Ciertos sectores de la oposición criticaron la decisión de permitirle al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la reasignación de partidas presupuestarias para direccionarlas a la lucha contra la pandemia del COVID 19 y lo acusaron de otorgarse "superpoderes". Pero en realidad, el texto señala otras cuestiones.
El DNU 457/20 del 10 de mayo no elimina el límite del 5% establecido por la Ley 24.156 de Administración Financiera, sino que lo suspende por un período de tiempo acotado. Esto está señalado en el artículo 4 donde se establece que la suspensión se produce "durante el ejercicio 2020", es decir, sólo en el ejercicio presupuestario 2020.
El decreto, además, no suspende ese límite para realizar cualquier tipo de reasignación de partidas. Expresamente marca que se aplica solamente "para aquellas modificaciones presupuestarias necesarias en virtud de medidas dictadas en el marco de las disposiciones del Decreto 260/20", que es mediante el cual se estableció el 12 de marzo de 2020 la ampliación de la emergencia sanitaria por el plazo de 1 año y determinó por 14 días el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Por otra parte, el DNU 457/20, al igual que los otros instrumentos normativos emanados durante la pandemia por el Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra remitido al Congreso Nacional para su control correspondiente.
Esto se aborda de acuerdo al artículo 22 de la Ley 26.122, que dispone que las Cámaras se pronuncien al respecto, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Este procedimiento de control parlamentario se encuentra en marcha y se espera que sea debatido en el Senado este jueves, junto a los otros 19 DNU tratados previamente por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el pasado 28 y 29 de abril.
Sobre este tema ya se pronunció esta mañana Cafiero, mediante su cuenta de Twitter, donde destacó que los presupuestos 2019 y 2020 confeccionados por el macrismo buscaron el equilibrio sobre la base de un brutal ajuste fiscal del Estado para pagar los compromisos de la insostenible deuda, lo opuesto a la necesidad de intervención estatal que exige la crisis sanitaria global.
"El Presupuesto 2020 enviado por el gobierno anterior no reflejaba la situación económica y social. Suponían que la economía iba a crecer con un ajuste fiscal enorme para así afrontar todos los pagos de la deuda que ellos mismos habían reconocido insostenibles y habían reperfilado", explicó.
Y agregó: "Para que el país pudiera seguir funcionando tuvimos que prorrogar el Presupuesto del año 2019. En un contexto de alta inflación, esto suponía de manera inevitable una ampliación presupuestaria. De lo contrario, el gobierno no hubiera podido funcionar más allá de la mitad del 2020. Y todo esto antes del COVID".