En septiembre se cumplirán 20 años de la deuda de los Macri con el Estado pero la jueza Marta Cirulli les acaba de dar 20 días para que alguien se haga cargo de la empresa y sus deudas o irán a la quiebra. La jueza además estableció que Correo Argentino vale cero, que es pura deuda y deben computarse intereses, que el expediente al que calificó de “particularísimo y extraordinario” no se puede demorar más y que no se pueden compensar las deudas de los Macri con el Estado con los juicios que éstos hicieron contra el Estado.
La resolución de la jueza Cirulli pone a Mauricio Macri y su familia en un aprieto que nunca antes vivieron y que hasta ahora lograron sortear gracias a todo tipo de artilugios, triquiñuelas y favores judiciales. Si Correo quiebra será SOCMA, su accionista controlante, la que tendrá que hacerse cargo de sus deudas. Y SOCMA es la familia Macri: en los papeles, Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri.
“La resolución judicial es inapelable”, dice la ley respecto a la decisión de la jueza Cirulli, aunque es de esperar que los Macri busquen trampear una vez más el asunto, como hicieron a lo largo de casi dos décadas.
El fallo de la jueza Cirulli, al que accedió El Destape, no hace otra cosa que cumplir con el artículo 48 de la ley de Concursos y Quiebras, aunque los Macri dirán lo contrario y su prensa servicial les seguirá el juego.
La ley marca que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre el deudor, los Macri, y sus acreedores, se abre un proceso de cramdown o salvataje en el cual se habilita que un tercero se haga cargo de la situación. El cramdown se inició en diciembre de 2019, con 15 años de demora, ya que la cuestión estaba pendiente desde el 2004.
En agosto de 2020 se presentaron 5 interesados en quedarse con Correo Argentino. Los nombres y personajes detrás de las empresas que se inscribieron para salvar a la familia Macri son los siguientes: Organización Courier Argentina SA (OCASA), manejada por Héctor Colella, heredero de Alredo Yabrán y de vínculo estrecho con Mercado Libre y Marcos Galperín; Transporte Chimiray SRL, del aliado PRO Ramón Puerta; MV Cargo SAS, la figura jurídica para crear sociedades rápidas que implementó el macrismo; Valuaciones SA, que se dedica a la actividad inmobiliaria; y Jorge Alberto Anselmi, que extrañamente se presentó como individuo y no como empresa.
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En realidad fueron 6, porque la propia Correo Argentino también se presentó a salvarse a sí misma. Sic.
La ley establece que primero interviene un estudio evaluador para determinar cuanto vale la empresa. El Estudio Urreaga, Cichero y Asociados llegó a la conclusión de que Correo Argentino tiene un patrimonio negativo de 15.324 millones de pesos. La Procuración del Tesoro comandada por Carlos Zannini, que defiende los intereses del Estado como principal acreedor de la familia Macri, descubrió allí una trampa y presentó un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación que arroja un negativo de 26.137 millones. La diferencia son 10.813 millones y surgen de que los Macri dan por ganados juicios multimillonarios contra el Estado, algo prácticamente imposible. Como fuera, Correo vale cero y solo tiene deudas que debe pagar con intereses.
El paso siguiente era que la jueza Cirulli determinara el valor de las acciones, algo que recién ahora pudo hacer porque cuando se disponía a resolverlo en noviembre pasado fue recusada. Su reemplazante, el juez Fernando D’Alessandro, no tocó el expediente, una nueva demora.
“Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino SA carece de valor positivo” resolvió ahora la jueza Cirulli. Significa que el que quiera quedarse con la empresa no tiene que pagar por sus acciones pero sí tiene que pagar sus deudas. Y ahí está el meollo.
Los interesados en hacerse cargo de Correo Argentino tienen 20 días hábiles para hacerles una oferta del pago de la deuda a todos los acreedores de la empresa. El acreedor principal es el Estado Nacional. Sería muy extraño que alguna se decida ahora a hacerse cargo de Correo Argentino y, por ende, de sus deudas. Más parece que se presentaron en el cramdown para darle más tiempo a la familia Macri. Si no lo hacen o no lo logran, la ley dice que “el juez declarará la quiebra sin más trámite.”
Si Correo Argentino quiebra la responsable de pagar sus deudas es SOCMA, su controlante.
La jueza Cirulli también se pronunció sobre un aspecto clave de la deuda de los Macri: los intereses. Tanto en sus escritos como las veces en que el ex ministro de Comunicación Oscar Aguad o el propio Mauricio Macri hablaron del tema dijeron que no había que computar intereses. Pero tanto el análisis de la Procuración del Tesoro durante el gobierno de Macri como ahora la jueza Cirulli dicen que sí.
En su último escrito, Cirulli afirma: “sí deben incluirse los intereses post concursales en ocasión de fijarse el valor de las acciones: se trata de preservar que el ‘sacrificio’ de los acreedores sea proporcional al de los socios”. Si no se computaran intereses, el paso del tiempo de esta deuda haría que se hubiera licuado. Fue siempre el objetivo de la familia Macri.
Cirulli recuerda que ya tomó esta decisión el 18 de marzo de 2010, hace 10 años, y describe este expediente como una “atípica situación mercantil” y a este caso como un “particularísimo y extraordinario escenario que exhibe este concurso preventivo”. Este caso se inició el 19 de septiembre del 2001, hace casi 20 años. Nadie recuerda un concurso de acreedores de esa duración.
La jueza también sostuvo que los Macri no pueden contar como activos las inversiones que hicieron cuando tenían la concesión del correo, menos que menos la planta en Monte Grande que pasó a manos del Estado cuando les quitaron la concesión ni tampoco compensar su deuda con el Estado con los juicios donde dicen que el Estado les debe a ellos.
Uno de los reclamos de los Macri es que se aguarde a que terminen sus juicios contra el Estado para saber cuanto vale Correo Argentino. Son al menos cinco juicios que tramitan en otro fuero, el Contencioso Administrativo, por más de 4.500 millones de pesos. Pero la jueza Cirulli cerró ese camino. Dijo que eso “dista de ocurrir en lo inmediato” y que “no podría, a esta altura del procedimiento y luego de todo lo andado, abrir ahora una suerte de instancia controversial respecto de temas ajenos a la incumbencia mercantil”.
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