El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resolvió hoy sostener las clases presenciales para los niveles iniciales y primaria y alternar con la virtualidad en la secundaria, y agregó nuevas medidas para los comercios.
Tras el anuncio de las nuevas medidas por parte del presidente Alberto Fernández y la decisión de mantener la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el Gobierno porteño defendió su continuidad pero decidió que los estudiantes del nivel secundario alternen entre clases virtuales y presenciales, organizado por cada escuela.
Además, dispuso el cierre de shoppings y que la atención en bares y restaurantes sea hasta las 19, y únicamente afuera, una medida que también regirá para el resto de los comercios.
Por otra parte, las actividades profesionales se restringirán de manera presencial y deberán realizar teletrabajo, mientras que no estarán permitidas las actividades del sector de la construcción, excepto las obras de menos de 2.500 m2.
La Corte demora su fallo
La Corte Suprema de Justicia demora su decisión frente a la disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, a la espera del nuevo decreto que ratificó su suspensión y de una eventual segunda presentación por parte del Gobierno porteño. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que originó el conflicto vence este viernes y se preveía que la Corte se expresara sobre el tema, pero todavía no hay certezas al respecto.
Luego de ratificada por Nación la medida de mantener la virtualidad y que Ciudad insista en la presencialidad (salvo el sistema mixto en secundaria) se espera que la Corte defina. Una vez que estén los votos se deberá convocar a la reunión -que puede ser con modalidad remota- y definir mayorías, pero que es "poco probable" que se expida en lo inmediato. Al tener que referirse a un DNU previo que ya está casi vencido y en medio de la publicación de uno nuevo, la cuestión sobre la que debe resolver la Corte corre el riesgo de quedar en abstracto.
El pasado jueves, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen no vinculante solicitado por el máximo tribunal en el que consideró inconstitucional el DNU 241 que suspendió las clases presenciales.
En el dictamen, el procurador general, Eduardo Casal, evaluó que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".
El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 "a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica ".
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