El Gobierno anunciará este viernes una nueva batería de medidas orientadas a demorar el ingreso al país de variantes que puedan presentar contratiempos al plan de inmunización en marcha. Entre las alternativas que se discutieron esta tarde se barajó la prohibición del turismo en el exterior, el establecimiento de un cupo de ingreso al país de hasta 500 personas por día, la obligatoriedad de hacer aislamiento en hoteles y la imposición de multas para aquellos que no lo cumplan. La decisión final está en la lapicera del presidente Alberto Fernández, que consultará con las provincias antes de definir los detalles del anuncio.
La decisión de endurecer las restricciones para el ingreso al país aparece en respuesta a la altísima tasa de incumplimiento del aislamiento en domicilio prescripto actualmente por la norma. Según un relevamiento del gobierno bonaerense, en algunos municipios bonaerenses alcanza el 69 por ciento. Esa porosidad, y el aumento de la circulación en todo el mundo de la nueva cepa Delta, mucho más contagiosa y con cierta capacidad de eludir la respuesta inmune obtenida mediante la vacunación, obligaron a repensar la estrategia para no poner en riesgo el sendero de salida de la crisis que, con optimismo, se abre en el horizonte.
Los números los llevó el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, a una reunión con funcionarios de la dirección de Migraciones. A partir de un control domiciliario llevado a cabo entre el martes 15 y el miércoles 23, se comprobó que una parte importante de los viajeros no cumplían el compromiso de aislarse que suscribieron en la declaración jurada que firmaron para ingresar al país. En Morón, sólo el 31 por ciento de las personas visitadas se encontraban en sus hogares. En Mar del Plata, el 42 por ciento. Bahía Blanca, 46 por ciento. Almirante Brown, 60 por ciento. La Plata, 69 por ciento. Un verdadero colador.
Con esos números a la vista, se pusieron sobre la mesa medidas fuertes, aunque en la Casa Rosada advierten que algunas podrían suavizarse o dejarse de lado. Una de las posibilidades en evaluación es poner un cupo que limite la cantidad de gente que puede ingresar a al país cada día. Las fronteras terrestres se encuentran cerradas y por Ezeiza actualmente llegan entre 1800 y 2000 personas por día, según datos oficiales. En las consultas cruzadas que por estas horas se hacen los ministerios de Interior, Exterior, Transporte, Turismo y Seguridad, ese número podría reducirse sensiblemente, hasta 500 pasajeros diarios.
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Esa decisión estaría atada a otra: implementar la obligatoriedad del aislamiento en hoteles para quienes entran a la Argentina. Hasta ahora, uno de los motivos por los cuales no se avanzaba en ese sentido era la dificultad de alojar a la cantidad de personas que llegan todos los días. Si ese caudal se estrecha, resultaría más sencilla la logística para implementar esa regla, que facilitaría el control del cumplimiento, al mismo tiempo que serviría como alivio económico a la maltrecha industria hotelera, que lleva más de un año trabajando por debajo de la línea de flotación.
Otra alternativa que está en discusión por estas horas es la prohibición transitoria del turismo en el exterior. Para tal fin, se planteó establecer un período mínimo de 90 días de permanencia fuera del país para todos aquellos que decidan salir mientras dure la emergencia. Es decir: aquellos que decidan viajar al exterior deberán aceptar, antes de salir, una espera de al menos tres meses antes de ser readmitidos en la Argentina. Quedarían exceptuados aquellos que tengan que viajar por motivos laborales o humanitarios, el personal diplomático y los funcionarios en ejercicio de sus funciones.
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Como uno de los principales problemas de las restricciones durante la pandemia fue la dificultad para hacerlas cumplir, también se está evaluando establecer multas para quienes estén en falta. Por ahora, Migraciones inició denuncias penales contra las personas que cometieron infracciones; las multas permitirían aplicar el castigo de manera inmediata por vía administrativa. También se harán refuerzos en los operativos de control, con participación de las fuerzas de seguridad federales en todo el país. Y hasta se baraja la posibilidad de realizar auditorías a los municipios para garantizar el cumplimiento de las normas.
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