Luego de lo que significó la salida del Gobierno por parte de Ginés González García por el escándalo ocurrido con las vacunas, la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió que los "vacunados VIP" no cometieron delito. También ordenó que haya una profundización de la investigación sobre el ex ministro de salud que, por el momento, sigue imputado.
La resolución se conoció este último jueves y ordenó archivar la investigación sobre las personas que estaban en la lista de personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V. En ese momento la vacuna solo estaba destinada a grupos estratégicos. Por otro lado, también llamaron a indagatoria a las hijas de Eduardo Duhalde.
En el escrito la jueza sostiene que en el Código Penal no "hay un tipo penal que criminalice la conducta de un funcioanrio público que otorgue tratos especiales". Por otro lado, vale recordar que de la lista de 70 personas que, en principio, fue reportada por el Hospital Posadas, solo cinco no cumplían con las condiciones necesitadas en ese momento para acceder a la vacuna. Entre ellas cinco estaban Juliana y Maria Eva Duhalde, el periodista Gabriel Michi, Nestor Mandraccio e Irene Lopez.
Por otro lado, según detalla NA fuentes judiciales conjeturaron que “aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”.
El fallo le señala al Congreso que “nada se legisló sobre la creación de tipos penales específicos sobre los planes de vacunación, como sí sucedió en otros países”. Capuchetti dispuso “continuar la investigación respecto de los hechos relacionados con las personas (a las que identifica por el número de orden del listado suministrado por el Ministerio de Salud) sobre de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de quienes no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios”.
En el mismo contexto, el fallo dispone “determinar si existió un desvío de 60 dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas”.
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