En medio del escándalo por la denuncia de privatización de la distribución de vacunas en la Ciudad de Buenos Aires, la titular del PAMI, Luana Volnovich, cruzó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Además, negó que el gobierno porteño se haya contactado para otorgar dosis a una de las obras sociales más importantes del país.
Para responder a la acusación, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, había explicado que desde el gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de "que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad" a la inmunización.
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Sin embargo, a través de su cuenta en la red social Twitter, Volnovich disparó contra la Ciudad: "PAMI es la obra social más grande de Argentina. Solo en CABA tiene más de 100 mil afiliados y afiliadas mayores de 80 años y 300 mil mayores de 70 años. Nunca fuimos convocados para vacunar como informó el gobierno porteño".
En ese sentido, sentenció: "En PAMI estamos a disposición para vacunar en la Ciudad como lo estamos en todo el país. Eso nos pidió el presidente, que asistamos a las provincias, como lo estamos haciendo en las más de 2.000 residencias de Provincia de Buenos Aires".
Privatización de vacunas
El fiscal Carlos Stornelli imputó a Larreta y a Quirós; al requerir que se investigue la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
El fiscal dio impulso a dos denuncias en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid, quien pidió ser tenida como parte querellante. Ella apuntó a la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Al solicitar las primeras medidas de prueba, Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.
La denunciante había señalado que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
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