El presidente Alberto Fernández dejó firmado el proyecto de ley que establecerá el nuevo marco para aplicar restricciones a la circulación según los diferentes parámetros sanitarios. Antes de subirse al avión para dar inicio a su gira europea, Fernández trabajó en Olivos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en afinar la letra de la iniciativa que se presentará mañana en el Congreso para su tratamiento.
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La idea del Presidente es que esté aprobado antes del 21, cuando vence el DNU que está vigente, con el que tendrá similitud. Cafiero anticipó que los parámetros serán parecidos dado que "es lo vinimos trabajando con nuestro equipo de especialistas y epidemiólogos".
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El Presidente no dedicó sus últimas horas en el país sólo a preparar las valijas. Encabezó desde Olivos una primera reunión -virtual- del Consejo Nacional del PJ Nacional como su nuevo titular y, además, definió con Cafiero la letra fina del proyecto elaborado en base a los datos trazados desde el ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti. "Las métricas serán muy similares", adelantó el jefe de Gabinete al comparar la iniciativa con el actual decreto en diálogo con El Destape radio.
No quedaba mucho espacio para cambios porque ese semáforo epidemiológico fue trazado siguiendo estrictos criterios sanitarios aceptados por las organismos de salud. En Gobierno aseguraban que a esta norma se le agregaría una mayor sustentación tanto sanitaria como legal, previendo los cuestionamientos que puede presentar la oposición y, eventualmente, los jueces que le son afines. "Será para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas", explicó Fernández el viernes las razones del proyecto.
El decreto que está vigente desde el 1 de mayo dividió los departamentos del país en cuatro categorías: riesgo bajo, medio y alto, y para los casos más graves reservó la "alerta epidemiológica". Para decidir qué departamento estaba en cada categoría cruzó tres indicadores: crecimiento de casos en los últimos 14 días, cantidad de casos cada 100 mil habitantes y la ocupación de camas de terapia intensiva. Con esos parámetros, 40 departamentos de Buenos Aires, 6 de Mendoza, 2 de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires quedaron comprendidos en la máxima categoría de alerta. Eso implicó, entre otras cosas, restricción para circular de 20 a 6, transporte público sólo para trabajadores esenciales y autorizados y la suspensión de las clases presenciales. Ni CABA ni Mendoza acataron esta última restricción.
La Corte Suprema en su fallo sobre las clases presenciales -que según el Gobierno fue abstracto porque se refirió al anterior DNU- detalló que no importara que la resolución se tomara por decreto o por ley, que la decisión final respecto a las cuestiones educativas estaban en manos de los ejecutivos provinciales y de la ciudad autónoma. Con todo, si se trata de una normativa aprobada por todos los bloques parlamentarios será difícil para cualquier gobernador rebelarse y decidir algo en contrario. De hecho, en Juntos por el Cambio reconocían que en los últimos días existieron diálogos informales acerca de lo que debía contener el proyecto para tener su aval. Igual, esperarán al lunes hasta tener la iniciativa en sus manos para dar su opinión.
Apenas el Presidente anunció su decisión de enviar un proyecto de ese tipo, desde los medios opositores primero y luego desde la dirigencia macrista, comenzaron a hablar de un intento de obtener "superpoderes". Eso porque Fernández adelantó que la ley dejaría en sus manos y en la de los gobernadores la decisión última de cerrar. Eso, en verdad, tiene que ver con las características propias de cada departamento y apunta más que nada a las actividades económicas. Al Gobierno -también a lo gobernadores- le preocupa mucha no frenar la recuperación económica que se espera para este año. Con parámetros aceptados por todos, en la Casa Rosada apuntaban la "despolitización" de las restricciones, así como Horacio Rodríguez Larreta hizo una bandera con las clases presenciales, casi como largada de la campaña electoral.
El proyecto que enviará el Gobierno se inspira en el aprobado semanas atrás por el Parlamento alemán. Luego de que la canciller Angela Merkel decidiera una restricción total para Semana Santa que fue rechazada por los gobiernos regionales, presentó un proyecto de ley que le otorga mayores atribuciones para determinar cierres si se cumplen determinados parámetros. Así, a partir de un umbral de 100 nuevos casos cada 100 mil habitantes en tres días, el Estado federal puede aplicar medidas como toques de queda nocturnos, por ejemplo. Las clases presenciales, en tanto, se suspenden a partir de los 165 casos cada 100 mil. En el AMBA hace varias semanas que se registra un promedio muy por encima de ese semáforo. "Para algunos que no entienden o que se quejan cuando decimos que queremos cerrar actividades, como si fuera algo que solamente pasara acá, el índice de Merkel es seis veces más sensible”, argumentó días atrás el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
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