso de quiebra de Correo Argentino la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Ballerini y la sorteada para desempatar Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante por concurso, Guadalupe Vazquez, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.

Fue una jugada para ganar tiempo: por un lado, demorar la quiebra; por el otro, si la Corte falla a su favor, que el caso vuelva a empezar en la Justicia porteña 21 años después. ¿Por qué los Macri quieren que el caso pase a la Justicia porteña? Porque el TSJ responde a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos. El tercer voto cantado lo aporta Marcela De Langhe. Lo completan Luis Lozano y Alicia Ruiz. El fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri. El ex presidente no tiene ni que llamarlos, ya saben que hacer. De hecho ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.

Incluso la anterior conformación de la Sala B de la Cámara Comercial, con los votos de Ballerini y María Lilia Gómez Alonso -la histórica aliada de los Macri que ya tuvo que jubilarse- rechazaron la intervención del TSJ porteño pero luego le habilitaron a los Macri camino a la Corte. El procurador Casal dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en una causa que tramita en la Justicia Nacional. Eso fue en junio de 2021. Desde entonces la Corte tiene dormido el expediente. Ahora tendrá otro.

Boquin primero presentó un recurso extraordinario contra ese fallo. Se lo rechazaron. Tuvo que presentaron un recurso de queja ante la Corte, su última opción. Y tuvo un primer efecto positivo: el procurador interino Casal apoyó todos sus argumentos. Ahora la Corte tendrá 2 expedientes vinculados a Correo pero que versan sobre lo mismo: si los Macri pueden continuar con el letargo de esta causa, que comenzó el 19 de septiembre de 2001. Ya tiene 21 años y unos días.

Casal tuvo una actitud zigzagueante en el caso Correo. Cuando se trató de cuestiones legales apoyó el trabajo de Boquin. Por ejemplo, dictaminó en contra de otra maniobra de los Macri, que pretendían llevar el expediente al Tribunal Superior de Justicia porteño, algo a todas luces ilegal. Ahora, cuando le llega una denuncia de Boquin de que le impidieron ejercer como la fiscala del caso, dictaminó con lógica jurídica y acorde a su cargo: será servicial pero que el jefe de los fiscales convalide el apartamiento de hecho de un fiscal en un caso es mucho. En otras cuestiones, sin embargo, Casal sí fue funcional a Macri. Desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la causa penal donde se investiga el tema y mantuvo abierto durante meses un inexplicable sumario contra la fiscala Boquin, a la que nunca apoyó públicamente frente a las constantes presiones que recibió.

Argumentos compartidos

El interino Casal avaló los planteos de la fiscala Boquin. Entre múltiples irregularidades, el punto clave que señala Boquin es que las juezas que favorecieron a los Macri le impidieron intervenir. Para Boquin “se silenció al Ministerio Público Fiscal de dos maneras: 1ro.) omitiendo dar vista del pedido de suspensión y 2do.) ignorando un dictamen determinante y conclusivo acerca de tan anómalo proceso”.

Ese dictamen al que se refiere es sobre la apelación de la quiebra que hicieron los Macri y lo presentó en febrero pasado. Dice, tal como informó El Destape, que la suspensión de la quiebra de una empresa no está prevista por la ley y que es inapelable. Detalla a su vez el vaciamiento de Correo en detrimento de sus acreedores y, vale decir, también de algunos de sus accionistas, tal como denunció el propio Mariano Macri, hermano menos de Mauricio.

Todo eso no fue tenido en cuenta por las camaristas Ballerini y Uzal para suspender todo y, para colmo, impidieron una nueva intervención de Boquin. “Es arbitrario resolver sin dar vista al Ministerio Público del pedido de suspensión, en virtud de que: (i) no es una parte más en el proceso sino que cumple una función constitucional que no debe ser obstaculizada; (ii) los fundamentos esgrimidos por esta Fiscalía General pueden ser definitorios para la solución del caso; (iii) se sorprendió a esta Magistrada en su buena fe, ya que al presentarse el escrito, la Sala resolvió el 26/08/2021 que proveería lo que correspondiera devueltas las actuaciones de la Fiscalía, dejando por ende que la suscripta avanzara con un dictamen en el que denuncié graves irregularidades y fraudes para luego silenciarlo a través de la resolución recurrida”, resumió Boquin en el recurso extraordinario a la Corte.

El otro punto importante es que este favor a los Macri que hicieron las camaristas Ballerini y Uzal no es legal. Boquin explica que ese fallo “resulta contrario a derecho y por lo tanto arbitrario pues no existe en el ordenamiento norma que autorice la suspensión del proceso de quiebra. Más bien todo lo contrario”. Y agrega que “la suspensión del curso del proceso concedida sin respaldo legal”, implica “un trato diferencial para con Correo Argentino SA por parte de las juezas, dado que no conozco casos en que un planteo de recusación suspenda el trámite de una quiebra”. La recusación es la que los Macri hicieron contra ella, para la cual quieren que intervenga la Justicia porteña y sobre lo que tiene que resolver -también- la Corte.

“Lo decidido genera gravedad institucional pues el precedente podría generar un caos en la justicia nacional paralizándose procesos como consecuencia de planteos como el aquí resuelto implicando una gran incertidumbre jurídica”, argumentó también Boquin. La fiscala advirtió que esto puede traer “gravísimas consecuencias respecto de este proceso pero también con posibles efectos expansivos sobre otros procesos en trámite, lo que llevaría a paralizar por esta vía a la Justicia Nacional”.

¿Cuanto demorará la Corte Suprema en tomar el caso cuando ya tiene dos dictámenes del procurador interino Casal sobre el mismo tema? Cada día que pasa favorece a Macri.