El Ministerio de Salud nacional se presentó en la Justicia porteña para pedirle que "se abstenga de seguir interviniendo" en la decisión del Gobierno nacional de que se suspendan las clases presenciales por dos semanas, debido al alto porcentaje de casos positivos de coronavirus.
A través de una representante legal, la cartera que conduce Carla Vizzotti se presentó en la Cámara porteña para defender el DNU que establece medidas más restrictivas y pidió: "Que en el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi representado, vengo en tiempo y forma, a formular planteo de declinatoria a fin de que este Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstenga de seguir interviniendo en las actuaciones individualizadas en el exordio".
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Además, en la presentación, el Ministerio aclaró que "de acuerdo a la evidencia acumulada a la fecha podemos decir que, en relación a la presencialidad en instituciones escolares, el riesgo individual de contagio puede ser considerado bajo si se acompaña y garantiza el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención".
Pero advirtió: "Debemos tener en cuenta que, en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria, todos los asistentes a establecimientos escolares (estudiantes y personal), al igual que el resto de la población que viven en áreas de riesgo, tienen más probabilidad de enfermar cuanto más circulen, por lo que el bajo mencionado anteriormente, aumenta en áreas de alta transmisión".
En tanto, respecto al riesgo colectivo, la cartera aseguró que "cuanto mayor es la circulación de personas mayor es la transmisión del virus, esto es aún más pronunciado cuando la prevalencia es más alta". En ese sentido, señaló que "el riesgo de enfermar aumenta cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad en la población". También, se refirió a un estudio que revisó distintos trabajos, y experiencias principalmente en Reino Unido, donde "se plantea que para garantizar los cuidados escolares es fundamental controlar la transmisión de la enfermedad en la comunidad". Sobre ese punto, agregó: "Menciona también que el cierre de escuelas tanto primarias como secundarias, se ha asociado con reducciones sustanciales en los niveles de transmisión en diversos países".
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En la presentación, el Ministerio adjuntó información sobre la situación epidemiológica de la zona Metropolitana al subrayar "la imposibilidad de separar el riesgo individual de lo colectivo" y detalló que en el AMBA "se observa un crecimiento exponencial de casos con alta velocidad de aumento, incremento veloz de circulación de nuevas variantes (más transmisibles, posiblemente de más gravedad y afectación de grupos etarios más jóvenes), aumento de un 25% de utilización de transporte público, desde el inicio de las clases, (con presencialidad restringida), más de 3 millones de niños y niñas en edad escolar y 300.000 docentes y no docentes, sumado a los acompañantes, que se movilizan (dependiendo del porcentaje de presencialidad), diariamente".
Ante este contexto, el área de Salud insistió en que "es fundamental la implementación de medidas sanitarias destinadas disminuir la velocidad de aumento de casos" y replicó que "esto es necesario para poder tener realmente una presencialidad cuidada".
"NO alcanza con las medidas individuales en instituciones educativas, sino que es necesario implementar medidas colectivas para impactar en la transmisión comunitaria. Se debe considerar que, a mayor transmisión del virus, más cantidad de casos y eso implica más cantidad de personas con enfermedad grave y fallecimientos", argumentó. A eso, la cartera nacional advirtió que "adicionalmente la velocidad de aumento puede saturar el sistema de salud (como está comenzando a ocurrir), en todos los niveles, lo que implicaría un aumento mayor en la morbimortalidad asociada no solo a este grupo etario, sino también en todos los grupos poblacionales".
Este domingo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, en contra del DNU del Gobierno nacional.