Las empresas privadas de servicios médicos ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre los profesionales de la salud en plena pandemia del coronavirus. Lejos del aplauso de cada noche en los balcones porteños, el sector privado avanzó en la última semana con recortes salariales y demoras en los pagos.
Mientras el sistema de salud pública es el que responde con recursos del Estado a la contención y el avance del coronavirus, en el sistema privado, con el argumento de que bajaron la productividad y las ganancias de las empresas, no realizaron inversiones y al mismo tiempo reclaman un subsidio que compense los ingresos no percibidos durante los meses que dure la pandemia.
En los últimos días, se anunciaron reducciones y descuentos de salarios en centros de salud del Grupo Galeno; el Grupo OMINT, en sus clínicas Del Sol, Bazterrica y Santa Isabel, y el Sanatorio Otamendi; también en el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, y advierten que podría extenderse a otros centros privados de salud.
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En la mayoría de los casos, pagaron y anunciaron que pagarán el 50% del salario, ya que solicitaron a la AFIP ser incluidas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado a través de la Anses se hace cargo de la mitad de los salarios de los empleados.
En el caso del Grupo Galeno, que tiene ocho sanatorios en todo el país, aún no depositaron los salarios ni se confirmó una fecha de pago. Una de las enfermeras del Sanatorio Dupuytren, Alejandra Ruz, explicó que “siempre cobramos el último día del mes. Esta vez nos dijeron que nos van a pagar el 4, pero no sabemos si nos van a depositar todo o la mitad a la espera del plan de Anses”, dice en diálogo con El Destape.
El cirujano Julio Alfredo Fraomeni, fundador y dueño de Galeno, es una de las personas más ricas del país. Con US$ 920 millones, se ubica en el puesto 12 del último ranking que realizó Forbes Argentina con las mayores fortunas personales de la Argentina.
Hay distintas realidades dentro del sistema privado de salud. Están las clínicas propias de las empresas de medicina prepaga, con un ingreso mensual fijo de los aportes de los afiliados, como Galeno, Swiss Medical y OSDE, que no atraviesan por una situación límite. Y por otro lado las clínicas que trabajan con prestaciones a prepagas y obras sociales, que pueden tener un mayor impacto por la falta de internaciones y consultas.
Los grandes empresarios de la salud reparten dividendos todos los años, y lo que se llevaron no vuelven a invertirlo, ni siquiera en el contexto de una crisis sanitaria de proporciones históricas. Algunas son empresas superavitarias que, dentro del marco legal, solicitaron ayuda al Estado para pagar los salarios.
En el Sanatorio Otamendi notificaron el 29 de abril que pagarán el 50% del sueldo a la espera de que la Anses se haga cargo de la otra mitad, sin certezas de cuándo ni cómo la cobrarán. Al día siguiente, unos 50 trabajadores realizaron una protesta en la entrada de ambulancias del Otamendi para visibilizar el conflicto.
En las clínicas Bazterrica, Santa Isabel y Del Sol, del Grupo Omint, ya pagaron la mitad del sueldo. Situaciones similares ocurren en el FLENI, el Sanatorio Colegiales y en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).
El Hospital Alemán también solicitó ser incorporado al programa de asistencia ATP para obtener el sueldo compensatorio del Estado. En este caso, depositaron el sueldo completo de abril pero con la aclaración de que le descontarán a los trabajadores el depósito de ANSES en el mes de mayo como concepto de “anticipo de sueldo”, según explica un mail firmado por la Jefa de Personal y el director de Recursos Humanos del hospital, enviado el 29 de abril a los trabajadores del hospital.
El Hospital Italiano comunicó que reduce el pago de honorarios médicos en un 12% durante los meses de mayo, junio y julio, a los profesionales que no se encuentran en relación de dependencia. Aunque en algunos casos podría llegar al 30%, según advierte el delegado gremial del Hospital Italiano, César Latorre, en diálogo con El Destape.
En una comunicación interna, el jefe de Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano argumenta que el ajuste se debe a que el hospital tuvo una caída en la facturación del 60%, debido a la “reducción en el número de consultas y prácticas” y a los “incrementos de los costos ocasionados por la pandemia”. El de Clínica Médica es uno de los servicios que están en la primera línea de combate contra el virus.
“Son unos terroristas. Venimos diciendo que estaban ahorrando en materiales de protección personal, con muchos contagiados en el hospital, y salieron a hacernos una campaña tremenda por los medios. Y esto nos da la razón, tratan de ahorrar como sea, hay mucha hipocresía”, dice Latorre.
El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Omar Sued, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno, advierte en El Destape que “la situación de los infectólogos es particularmente preocupante. El 25% de los infectólogos no tienen un trabajo en relación de dependencia, y además tienen la responsabilidad de generar en los hospitales los protocolos y procedimientos de atención”.
Las prepagas aumentaron un 60% en 2019, fue el año de mayor incremento de los últimos ocho, contra un 53,8% de inflación. Uno de los pocos sectores que no perdieron en los años de macrismo.
El secretario Adjunto de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, el Dr. Luis Japas, destaca en El Destape que “la paritaria firmada el año pasado llegó al 32% con una cláusula de revisión en febrero que ADECRA, la cámara que reúne a Swiss Medical, Galeno, etcétera, todavía no firmó. Y ahora piden ayuda para pagar los salarios, cuesta digerirlo”.
Otra preocupación que destacan los trabajadores de la salud consultados por El Destape es la cantidad de médicos contagiados, y advierten sobre la falta de materiales de protección. El balance difundido el ministerio de Salud de la Nación este sábado 2 de mayo oficializó que ya son 764 los casos de contagio registrados entre las personas que trabajan en el área de Salud, y de ese número, nueve de ellos han muerto.
Esta semana, en una carta dirigida al ministro de Salud, Ginés González García, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) pidió asistencia económica para todas las prestadoras privadas de servicios médicos. Detallan la caída que tuvieron en sus actividades por la suspensión de todas las actividades que no sean urgentes. Estiman que la facturación de abril marca una caída del 50% con relación a abril de 2019, y que la evolución prevista para el trimestre mayo, junio y julio ronda el 65% con relación a igual trimestre del año pasado.
Describen que las entidades están obligadas a funcionar por encima del 85% de su capacidad instalada para ser viables. Piden al Estado un subsidio que compense los ingresos no percibidos durante los meses que dure la pandemia. La carta la firma el licenciado Hugo Magonza, y entre las 37 instituciones que integran ACAMI están el FLENI, la Fundación Favaloro, Fundaleu, los hospitales Alemán, Británico e Italiano, y OSDE.
“Entiendo los recortes porque hay una caída importante de la actividad. Nosotros todavía no llegamos a esa instancia”, dice Miguel Blanco, gerente de Swiss Medical, en diálogo con El Destape. “Todo impacta mucho en los ingresos, y tenés que mantener el plantel esperando que llegue el pico de la pandemia”.
“Hay clínicas que están en crisis. Por eso la Unión Argentina de la Salud viene reclamando que la carga de impuestos es muy alta. Y además subieron los insumos en cantidad y precios”, describe Blanco y advierte que el sistema privado de salud está ante un “combo explosivo”.
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Jorge Yabkowski, se refirió en El Destape al recorte de salarios en el sector privado. “El pacto de la CGT y la UIA acordó rebajas salariales y ahora se prende todo el mundo. Baja la facturación y la patronal te baja el salario, siempre actúan así, son empresarios”.
Por otra parte, la Fesprosa aseguró que 120 mil trabajadores de las 6 mil unidades sanitarias “fueron excluidos del pago del bono” de 5 mil pesos que dispuso el Gobierno para el sector de salud. Enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para que "se repare el error".
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