En medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura Porteña un proyecto de ley de Emergencia Económica que establece en su artículo 19 el pago escalonado o diferido para los empleados públicos. Además establecen un congelamiento en las contrataciones de personal y la posibilidad de interrumpir obras. Tras una presentación inicial, el oficialismo impuso cambios, pero la oposición afirma que son insuficientes. Piden una auditoria del proyecto.
"Facúltase al Poder Ejecutivo, en función de las disponibilidades financieras, a requerir al resto de los sujetos comprendido por el Artículo 2, la remisión de cronogramas de pago escalonado y/o diferido de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a las personas que perciben menor remuneración, a fin e efectuar la planificación de las correspondientes transferencias de fondos", establece el artículo 19 del proyecto enviado por el poder ejecutivo.
De acuerdo al propio proyecto aquellos que serían alcanzados por el proyecto en caso de que sea aprobado son los empleados públicos de la Ciudad que se desempeñen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, como así también en las comunas, las empresas del Estado, los organismos descentralizados y las sociedades anónimas con participación estatal. El Destape dialogó con el legislador de Vamos Juntos Claudio Romero,quien adelantó que modificaron la redacción original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en varios aspectos para incluir los reclamos de la oposición.
Entre las modificaciones está el cambio en el pago escalonado que ya no afectará a todos los trabajadores públicos, sino sólo a aquellos que cobren un equivalente superior a tres salarios mínimos, es decir 52 mil pesos. Además establecieron que la medida no regirá para los profesionales de la salud. "El ministro de Economía nos dijo que este pago iba a ser utiizado sólo si era indispensable. Estamos ante algo que sabemos como empezó, pero no como terminamos. A la crisis sanitaria la seguirá una crisis económica y una crisis social", afirmó a El Destape Romero.
MÁS INFO
Otro punto que genera controversia es el artículo 7 que permite al Ejecutivo suspender o postergar la creación de programas creados por leyes. En la redacción original sólo establecía por excepción las ayudas sociales y ahora el oficialismo adelantó que se impedirá que se paralicen programas pertenecientes a la Salud, la Educación y el Hábitat.
La legisladora del Frente de Todos, Lorena Pokoik, adelantó a El Destape que no votarán el proyecto con las nuevas modificaciones debido a que consideran que sería "darle un cheque en blanco a Larreta". Entre las críticas que enumera la parlamentaria figuran: "Una catarata de ajustes encubiertos que afectará puestos de trabajo, inversión social y varios sectores sensibles de la Ciudad. Concede un sinfín de facultades extraordinarias y superpoderes al jefe de gobierno".
Además de cuestionar el pago salarial en cuotas y la paralización de programas que fueron creados por ley, la legisladora Pokoik señala que el proyecto "habilita a no informar a la legislatura sobre las modificaciones que haría al presupuesto 2020, ni siquiera publicarlas en el Boletín Oficial". Además denuncia que recortarán el presupuesto del Instituto de la Vivienda y podrían usar los fondos del gasto social.
Por su parte, Mariana Gagliardi -presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires-, presentó una nota ante la Legislatura porteña para que se permita la realización de una auditoría especial en el Proyecto de Ley de Emergencia. "Además de la ausencia de los mecanismos de control, este proyecto recorta facultades exclusivas a la Legislatura. Por eso, es necesario que la Auditoría de la Ciudad, en el marco de la ley, pueda realizar un examen especial de su cumplimiento", afirmó Gagliardi.
A continuación, el proyecto original sin las modificaciones hechas por el oficialismo:
Cerrar sesión