El gobierno porteño sigue demostrando severos problemas a la hora de gestionar el operativo de vacunación. A pesar de que cuenta con más presupuesto, un territorio más acotado y de más sencillo acceso y mayor cantidad de personal e instituciones de salud per cápita que todas las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires no consigue articular su logística de manera fluida: el episodio de ayer en River, donde al menos 50 personas con turno no pudieron inocularse, es el último de una larga serie de situaciones problemáticas alrededor de este asunto, a duras penas disimuladas por el blindaje mediático a Horacio Rodríguez Larreta. Además, se volvió a postergar la inscripción para mayores de entre 70 y 79 años, que todavía no saben cuándo tendrán su turno para la inyección.
"El Ministerio de Salud de la Ciudad informa que debido a un error 50 personas cuyos turnos habían sido cancelados no recibieron la notificación correspondiente y esta mañana no pudieron ser atendidos en la sede de vacunación de River Plate. Allí se aplica la vacuna Sinopharm, de origen chino, de dos dosis idénticas que pueden ser administradas con un intervalo mínimo de 21 días", informaron ayer las autoridades porteñas, cuando el desaguisado en River ya no se podía disimular. Las imágenes, parecidas a las que se habían visto antes en el Luna Park y en San Lorenzo dos semanas atrás, se viralizaron en las redes y llegaron a los medios tradicionales. Se trata de un grupo de profesionales de la salud que debía recibir una segunda dosis, pero esa aplicación no estaba asignada para ellos. Se les prometió un nuevo turno cuando lleguen más vacunas al país.
La explicación es sencilla y da cuenta de cómo los debates bizantinos en los que a veces se mete la oposición con tal de llevar la contra terminan resultando perjudiciales. Las vacunas que en un principio estaban destinadas completar el tratamiento de personal sanitario se reasignaron para priorizar la primera dosis de un universo más amplio de población, de acuerdo a la estrategia acordada en forma unánime por todos los ministros de Salud provinciales en la última reunión del Consejo Federal de Salud. El problema para el gobierno porteño es que no puede blanquearlo sin explicar por qué Juntos por el Cambio había militado ruidosamente contra esa opción, cuando la ministra de Salud Carla Vizotti (entonces viceministra) habló por primera vez de la posibilidad de cambiar el régimen de vacunación.
Algunas de las notorias deficiencias en la gestión de la pandemia se deben a esta ambigüedad constante que caracterizó al gobierno de Rodríguez Larreta en el combate contra el coronavirus, tironeado entre la realidad y un sector de su espacio político (profusamente representado en el gabinete porteño, debe decirse) que rechaza cualquier intervención estatal. Esta semana, durante el zoom de la mesa política de la alianza opositora que pasará a la historia por otros motivos, el alcalde de la ciudad tuvo que plantarse ante la embestida de Patricia Bullrich, que insistía con institucionalizar el pedido para que empresas privadas y provincias puedan comprar vacunas sin la intermediación del Estado nacional, un lobby que tiene el nombre y apellido de los laboratorios Pfizer.
Desde el PRO intentan culpar a la Casa Rosada por los problemas de gestión en la ciudad. Cada vez que surge un inconveniente, señalan que la llegada de vacunas es insuficiente. Sin embargo eso no explica por qué las escenas de amontonamientos en centros de inmunización, los problemas con los turnos y la demora para comenzar a vacunar a menores de 80 años que se ven en territorio porteño no se repiten en otros lugares del país, que recibieron menos vacunas. De todos los distritos, CABA es el que resultó más beneficiado por el reparto: hasta ahora dispuso de 13 dosis por cada 100 habitantes, mucho más que las 10 cada 100 de Tierra del Fuego, las 9 de la provincia de Buenos Aires o las 8,5 de Salta, Corrientes o Santiago del Estero. Al día de ayer, dispuso de 402 mil vacunas y dio 342 mil.
Tampoco existe intervención de la Casa Rosada en la distribución de las vacunas que hace cada administración local una vez que las recibe. La decisión de tercerizar la aplicación de algunas partidas a través de un puñado de obras sociales, mutuales y prepagas, priorizando a los clientes de medicina prepaga antes que a quienes dependen del sistema público, tuvo como contrapartida la falta de inyecciones disponibles para docentes y personal médico, además del comienzo de la vacunación de los menores de 80 que no tienen cobertura. A pesar de las promesas, ayer se volvió a postergar, al menos hasta la semana que viene, el comienzo de la inscripción para darle turnos a personas de entre 70 y 79 años. La culpa, dicen las autoridades porteñas de nuevo, es del gobierno nacional.
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