Rodríguez Larreta no se deja auditar: trabas y atrasos que oscurecen la gestión

Hay una coincidencia a la hora de analizar lo que ocurre en la Ciudad e indica que fue muy difícil auditar al macrismo porteño en los últimos ocho años, pero fue imposible durante los cuatro del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La Auditoría porteña está estancada, con informes atrasados desde el 2016 a causa de la falta de información, trabas dentro y fuera del organismo. 

El Destape se puso en contacto con la gestión de Rodríguez Larreta y confirmaron este análisis. Fuentes oficiales aseguraron que hay informes pendientes desde el años 2017 y que muchos ya no tienen sentido porque la dirección o secretaría a auditar dejó de existir. Las excusas sobre esta situación son de todo tipo y el objetivo, sostuvieron, es acomodar el organismo de forma interna y realizar informes que le sirvan a la gestión.

Para realizar los informes, el equipo de trabajo pide la información al funcionario correspondiente. El problema fue que en muchos casos esos datos no fueron enviados. El siguiente paso es elevar un pedido formal que otorga de una a dos semanas de plazo para cumplir con el requerimiento y, si no lo hace, se avanza hacia un sumario administrativo. Los reclamos no salieron nunca porque, como ya se sabe, la oposición se vio disminuida en el organismo, perdiendo las votaciones. No hay forma de que una solicitud de esta dimensión avance si no es con el consenso de los siete auditores. Algo imposible y el resultado fue una pila de informes que quedaron en espera. Desde el oficialismo sostienen que reciben lo que piden pero desconocen cómo fue el manejo previo. Es importante destacar que cinco de los siete auditores ingresaron en diciembre.

Los problemas más centrales están vinculados a los gastos. Todos los años, como ocurre a nivel nacional, la Legislatura aprueba un presupuesto cuyo destino debe ser analizado en el período siguiente, en marzo. Las erogaciones llegan a la Legislatura pero con un previo paso por la Auditoría que debe analizarlos, determinar si el dinero se destinó a donde se dijo que se iba a destinar. Si bien hasta 2015 se aprobaron, desde el 2016 hasta la actualidad no salió ninguno desde ese organismo.

Lo mismo ocurre con la deuda pública. Según la Ley de Administración del Estado, todos los años se tiene que hacer un informe sobre cuánta deuda se tomó, en condiciones y en qué se gastó. Una vez más, la Auditoría es la que tiene que analizarlo pero esos informes tampoco fueron aprobados en los últimos cuatro años.

En la lista negra están el informe sobre comedores escolares con la excusa de que las escuelas no están funcionando. Como si las empresas que manejan la licitación de los alimentos no siguieran entregando bolsones de comida que, como contó El Destape, tienen muchas críticas por cantidad y calidad. También figuran los programas de subsidios en educación, que esperan desde 2016 y genera un nuevo problema: información tan lejana en el tiempo, resulta inservible en la actualidad.

Por eso, durante la pandemia comenzó a rediscutirse la planificación interna. Desde el oficialismo confirmaron que muchos temas no se van a poder auditar porque el coronavirus no lo permite, ya sea porque no todos van a sus lugares de trabajo o porque es imposible revisar obras. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el Parque Lineal del Paseo del Bajo, una especie de espacio verde que no es tal. Por eso, no se descarta comenzar a abordar los informes de 2019, con algunas adhesiones del pasado pero dejando muchas otras de lado.

En el listado también se incluyen una revisión sobre el funcionamiento de la historia clínica electrónica. Algo que pidieron bajar para “no molestar” al Ministerio de Salud en plena pandemia y con la excusa de la confidencialidad de los datos del paciente. Se ofreció una alternativa pero se está analizando. Incluso hay un informe sobre los Centros de Primera Infancia que revela un importante hacinamiento de los más chiquitos pero sigue dando vueltas. Esos espacios se crearon para dar alguna especie de solución a la demanda de vacantes pero el 57% está en lista de espera y de 15 establecimientos, 10 albergaban a más niños de lo que corresponde por metro cuadrado.

Los planes de trabajo de la Auditoría se presentan a fin de año para abordarlos en el siguiente. El de 2020 será el votado en 2019. Por poner un caso, el año pasado la por entonces presidenta del organismo, Cecilia Segura, votó en contra porque pusieron muchas restricciones. De hecho, la posibilidad de trabajar se limita sólo al 13% del presupuesto de la Ciudad pero hay un 87% que no van a poder mirar. Con el riesgo de que propongan “bajar” aquéllos que sí pueden abordar. Pero, para sumar irregularidades, ese plan debe ser aprobado por la Legislatura que hace siete años no da su visto positivo ni negativo. Ante este panorama se optó por entender como “luz verde” el silencio de los diputados porteños.

Ahora, con los cambios que implicó la última elección, se avanza en charlar desde la Legislatura con los distintos organismos de control para analizar cuál es la situación actual en la que se encuentran e intentar activar sus tareas. En paralelo, comienza un trabajo de acercamiento de posiciones entre los auditores, pero es un proceso.