En el plan poscuarentena que diseña el gobierno, apuntan que la clave será generar trabajo con un fuerte estímulo estatal. Consideran que la política de ingresos no puede estar disociada del mercado laboral.
En línea con ese plan, esta semana comienza a implementarse el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep). El objetivo es registrar a 6 millones de personas, en su mayoría ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los conurbanos del país.
Buscan reconocer, formalizar y garantizar sus derechos para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su capacidad de inclusión social mediante el trabajo.
Será primero a través de la web y luego con despliegue territorial. Podrán acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. También se les facilitará la participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera.
Agricultura familiar, venta ambulante, electricistas, gasistas, cartoneros y recicladores, fleteros, cuidadoras comunitarias, cocineras de comedores populares, albañiles, pintores, serenos y una larga lista de trabajos, rebusques y changas diarias que estarán ahora registradas por el Estado.
Muchas de esas actividades fueron, y son, esenciales durante la pandemia. Una economía cercana a cada necesidad en los barrios, con una producción que no se enfoca en el consumo masivo.
La informalidad en la que viven millones en todo el país quedó evidenciada cuando la gestión del presidente Alberto Fernández instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia. Resultó ser un golpe de realidad: esperaban llegar a 3 millones de personas, se anotaron 12 millones, y alcanzó a casi 9 millones. Además de la asistencia alimentaria del Estado que debió reforzarse hasta llegar a 11 millones en todo el país, según datos del ministerio de Desarrollo Social.
Un cálculo para dimensionar la magnitud de la economía popular: conforman alrededor del 50% de los trabajadores económicamente activos.
De una población económicamente activa que ronda las 22 millones de personas, hay 6 millones de trabajadores formales privados, unos 3 millones de trabajadores públicos, y 6 millones que trabajan en la informalidad.
“Hay toda una economía paralela que no tiene ningún tipo de institucionalidad”, dice el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local de la Nación, Pablo Chena, en diálogo con El Destape.
“La función del trabajo es ser un ordenador de la vida social, a los sectores populares les ordena la vida, y eso no lo va a hacer el sector formal ni el Estado de forma directa. Para eso buscamos ordenarlos en un registro económico que reconoce sus ramas, sus actividades, y a partir de ahí nos planteamos el segundo punto, que es impulsarlos a la creación de riqueza”, explica Chena.
“LLevarlos a una economía formal es el primer paso para impulsar una relación económica con el Estado, y la otra gran herramienta es la financiera para que puedan acceder a un esquema de créditos adaptado al sector. Además de un esquema de comercialización y producción para que puedan capitalizarse”, detalla el funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La crisis provocada por la pandemia, que se suma a los años de recesión y las políticas de exclusión del gobierno de Macri, dejará en los próximos meses a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, según calculan y reconocen en el propio gobierno.
Consolidar la economía popular puede ser uno de los caminos posibles y simultáneos para amortiguar el impacto de una crisis al límite, con indicadores sociales y económicos similares al post estallido del 2001 en la Argentina, aunque con mayor capacidad de respuesta del Estado y la red comunitaria.
En la misma línea, ya comenzó a funcionar el programa Potenciar Trabajo, que reconvierte los planes sociales en trabajo formalizado. Mientras, se discute la posibilidad de implementar algún tipo de ingreso universal, que impulsa el ministerio de Daniel Arroyo, pero que analizan con cautela y reparos desde la propia Casa Rosada.
El Renatep no es un registro social, es económico. Le permitirá al Estado focalizar las políticas públicas, ya no sólo de asistencia social, sino de desarrollo productivo y laboral. El relevamiento ordena por rama, actividad, ubicación geográfica y forma asociativa.
El registro está organizado en ocho ramas: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.
El Renatep es un logro de las organizaciones populares, que consiguieron la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345) durante el macrismo.
Podrán anotarse trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años que crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas que están caracterizadas por estar inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal.
En el lanzamiento del Renatep, el 4 de junio, en un acto que compartieron autoridades nacionales y representantes de los movimientos populares, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que “los proyectos tienen más fortaleza cuando crecen de abajo hacia arriba y tienen una fuerza social atrás. Y eso es lo que sucede con el Registro”. Y sostuvo: “Queremos un registro masivo, que vaya sumando instrumentos de crédito, apoyo y acompañamiento y que sea un trampolín para construir un nuevo derecho”.
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro, remarcó que “cuando en el Estado existe preocupación por los más humildes, se puede avanzar en las cosas que hay que hacer, como este Registro, que es el fruto de toda esa lucha de los movimientos sociales”.
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