El Senado comenzará a tratar este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud el proyecto para fijar restricciones de acuerdo a parámetros epidemiológicos con la participación virtual de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. "Vamos a debatirlo y discutirlo, y esperamos que se comprenda que esta pandemia no se enfrenta en situaciones de rispidez y agresión, sino juntando voluntades para hacerlo", avisó Ibarra, quien redactó la iniciativa que ingresó el lunes al Congreso. Horas antes, desde Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo antes de leerlo, pero el martes por la tarde el interbloque de senadores mantuvo un largo zoom para discutir cuál será su posición. En la Cámara alta el oficialismo tiene los votos para aprobarlo sin problemas, por lo que la lupa está puesta en lo que pueda suceder en Diputados.
La iniciativa ingresó por el Senado para darle velocidad. El presidente Alberto Fernández adelantó que quiere que esté aprobada el 21 para que entre en vigencia a partir del 22 de mayo, así no necesita sacar otro nuevo DNU para fijar restricciones. En el proyecto de 34 artículos que se comenzará a tratar en comisión, se establecen los parámetros sanitarios para decidir qué distritos se encuentran en una situación de riesgo bajo, mediano o alto frente a la pandemia y la calificación más grave -Alerta Epidemiológica y Sanitaria- para los centros urbanos de más de 300 mil personas que acumulen en los últimos 14 días más de 500 casos cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.
En una entrevista, Vilma Ibarra detalló los argumentos que expondrá en el plenario. Sostuvo que el proyecto plantea "un sistema muy equilibrado con una forma escalonada" para adoptar las medidas, de modo tal que "ante una situación muy grave, se toman medidas más gravosas por un tiempo pequeño, que se tienen que controlar y medir su eficacia para poder cuidar la vida y salud de nuestra gente". Ante los cuestionamientos opositores, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que en varios países se aprobaron propuestas similares y que los parámetros fijados aquí incluso "son altos con respecto a Europa, son preocupantes sobre todo teniendo en cuenta las unidades de terapia intensiva".
El debate
La intención del oficialismo es que el proyecto obtenga dictamen el mismo miércoles y que la semana que viene sea aprobado en el recinto, para enviarlo de inmediato a Diputados. Aunque expondrán Vizzotti e Ibarra, todo indica que quien tendrá más trabajo será la secretaria Legal y Técnica porque, hasta ahora, las críticas opositoras se centraron en lo jurídico, nada se dijo respecto a los parámetros sanitarios que el Gobierno adelantó que estaba dispuesto a modificar. Alentados desde los medios opositores, los legisladores macristas adelantaron su rechazo a los "superpoderes" o supuestos poderes especiales que el proyecto le otorgaría al Presidente y, por delegación, a los gobernadores para cerrar actividades.
Curiosamente, el Presidente ha venido tomando esas decisiones por decreto de necesidad y urgencia y ahora se hará mediante una ley aprobada por el Congreso, que claramente suena más democrático y federal. El jefe de los interbloques de senadores y de diputados de Juntos por el Cambio, los radicales Luis Naidenoff y Mario Negri, adelantaron planteos de tipo constitucional. Por un lado, sostienen que los gobernadores no son delegados del Ejecutivo como, interpretan, pretende el proyecto sino que son "agentes" que deben hacer cumplir la Constitución. Por el otro, aseguran que la norma no fija un límite de tiempo a la emergencia que justifica la delegación de facultades.
Esto no es cierto porque el proyecto fija dos límites temporales. Sostiene que las restricciones que establezcan los gobernadores y jefe de gobierno durarán 21 días máximo, luego deberá verificarse que se sigan manteniendo los parámetros sanitarios necesarios. Además, le otorga a la ley vigencia en tanto dure la emergencia establecida por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez descartó que el proyecto le otorgue "superpoderes" al Presidente, dado que la delegación de facultades es un mecanismo previsto en la Constitución para los casos de emergencia. También destacó que la propia iniciativa prevé que el Ejecutivo mantendrá consultas antes de tomar decisiones con los gobernadores y el jefe de gobierno, y que esas medidas no podrán ir más allá de los 21 días.
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